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“Hacia una regulación del cannabis”

Cuestiones jurídicas y practicas sobre los clubes sociales de cannabis

El día 3 de junio, se celebrará en la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, una jornada de formación dirigida a juristas y una ponencia pública Organizado por CERCA (Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía) y la plataforma Regulación Responsable, está dirigida por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

El objetivo de la jornada es el ofrecer formación a juristas en activo sobre diferentes aspectos relacionados con la legislación y la política relacionada con los CLUBES SOCIALES DE CANNABIS, tanto en Andalucía como a nivel estatal, así como la configuración y gestión de esta actividad.

La metodología del taller será PARTICIPATIVA, adaptándose a las necesidades de las personas asistentes en función de las demandas que vayan surgiendo durante las discusiones. Al finalizar la sesión, se organizará un DEBATE entre las personas asistentes con objeto de analizar el contexto jurídico que se abre ante las sentencias del Tribunal Supremo y las posibilidades de reformulación del modelo de club social de cannabis en la situación actual.

La jornada contará con las ponencias de distintas personalidades relacionadas con la materia:

Constanza Sánchez, doctora en Relaciones Internacionales de la fundación ICEERS

Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Xavier Arana, investigador doctor del Instituto Vasco de Criminología

Antonio Martin, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Rafael Ramos, abogado especialista en cannabis

Leandro García, presidente de FACSUR

El precio del seminario (200€) incluye un paquete de documentación en papel y formato electrónico y un almuerzo de trabajo.

Para más información: regulacionandalucia.org/

 

La PONENCIA PÚBLICA se concentrará en discutir y generar conocimiento sobre aspectos jurídicos relacionados con el cannabis, dirigidos a crear consenso y aportar argumentos científicos que avalen una REGULACIÓN INTEGRAL del cannabis.

Se pretende desarrollar una mesa temática para discutir los avances en la jurisprudencia sobre cannabis y poder ofrecer herramientas conceptuales que permitan afinar la regulación integral del cannabis.

 

 

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A contracorriente

El debate en torno a la legalización y la legislación del cannabis ha seguido coleando desde que la sustancia se prohibiera por primera vez. Pese a ello, y observando las corrientes aparecidas en diversos países, sobre todo del continente americano, parece que esta dinámica se acerca más o menos rápido a su final. El apoyo de políticos e instituciones  a unas políticas de drogas basadas en un enfoque prohibicionista punitivo se está diluyendo en favor de una reforma pragmática de las mismas. Este nuevo enfoque está alcanzando un punto crítico en la corriente política y la opinión pública en muchos países. Mientras tanto España, un país que llevaba andando este camino converso pasito a paso en los últimos 30 años, se ha dado la vuelta y parece que quiere nadar a contracorriente.

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Hace casi un siglo, el cannabis, junto con otras sustancias, se identificaba como un mal, una temible amenaza a combatir en una guerra ganable que erradicaría completamente el uso no médico de estas sustancias. La experiencia de la encarnizada cruzada llevada a cabo contra ellas durante los últimos 50 años ha dejado en evidencia que las políticas prohibicionistas no han logrado sus objetivos y que además están generando una serie de problemas colaterales desastrosos. Estos daños, quizás sean menos visibles en países como España, pero en muchos otros son una de las causas de innumerables problemas sociales tales como la sobreencarcelación, la corrupción, la marginalidad, la violencia o la desestructuración familiar. Muchos de los riesgos y perjuicios actuales asociados por ejemplo al cannabis y al mercado del mismo se deben directa o indirectamente a la prohibición. Dejando de lado los perjuicios asociados a la criminalización masiva de los consumidores de cannabis, la falta de una regulación del mercado bajo el modelo prohibicionista maximiza los daños asociados al consumo de cannabis y, por defecto, cede el control del mercado a empresarios criminales. De hecho, el análisis que la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) realiza sobre estas políticas demuestra que es el mismo sistema de control para las drogas el que ha creado la muy lucrativa oportunidad que permite a los grupos criminales organizados transnacionales competir por el poder con los estados de todo el mundo. Parece pues evidente, que hoy en día hay más problemas generados por las políticas de drogas que por las propias sustancias.

Una de las consecuencias más evidentes de estas políticas es que los estados, después de tantos años inmersos en esta dinámica, se han obcecado en combatir esos daños colaterales olvidando la raíz del problema. La acción pasó de tener que combatir las propias sustancias a tener que luchar contra ellas y contra aquellos que las suministran convirtiendo esto último a menudo en un fin en sí mismo. Este cambio creó una retórica ampliamente autorreferente y auto justificadora que ha dificultado en todo este tiempo una evaluación, una crítica y un debate significativos, a la vez que ha hecho posicionar a aquellos que defienden el cambio como “pro-drogas”. Esto ha provocado un ambiente político de alto nivel que ha ignorado constantemente el pensamiento científico crítico, así como las normas legislativas sanitarias y sociales y que ha basado toda su fuerza en cuestiones meramente morales e ideológicas.
Por lo tanto, partimos de la premisa de que la prohibición no sólo ha fracasado, sino que dicho fracaso se está convirtiendo rápidamente en una opinión consensuada. En consecuencia, el debate ha superado el punto de discusión referente a si la prohibición es buena idea, y a si puede ser afinada y modificada para que funcione. La realidad es que la política y la legislación en cuanto al cannabis está siendo activamente reconsiderada entre el gran público, los medios y en debates políticos en la mayor parte del mundo y, en muchos lugares, ya hay verdaderas reformas en marcha. Casi de forma universal, estas reformas se están alejando de los modelos de imposición de la guerra antidrogas, y se están acercando hacia enfoques menos punitivos para con los consumidores, con un mayor énfasis sobre las intervenciones en la salud pública y en los derechos humanos, y sobre la ahora profunda exploración de la regulación legal de la producción y la oferta de cannabis.

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En el momento actual, cerca de 25 estados de los Estados Unidos han despenalizado la posesión de cannabis para uso personal. Una cantidad similar de estados tienen provisiones médicas legales de cannabis, y dos de ellas, Washington y Colorado, han aprobado en las urnas la legalización y la regulación de la producción y el suministro de cannabis no médico (son las primeras jurisdicciones en hacerlo). En 2013, el gobierno de Uruguay introdujo nueva legislación para establecer un mercado de cannabis controlado por el gobierno (junto con provisiones para el cultivo doméstico y los clubes sociales de cannabis), la primera reforma nacional de este calibre en el mundo. Reforma que actualmente se está debatiendo en países como México, Colombia, Costa Rica, o Jamaica.
Mientras, en España en estos últimos años, se está dando la corriente contraria. Si bien nuestro país, y las instituciones que marcan las directrices en políticas de drogas tales como el Plan Nacional de Drogas, siempre han comulgado con los enunciados prohibicionistas internacionales anteriormente expuestos, no es menos cierto que en los últimos 30 años se respiraba un leve ambiente progresista en este aspecto. Iniciativas como las salas de consumo higiénico de heroína aparecieron en los 90 en nuestro país como un avance claro en lo que hacía referencia a la reducción de daños. Estas iniciativas mostraban una nueva visión de la salud pública en torno a las drogodependecias que parecía que empezaban a entender lo utópico de la posibilidad de terminar con los consumos, y comenzaban a valorar alternativas que trabajan con los propios usuarios. Muchos podrán decir que estos avances vinieron sobre todo por el esfuerzo de ciertas Comunidades Autónomas tales como Catalunya, Euskadi o la Comunidad de Madrid, después de la gran epidemia de la heroína de los 80 y 90, pero, aún así, podíamos presumir de políticas avanzadas a su tiempo. En este mismo contexto se enmarca la aparición del modelo de Clubes Sociales de Cannabis, como una alternativa clara a las redes ilícitas de abastecimiento que parte de la propia autoorganización de los usuarios, un planteamiento terriblemente novedoso y eficaz a la hora de reducir daños y riesgos asociados al consumo. Así, y después de más de una década de exitosa existencia, los mecanismos institucionales de España han puesto toda su maquinaria en marcha para reprimirlos, dando la espalda a cualquier negociación para ofrecer la más mínima cobertura legal a su existencia. La retórica utilizada para ello vuelve a ser el ineficaz y obsoleto planteamiento moral prohibicionista que se tapa los ojos y los oídos ante una realidad que no tardará en volver a sobrepasarles. La realidad de un país con más de tres millones de usuarios de cannabis que está preparada para organizar, desde la madurez y la responsabilidad, una alternativa eficaz a esas políticas. Es hora de aplicar los conceptos de la inteligencia social a nuestra relación con las drogas. Es hora de encauzar una regulación responsable que sea ejemplo para muchos más países que sufren problemas que nosotros generamos.

Es hora de nadar a favor de corriente.

Por Joseba del Valle

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Los CSC se presentan en la Comisión de Estupefacientes de Viena

Una delegación de la plataforma Regulación Responsable participó en varios eventos paralelos en Viena, y dieron a conocer el modelo de Clubes Sociales de Cannabis

Entre el 9 y 17 de marzo ha tenido lugar en Viena la 59º reunión anual de la Comisión de Estupefacientes (CND), el principal organismo encargado de la formulación de políticas del sistema de fiscalización de estupefacientes de la ONU. Esta Comisión, está compuesta por 53 estados miembros, que son elegidos por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) para asegurar una representación geográficamente equitativa, aunque muchos más países asisten como “observadores”. La CND se reúne en Viena durante una semana todos los meses de marzo, durante unos pocos días cada diciembre, y para reuniones especiales cuando se requiere. En este organismo, los estados miembros debaten la situación mundial de las drogas, y adoptan resoluciones sobre temas relacionados con las mismas. Así mismo este órgano es el que toma las decisiones finales sobre las propuestas hechas por la Organización Mundial de la Salud para clasificar, desclasificar o reclasificar una sustancia. La Comisión también aprueba el presupuesto y el plan de trabajo de la ONUDD, en la que se apoya para el trabajo administrativo y técnico.  Por todo esto, parece obvio que esta edición se presentaba como una de las más relevantes al tratarse de la cita previa a la UNGASS que tendrá lugar en Nueva York entre el 17 y el 21 de abril de este mismo año.

Desde hace unos años, la voz de la sociedad civil también es escuchada en esta comisión, a la que asisten diversas ONGs que pretenden incidir y participar en la toma de decisiones y en las nuevas perspectivas de cambio que se van tomando. En este sentido, la Plataforma Regulación Responsable tuvo presencia en este evento de la mano de cuatro representantes, los cuales tuvieron la oportunidad de participar en diversos eventos paralelos dentro de Naciones Unidas. Esta delegación, formada por Joseba del Valle (Fundación Renovatio), Constanza Sánchez (Fundación ICEERS) y Ramón Morcillo (RCN), junto con el apoyo de Araceli Manjón, Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, tuvieron la oportunidad de exponer el modelo de los Clubes Sociales de Cannabis como una alternativa válida y testada a las actuales políticas relacionadas con el cannabis. En un primer evento paralelo esta delegación pudo repasar los diferentes beneficios a nivel social y de salud pública que ofrece el modelo CSC haciendo un repaso a los problemas y a las ventajas que han surgido de este modelo en la experiencia de estos últimos 15 años en España.  A dicho evento acudieron cerca de 70 delegados de diferentes países, de la UE y de la propia ONU, e incluso de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), convirtiéndose en uno de los eventos con mayor repercusión.

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Tradicionalmente, los delegados de los estados miembro ante la CND han procedido, de manera abrumadora, de los gabinetes de asuntos exteriores y justicia penal. Esto tiende a reforzar la primacía de los enfoques de aplicación de la ley sobre un tema que tiene implicaciones sociales, de salud y de derechos humanos mucho más amplias. En este sentido, los representantes de oficiales del Gobierno de España fueron el Delegado del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), Francisco de Asís Babín Vich, y al Fiscal Jefe de la Fiscalía Antidroga, José Ramón Noreña Salto. Como cabía esperar, la representación española siguió manteniendo su postura más conservadora en este ámbito, aunque mostró cierto aperturismo con la aceptación de los fines terapéuticos del cannabis, aunque siempre que estos vengan de la mano de grandes farmacéuticas. Los citados representantes no pudieron asistir al evento sobre CSC ni aceptaron reunirse de nuevo con el equipo de Regulación Responsable, pues, según sus propias palabras, no tienen nada nuevo que decirnos y tampoco quieren escuchar nada de lo que tenemos para proponer.

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Una vez concluido el evento podemos asegurar que las cosas se mantendrán básicamente igual y que, si bien se ve un cambio de pensamiento en diversos países, el grueso de ellos sigue en la misma línea prohibicionista. El documento final de la declaración que salga de aquí no se hará definitivo hasta el mes que viene, pero no promete muchos cambios. Quizás el más significativo sea que se aprecia un cambio de tendencia en el enfoque en materia de drogas, pasando de combatir el ‘uso’ a combatir el ‘abuso’, un mero cambio conceptual que sirve de eufemismo para obviar términos como reducción de daños.

Sería deseable que Nueva York abra una puerta a que los países puedan llevar a cabo políticas más humanas, enfocadas desde la prevención de riesgos y reducción de daños y situando al ser humano como eje de las políticas de drogas. Este nuevo enfoque sigue siendo laxo y poco definido, pero es de lo poco a lo que podemos agarrarnos. La propia Araceli Manjón, quien estuvo como representante del Gobierno de España y del PNSD en Viena en 1994 lo señalaba a la conclusión:

“Básicamente he escuchado los mismos discursos que hace 22 años, no avanzamos…increíble”.

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Te esperamos el día 6 de abril en Madrid

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 Presentación de la campaña cuyo lema es ‘Regulación cannabis 2017’ el próximo día 6 de Abril a las 11 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El próximo miércoles 6 de abril a las 11en el Círculo de Bellas Artes presentamos la campaña de Regulación Responsable para este 2016. La nueva campaña ha dado el pistoletazo de salida con un spot y la nueva web con contenidos de fácil consumo para conseguir la mayor difusión posible. El lema “Ganamos todas y todos” resume bien el ideal de la campaña, conseguir una regulación con la que todos los usuarias y usuarios de cannabis y las personas no usuarias se puedan beneficiar de una regulación responsable e integral del cannabis. a los que no seguís y  retwittean o compartís nuestras informaciones en redes sociales por ayudarnos en la difusión de que la regulación del cannabis es mejor que la prohibición. Podéis encontrar los materiales de campaña AQUÍ

 

Ya está en marcha la campaña de Regulación Responsable 2016, en la que están organizados actos como los diálogos informales o la Marcha Mundial de la Marihuana 2016, buscando  estar presente en todos los eventos cannábicos del año. Es la hora de que todos y todas unidos por un objetivo común, pongamos las herramientas necesarias para hacer que el mensaje tenga un gran alcance y que logremos instalar el debate la sociedad. De momento hemos podido reunirnos con una veintena de entidades entre partidos políticos, Plan Nacional Sobre Drogas y otras entidades de gestión de riesgos como la FAD o Fundación Atenea, además de participar en el side event sobre CSC de la sesión preparatoria para UNGASS celebrada en Viena.

 

Por último, convocaros de nuevo al próximo evento del día 6 de Abril en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, donde presentaremos el vídeo de la campaña y el diálogo informal de alto nivel y las audiencias abiertas organizadas con la Universidad Complutense de Madrid para los días 5-6 de Mayo y la MMMM’16 del 7 de Mayo, la más multitudinaria en los últimos años.

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Manifiesto de apoyo a la Asociación Pannagh.

Tras la sentencia nº 788/2015 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por la que se condena a cuatro miembros de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh a penas de prisión y cuantiosas multas por un supuesto delito contra la salud pública, las personas y entidades firmantes queremos manifestar:

• Tal y como quedó acreditado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, y como se recoge en la sentencia absolutoria dictada por la misma, Pannagh es una entidad “legalmente constituida”, cuyos miembros son personas “mayores de edad”, “debidamente identificadas”, y todas ellas “eran consumidoras de cannabis”.

En aplicación de sus estatutos y para lograr el “acceso a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso”, “se estableció y se aceptó por los socios la actividad de cultivo para consumo privado”, que incluía “medidas de control para evitar la difusión de la sustancia producida a terceras personas”, difusión que no se ha acreditado que sucediera nunca. Los socios pagaban una “cuota proporcional destinada a cubrir los gastos propios de la asociación y del cultivo”, sin que exista indicio alguno de desvío del dinero a otros fines, de enriquecimiento, ni de que Pannagh pudiera haber servido de “cobertura formal” para la venta de cannabis a terceros. También se ha probado que el cannabis incautado estaba destinado exclusivamente al consumo de los miembros de la propia asociación.

• Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo altera el relato de los hechos probados para concluir la existencia de delito. El principal argumento es que, aunque el cannabis producido por Pannagh nunca fuera entregado a personas no socias, existe un riesgo potencial de difusión de la sustancia a personas ajenas a la asociación por parte de los socios. Es decir, los cuatro miembros de Pannagh son condenados a prisión por actos que, de haber sucedido –lo cual no está acreditado-, habrían sido cometidos por otras personas sin su conocimiento ni autorización, lo cual es claramente injusto. Además, al presidente y a la secretaria se les imponen multas de 250.000 euros, una cantidad desproporcionada teniendo en cuenta que se considera probado que no intentaron enriquecerse.

• La Sala 2ª del Tribunal Supremo aprecia la existencia de un “error vencible de prohibición”, es decir, reduce las penas en un grado al considerar que los condenados podían tener motivos para creer que sus acciones no constituían delito, pero a la vez se niega a absolverles afirmando que no hicieron lo suficiente para salir de su error. La sentencia afirma que “tenían la carga de verificar la licitud de la actividad que se proponían desplegar, de tomar conocimiento sobre si la conducta se hallaba en consonancia con el orden jurídico” y que se comportaron con imprudencia al actuar “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada”. La Sala considera que los acusados “no hicieron nada por superar ese error”, “huyeron de mecanismos que habrían logrado disipar dudas”, “se cuidan de ocultar la producción de cannabis y su distribución entre los socios”, y añade que “muchos datos inclinan a pensar en una actitud muy próxima a la relativa indiferencia”.

Sin embargo, lo cierto es que las actividades de la asociación Pannagh han sido objeto de reiteradas resoluciones judiciales que han afirmado su licitud penal, destacando el Auto nº 218/2006 de la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Auto nº 377/2012 de la de Álava, habiendo sido en ambos casos devuelto a Pannagh el cannabis incautado. Esas resoluciones han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación y son, por tanto, del público conocimiento, igual que las propias actividades de Pannagh, que han sido sido claramente toleradas durante años por distintas instituciones públicas. No cabe, por tanto, hablar de “infundada esperanza”, sino más bien de una convicción bien fundamentada, compartida incluso por distintos tribunales de justicia.

También es conocido que entre las actividades llevadas a cabo por Pannagh se encuentran iniciativas de solicitud de amparo promovidas ante diversas instituciones, como el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) o el Parlamento Vasco, a causa de la inseguridad jurídica en la que se encuentran este tipo de entidades. Estas iniciativas, desarrolladas junto con otras asociaciones, dieron lugar a la organización de un Foro por parte del Ararteko en 2011, y a la creación de una ponencia en el Parlamento Vasco en 2012. Difícilmente se puede hablar de “indiferencia”, o de que los acusados y el resto de Pannagh no hicieran nada por salir de su error.

Además, tampoco es creíble que se intentaran ocultar las actividades de cultivo de Pannagh cuando su presidente, Martín Barriuso, ha dado a conocer el modelo de funcionamiento de su asociación y de los llamados Clubes Sociales de Cannabis en muy diversos foros, instituciones y medios de comunicación de diversos países, habiendo sido invitado para ello, entre otras instituciones, por la Comisión Mixta de Drogas de las Cortes españolas, la Presidencia de la República del Uruguay, la Asamblea de la República de Portugal, y la Comisión Europea.

Por todo ello, las personas y entidades firmantes reclamamos públicamente que se remedie lo antes posible la injusticia cometida con esta sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Enero de 2016

Firma el manifiesto de apoyo