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A contracorriente

El debate en torno a la legalización y la legislación del cannabis ha seguido coleando desde que la sustancia se prohibiera por primera vez. Pese a ello, y observando las corrientes aparecidas en diversos países, sobre todo del continente americano, parece que esta dinámica se acerca más o menos rápido a su final. El apoyo de políticos e instituciones  a unas políticas de drogas basadas en un enfoque prohibicionista punitivo se está diluyendo en favor de una reforma pragmática de las mismas. Este nuevo enfoque está alcanzando un punto crítico en la corriente política y la opinión pública en muchos países. Mientras tanto España, un país que llevaba andando este camino converso pasito a paso en los últimos 30 años, se ha dado la vuelta y parece que quiere nadar a contracorriente.

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Hace casi un siglo, el cannabis, junto con otras sustancias, se identificaba como un mal, una temible amenaza a combatir en una guerra ganable que erradicaría completamente el uso no médico de estas sustancias. La experiencia de la encarnizada cruzada llevada a cabo contra ellas durante los últimos 50 años ha dejado en evidencia que las políticas prohibicionistas no han logrado sus objetivos y que además están generando una serie de problemas colaterales desastrosos. Estos daños, quizás sean menos visibles en países como España, pero en muchos otros son una de las causas de innumerables problemas sociales tales como la sobreencarcelación, la corrupción, la marginalidad, la violencia o la desestructuración familiar. Muchos de los riesgos y perjuicios actuales asociados por ejemplo al cannabis y al mercado del mismo se deben directa o indirectamente a la prohibición. Dejando de lado los perjuicios asociados a la criminalización masiva de los consumidores de cannabis, la falta de una regulación del mercado bajo el modelo prohibicionista maximiza los daños asociados al consumo de cannabis y, por defecto, cede el control del mercado a empresarios criminales. De hecho, el análisis que la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) realiza sobre estas políticas demuestra que es el mismo sistema de control para las drogas el que ha creado la muy lucrativa oportunidad que permite a los grupos criminales organizados transnacionales competir por el poder con los estados de todo el mundo. Parece pues evidente, que hoy en día hay más problemas generados por las políticas de drogas que por las propias sustancias.

Una de las consecuencias más evidentes de estas políticas es que los estados, después de tantos años inmersos en esta dinámica, se han obcecado en combatir esos daños colaterales olvidando la raíz del problema. La acción pasó de tener que combatir las propias sustancias a tener que luchar contra ellas y contra aquellos que las suministran convirtiendo esto último a menudo en un fin en sí mismo. Este cambio creó una retórica ampliamente autorreferente y auto justificadora que ha dificultado en todo este tiempo una evaluación, una crítica y un debate significativos, a la vez que ha hecho posicionar a aquellos que defienden el cambio como “pro-drogas”. Esto ha provocado un ambiente político de alto nivel que ha ignorado constantemente el pensamiento científico crítico, así como las normas legislativas sanitarias y sociales y que ha basado toda su fuerza en cuestiones meramente morales e ideológicas.
Por lo tanto, partimos de la premisa de que la prohibición no sólo ha fracasado, sino que dicho fracaso se está convirtiendo rápidamente en una opinión consensuada. En consecuencia, el debate ha superado el punto de discusión referente a si la prohibición es buena idea, y a si puede ser afinada y modificada para que funcione. La realidad es que la política y la legislación en cuanto al cannabis está siendo activamente reconsiderada entre el gran público, los medios y en debates políticos en la mayor parte del mundo y, en muchos lugares, ya hay verdaderas reformas en marcha. Casi de forma universal, estas reformas se están alejando de los modelos de imposición de la guerra antidrogas, y se están acercando hacia enfoques menos punitivos para con los consumidores, con un mayor énfasis sobre las intervenciones en la salud pública y en los derechos humanos, y sobre la ahora profunda exploración de la regulación legal de la producción y la oferta de cannabis.

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En el momento actual, cerca de 25 estados de los Estados Unidos han despenalizado la posesión de cannabis para uso personal. Una cantidad similar de estados tienen provisiones médicas legales de cannabis, y dos de ellas, Washington y Colorado, han aprobado en las urnas la legalización y la regulación de la producción y el suministro de cannabis no médico (son las primeras jurisdicciones en hacerlo). En 2013, el gobierno de Uruguay introdujo nueva legislación para establecer un mercado de cannabis controlado por el gobierno (junto con provisiones para el cultivo doméstico y los clubes sociales de cannabis), la primera reforma nacional de este calibre en el mundo. Reforma que actualmente se está debatiendo en países como México, Colombia, Costa Rica, o Jamaica.
Mientras, en España en estos últimos años, se está dando la corriente contraria. Si bien nuestro país, y las instituciones que marcan las directrices en políticas de drogas tales como el Plan Nacional de Drogas, siempre han comulgado con los enunciados prohibicionistas internacionales anteriormente expuestos, no es menos cierto que en los últimos 30 años se respiraba un leve ambiente progresista en este aspecto. Iniciativas como las salas de consumo higiénico de heroína aparecieron en los 90 en nuestro país como un avance claro en lo que hacía referencia a la reducción de daños. Estas iniciativas mostraban una nueva visión de la salud pública en torno a las drogodependecias que parecía que empezaban a entender lo utópico de la posibilidad de terminar con los consumos, y comenzaban a valorar alternativas que trabajan con los propios usuarios. Muchos podrán decir que estos avances vinieron sobre todo por el esfuerzo de ciertas Comunidades Autónomas tales como Catalunya, Euskadi o la Comunidad de Madrid, después de la gran epidemia de la heroína de los 80 y 90, pero, aún así, podíamos presumir de políticas avanzadas a su tiempo. En este mismo contexto se enmarca la aparición del modelo de Clubes Sociales de Cannabis, como una alternativa clara a las redes ilícitas de abastecimiento que parte de la propia autoorganización de los usuarios, un planteamiento terriblemente novedoso y eficaz a la hora de reducir daños y riesgos asociados al consumo. Así, y después de más de una década de exitosa existencia, los mecanismos institucionales de España han puesto toda su maquinaria en marcha para reprimirlos, dando la espalda a cualquier negociación para ofrecer la más mínima cobertura legal a su existencia. La retórica utilizada para ello vuelve a ser el ineficaz y obsoleto planteamiento moral prohibicionista que se tapa los ojos y los oídos ante una realidad que no tardará en volver a sobrepasarles. La realidad de un país con más de tres millones de usuarios de cannabis que está preparada para organizar, desde la madurez y la responsabilidad, una alternativa eficaz a esas políticas. Es hora de aplicar los conceptos de la inteligencia social a nuestra relación con las drogas. Es hora de encauzar una regulación responsable que sea ejemplo para muchos más países que sufren problemas que nosotros generamos.

Es hora de nadar a favor de corriente.

Por Joseba del Valle

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El Constitucional mantiene en suspenso la ley navarra que regula los clubes de cannabis

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar de la ley foral reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, hasta que dicte la sentencia que resuelva el recurso formulado el pasado mes de marzo por el Gobierno central contra dicha norma.

En un comunicado, el TC ha explicado que para decidir sobre el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión cautelar de una norma recurrida, el Tribunal “parte del principio de presunción de legitimidad de todas las leyes aprobadas por un Parlamento”.

A partir de ahí, “sopesa, de un lado, el riesgo de perjuicio a los intereses en juego, tanto públicos como privados; y, de otro, si esos eventuales perjuicios son de imposible o difícil reparación“.

Dicho análisis se realiza, en cualquier caso, “sin entrar en valoraciones de fondo sobre la constitucionalidad de la norma, que el Tribunal sólo puede realizar en la sentencia que resuelva el recurso”.

En este caso, el Abogado del Estado alega que el levantamiento de la suspensión cautelar podría causar un “perjuicio” a la salud pública en la medida en que “permite la realización de conductas tipificadas como ilícitos penales o administrativos en la legislación estatal”.

Y se refiere en concreto al artículo 368 del Código Penal, que sanciona a quienes “ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”.

El letrado del Parlamento de Navarra, por su parte, señala que la ley regula “la constitución, organización y funcionamiento de clubes cuya finalidad es que el consumo de la sustancia se lleve a cabo en lugares cerrados, en pequeñas cantidades y solo por personas que ya son consumidoras”.

JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO

Para efectuar su análisis, el Pleno del TC tiene en cuenta que, “si bien las asociaciones de consumidores de cannabis han surgido al amparo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una reciente sentencia de su Sala Segunda ha condenado a varios miembros de uno de estos clubes”.

Dicha sentencia precisa que el consumo compartido de droga puede llegar a ser delictivo si no se circunscribe a un “grupo reducido de adictos o drogodependientes” y si éstos no son “identificables y determinados”.

El Supremo advierte, en este sentido, de que la “filosofía que inspira la doctrina sobre atipicidad del consumo compartido no es extrapolable” a todos los casos.

PODRÍAN GENERARSE SITUACIONES DE “INSEGURIDAD JURÍDICA”

Visto lo anterior, el Tribunal Constitucional entiende que debe mantenerse la suspensión cautelar. “Con la cautela propia de este incidente”, el auto señala que la regulación de los clubes de consumidores de cannabis contenida en la norma recurrida no excluye la posibilidad de que “a su amparo” se realicen “conductas que podrían ser subsumibles en el tipo penal contemplado en el art. 368 CP”.

Y, en consecuencia, señala el Pleno del Tribunal Constitucional, “podrían generarse situaciones de inseguridad jurídica para los usuarios de dichas asociaciones”.

El auto explica que la ley navarra no prevé “limitación alguna en cuanto al número de personas que puedan integrar esos clubes, al exigirse sólo la condición de consumidor”; tampoco se asegura “que la decisión de consumir droga se haya tomado y ejecutado con anterioridad a la integración en la asociación”; y se permite a los miembros de la asociación retirar una determinada cantidad de droga por persona y día para consumo privado fuera del club, “pero sin garantía de que las cantidades retiradas por esta vía terminen siendo accesibles a terceras personas que las adquieran y circulen para su consumo ilegal”.

Todas esas circunstancias, conforme a la citada sentencia del Tribunal Supremo, “podrían llevar a que, en determinados supuestos, el consumo compartido en asociaciones de cannabis se considere delito”, sostiene el Tribunal Constitucional.

En definitiva., concluye el TC, “la regulación de los clubes de consumidores de cannabis contenida en la ley navarra ampara conductas que no permiten descartar la posibilidad de que resulten penalmente relevantes y subsumibles en la previsión típica del art. 368 CP como delito contra la salud pública”.

 

Noticia: Navarra.com