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REGULACIÓN 2017; DE LA UNILATERALIDAD A LA MULTILATERALIDAD.

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La Plataforma Regulación Responsable por medio de este comunicado, realiza un análisis de las diferentes iniciativas legislativas  en materia de cannabis presentadas por los diferentes partidos del Congreso. Además anima, tanto al legislativo como al movimiento social del cannabis, a reflexionar sobre la oportunidad única de actualización y revisión  de las políticas sobre el cannabis, y la co-responsabilidad que conlleva de cara a garantizar un futuro modelo actualizado, eficaz y eficiente, acorde a la evidencia científica, la salud y los derechos humanos.

El pasado 31 de marzo, el PSOE solicitó vía PNL, la creación de una ponencia de estudio sobre  el cannabis en España, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

Con esta iniciativa se cerraba el ciclo del primer trimestre del año más importante para el cannabis desde la perspectiva de cambio legislativo, si bien Ciudadanos, Podemos y ERC ya habían presentado sus PNL unilateralmente, el hecho de que el PSOE se haya posicionado favorablemente al debate institucional, significa que en la futura votación en la Comisión Mixta contaremos con los votos a favor necesarios para que se apruebe este primer paso hacia el cambio legislativo.

Regulación Responsable felicita al PSOE por posicionarse a favor de debatir la regulación, a la vez que damos por conseguido uno de nuestros objetivos estratégico-tácticos para el cambio.

En este sentido, también hemos de alertar del riesgo táctico, de las posiciones a favor de diferenciar o priorizar en la regulación, el uso medicinal o el recreativo, ya que apostamos por una regulación eficaz e integral  que abarque el fenómeno del consumo del cannabis desde todas las ópticas.

Por tanto, cualquier propuesta legislativa debe abordar los 5 pilares de forma integral, sin que esto invalide la importancia de que el cannabis medicinal sea también  estudiado desde subcomisiones específicas, como la aprobada en el seno de la Comisión de Sanidad, ya que entendemos que el Gobierno y la administración de Sanidad deben estudiar los mecanismos que permitan acceder al cannabis medicinal, con los controles pertinentes por parte de la administración, garantizando los derechos de las personas usuarias.

La multilateralidad en el estudio de la nueva regulación y la participación de los expertos y la sociedad civil, deberá ser un principio de actuación compartido por todos los actores, al menos así ha ocurrido en experiencias internacionales de referencia  como Uruguay o Canadá.

Finalmente, RR insta desde el  consenso, el respeto y  la complicidad, al movimiento social y a los actores organizados, a una unidad de acción trasversal. Llegar a este punto, es el resultado de un trabajo colectivo basado en esta compleja lucha social de más de dos décadas. Consideramos que el papel de la sociedad civil es una de las claves de la nueva regulación, identificando al menos 10 actores fundamentales: La Plataforma Regulación Responsable, las Federaciones territoriales de Clubes Sociales de Cannabis y la FAC, la comunidad del autocultivo, la Red Estatal de Mujeres Anti prohibicionistas (REMA), el sector del Cáñamo Industrial, La ILP nacional de Representación Cannábica Navarra (RCN), el Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM), los expertos de todos los ámbitos y especialmente el Grupo de Políticas del Cannabis ( GEPCA), el Círculo Cannábico de Podemos, la comunidad  cannábica en redes, especialmente UCANN, y  la industria del sector ( Grow Shops,  Bancos de semillas,  revistas,  Ferias). Todos los actores son necesarios y deben ser complementarios y conscientes de la complejidad de la tarea, para poder ofrecer una imagen de unidad ante el legislativo.

Regulación Responsable ya trabaja desde principios de año, desde sus comisiones, para ser un complemento útil para la futura ponencia nacional, convencidos de que es el paso clave para avanzar en la regulación del cannabis. Aportar argumentos, ponentes, estudios  y la elaboración de materiales es una prioridad. Defender un nuevo modelo de regulación del cannabis será una ardua tarea, en la que los obstáculos serán una constante.

Finalmente destacar,  que  cada vez son más las iniciativas planteadas a nivel autonómico  que apoyan e instan al debate institucional  en profundidad, como las planteadas en Cantabria,  Baleares,  Extremadura y Canarias que se suman a Parlamentos como los de Euskadi, Navarra y Cataluña.

 En Madrid, en sede de R. R. a 19 de Abril de 2017

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Unidos Podemos presenta en el Senado la PNL de Regulación Responsable

El 22 de marzo de 2017 será recordado como el día en el que los 5 pilares de la regulación integral del cannabis, desarrollados por nuestra plataforma, llegaron por fin a las instituciones españolas. Durante esta jornada, Unidos Podemos ha presentado en el Senado la Proposición No de Ley sobre la regulación integral del cannabis en España, desarrollada por la sociedad civil a través de la plataforma Regulación Responsable.

 El objetivo primordial con el que nació la plataforma Regulación Responsable, el del cambio legislativo en España, está hoy un paso más cerca. Desde el año pasado, la estrategia de nuestra plataforma pasaba por la necesidad de conseguir suscitar un debate en forma de ponencia, en torno a la regulación, en el seno de la Comisión Mixta para el estudio del Problema de las Drogas.

 Para conseguirlo nuestro colectivo desarrolló, con la colaboración de diversos juristas y expertos en la materia, una Proposición No de Ley con la que pretendíamos conseguir el consenso entre todos los grupos políticos del arco parlamentario en torno a la necesidad de abrir esa ponencia y comenzar un debate en profundidad que pudiera ofrecer unas conclusiones claras, participadas y consensuadas sobre los pasos a dar para regular, por medio de cambios legislativos, todo lo referente al cannabis en España.

 Tras varios meses de contactos, reuniones y negociaciones, el texto presentado por Regulación Responsable consiguió suscitar el apoyo de grupos tales como Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV o ERC, mientras que el PSOE aún no se ha posicionado al respecto.

 Pese a ello, el grupo Unidos Podemos ha considerado que ya es el momento de impulsar esta proposición en el Senado y ha presentado la citada PNL.

 Pese a que para nuestro colectivo, lo ideal hubiera sido poder presentar el texto de forma conjunta con las demás fuerzas políticas, sigue siendo una gran noticia que Unidos Podemos haya decidido dar este paso, que a buen seguro será apoyado por la mayoría de los grupos políticos.

 A partir de ahora, se abre un proceso clave para la reforma legislativa del cannabis en España. Nuestra plataforma acompañará todo este camino aportando herramientas tales como estudios, investigaciones, preguntas o proponiendo diferentes ponentes con el objetivo de fortalecer las conclusiones de dicha ponencia. Con la participación de todas esperamos que todo este proceso  desemboque en un cambio legislativo basado en la defensa de los derechos humanos y la perspectiva de la salud pública, que permita abordar los problemas asociados al consumo de esta sustancia sin criminalizar ni estigmatizar al colectivo de las personas usuarias de cannabis en un estado democrático de derecho.

 *consultar texto completo de la Proposición No de Ley en: http://www.regulacionresponsable.es/texto-integro-…unidos-podemos/

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TEXTO ÍNTEGRO PROPOSICIÓN NO DE LEY DE REGULACIÓN RESPONSABLE IMPULSADA POR UNIDOS PODEMOS

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Confederal UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, con el objetivo de iniciar el debate sobre la regulación y control del cannabis en una Ponencia de Estudio constituida al efecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Exposición de motivos

El marco internacional de fiscalización de drogas que nos vincula (Convención Única de 1961, sobre Estupefacientes, Convenio de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas y Convención de 1988, contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas) ha sido objeto de una reinterpretación en la reciente Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema de las Drogas en el Mundo, (UNGASS, por sus siglas en inglés), celebrada en Nueva York en abril de 2016. Así se deduce del Documento de resultados aprobado bajo el título “Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas” que plantea la admisión de interpretaciones flexibles de los Tratados y de soluciones nacionales distintas para hacer frente al problema de las drogas. Especial atención debe prestarse al Documento citado cuando afirma que los tres Tratados:

ofrecen a los Estados partes suficiente flexibilidad para formular y aplicar políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades

Prueba de este nuevo enfoque, alejado del antiguo “consenso de Viena”, es que en la UNGASS no ha habido condena para los Estados que, globalmente –Uruguay- o en alguno de sus territorios –Alaska, Oregón, Washington y Colorado-, regulan el ciclo completo del cannabis recreativo, desde la producción, hasta el consumo, pasando por la dispensación en farmacias, establecimientos comerciales, asociaciones de consumidores o a través del autocultivo. Como es sabido, el 8 de noviembre de este año, coincidiendo con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América, otros cuatro Estados -California, Massachusetts, Maine y Nevada- han aprobado en referéndum la regulación del ciclo completo de la sustancia. Por otro lado, no puede olvidarse que en más de treinta Estados está regulado el cannabis medicinal y que en otros países  (Chile, Colombia,  Puerto Rico, Alemania) también es legal el acceso por razones medicinales.

Además, Canadá regulará el acceso al cannabis recreativo en 2017, limitándolo en los casos que requieren protección frente a la sustancia –menores- y evitando que los beneficios de su tráfico vayan a los narcotraficantes.

La situación en España hoy es compleja y produce inseguridad jurídica. Años atrás se había encontrado una respuesta para el cannabis que evitaba el mercado negro, garantizando un cierto control en el acceso y en la calidad de la sustancia. El consumo nunca fue delito y determinadas formas de abastecimiento y consumo colectivos eran toleradas por la Jurisprudencia menor que, con carácter general, extendía la construcción del “consumo compartido” no delictivo a las actividades que se desarrollaban en los Clubes Sociales Cannábicos. Las asociaciones de usuarios han funcionado durante 15 años, sin una normativa administrativa específica, mediante sistemas de  auto-regulación que no han  planteado, hasta hace unos meses, grandes fricciones con la ley. Aunque hubo intervenciones policiales y se abrieron causas penales, en la mayoría de los casos, no se siguieron condenas por delito de tráfico de drogas. Pero esta situación no ha garantizado la seguridad jurídica; además se han dado casos de desviaciones hacia prácticas comerciales que, en ninguna de las interpretaciones posibles, pueden conciliarse con la ley.

Hace tres años la estrategia de la Fiscalía General del Estado se modificó con la Instrucción 2/2013. Con ella se ordenaba a todos los fiscales acusar en el caso de las Asociaciones de producción y consumo de cannabis por delito de tráfico de drogas y por delito de asociación ilícita o de integración en grupo organizado. Esto suponía una petición de pena mayor a la del solo delito de tráfico de drogas y, con ello, la posibilidad de llegar al Tribunal Supremo.

Recientes distintas Sentencias del Tribunal Supremo han condenado a dirigentes o socios de Clubes por delito de tráfico de drogas. Han establecido que,  con carácter general,  las actividades de producción y distribución de cannabis que se realizan en estas asociaciones son delictivas. Se admiten que algunas  asociaciones podrían no incurrir en  delito, pero no se especifica cuáles son los criterios para que puedan actuar conforme a la ley. Y no se hace porque para el Alto Tribunal la única solución para dar una respuesta no criminalizadora a estas asociaciones es una modificación de la legalidad que permita su actuación conforme a derecho. Es decir, se sitúa la solución en el ámbito parlamentario. En este sentido puede leerse en la Sentencia del Tribunal Supremo 484/2015, de 7 de septiembre, que se reconoce la existencia del debate sobre la regulación del cannabis, pero que no puede residenciarse tal debate en los Tribunales de Justicia:

ese debate no encuentra su escenario más adecuado de desarrollo en los tribunales de justicia llamados a aplicar la legislación vigente todas las herramientas interpretativas que proporciona el ordenamiento y que se revelan especialmente necesarias en relación a tipos legales como el que hemos de examinar ahora de contornos y perfiles poco nítidos, casi desbocados…”.

Por otro lado, no puede olvidarse que el acceso al cannabis en condiciones de salubridad debería ser posible no solo a través de asociaciones de consumidores, sino por otras vías, como ya ocurre en otros lugares, por lo que deberían estudiarse los sistemas de suministro en comercios especializados o en farmacias, sin olvidar la conveniencia de regular el autocultivo. Cierto es que el autocultivo destinado a satisfacer el consumo propio no es delictivo en España, pero no está reglamentado; además, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, ha causado inseguridad dada la amplitud de conductas que considera sancionables.

Todo lo anterior contrasta con la evolución que puede observarse en la sociedad española y la percepción que tiene de los riesgos ligados al consumo del cannabis. Además, debe recordase que en España existe una creciente infraestructura legal relacionada con el cannabis (1500 Grow Shops, 10 distribuidoras y 5 Ferias), lo que choca con el sistema penal y sancionador aplicable a la sustancia.

No puede desconocerse que dentro del territorio español existen Parlamentos que, o han aprobados leyes de regulación (es el caso del Parlamento Navarro, cuya Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad), o se han aprobado leyes que aunque no regulan específicamente, reconocen la existencia de los Clubes Sociales de Cannabis (es el caso del Parlamento Vasco cuya Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, está pendiente de un recurso de inconstitucionalidad) o están debatiendo iniciativas legislativas populares (así, en el Parlamento catalán se estudia una Proposición de Ley de las asociaciones de personas consumidoras de cannabis -202-00090/10-), o han tenido una intensa actividad sobre el particular; en este sentido puede destacarse que la Comisión de Salud y Consumo del  Parlamento vasco aprobó el 25 de abril de 2016 la Proposición no de Ley 41/2016, sobre clubes sociales cannábicos (Nº de expediente 19/11/02/01/0891), instándose:

a las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de Justicia a efectuar avances sólidos, tanto en una regulación como en una interpretación jurídica consistentes, que permitan progresar de un modo decidido, al igual que otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud”.

Por otro lado, no pueden olvidarse las Proposiciones no de Ley 161/002926, sobre la adopción de medidas necesarias para despenalizar los derivados del cannabis (2014), 161/003127, sobre la total despenalización del consumo y la tenencia de cannabis y creación de una Ponencia para el Estudio del Problema de la Droga en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España (2014) y 161/00545, sobre la regulación integral del cultivo, tenencia y consumo de cannabis en el Estado español.

Para finalizar, cabe destacar el significativo número de propuestas y proposiciones legislativas que se han presentado en el Congreso durante estas primeras semanas del año 2017. A principios de febrero, el grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentaba una proposición no de ley, en la mesa del Congreso, en la que instaba al Gobierno a realizar “una regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis”. Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentaba, el pasado 20 de febrero, otra proposición en la que solicitaba la regulación del uso medicinal de los productos derivados del cannabis, para su debate en el Pleno del Congreso, la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas y la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. A estas dos propuestas debemos sumarle la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de diciembre, por el partido político Representación Cannábica Navarra (RCN), por medio de la cual se pretende conseguir medio millón de firmas para impulsar un cambio legislativo a nivel nacional, iniciativa que ya ha sido admitida a trámite por el Congreso de los Diputados.

En conclusión el fenómeno del consumo de cannabis requiere de una profunda reflexión que pueda contar con todos los actores implicados, en este sentido la propuesta de una mesa de estudio, es la mejor herramienta para abordar esta discusión con las máximas garantías de unas conclusiones objetivas científicas, que permitan abordar todas las iniciativas políticas surgidas al inicio del año para una reconfiguración consensuada de la actual regulación, hacia una más coherente y eficaz para con la sociedad y el estado de derecho actual.

Es por todo lo anterior ello, que el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas acuerda la creación en el seno de dicha Comisión de una Ponencia de Estudio sobre el cannabis y su posible regulación en el nuevo contexto nacional e internacional, desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica, la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de los colectivos vulnerables.

Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2017

 

Maria Concepción Palencia García                  Miguel Vila Gómez

Senadora y Portavoz                               Diputado

Joan Comorera Estarellas   Tania Sánchez Melero  Ángela Rodríguez Martínez

Senador                     Diputada             Diputada

comision mixta cannabis

La Comisión Mixta rechazan despenalizar el consumo y la tenencia de cannabis

La Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de las Drogas ha rechazado este martes, con los votos en contra del PP, una proposición no de ley de Izquierda Unida para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia del cannabis y desarrollar un marco normativo “claro” para las asociaciones o clubes cannábicos.

El diputado de IU Ricardo Sixto ha asegurado durante la defensa de la iniciativa que “la experiencia de la prohibición tiene demasiados años y no ha producido los efectos que se buscaban” y, por ello, plantea la adopción de aquellas reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de esta sustancia.

Además, ha asegurado que cada vez son más las voces nacionales e internacionales que piden dicho cambio legal e invita a España a “emular” las experiencias de aquellos países que han desarrollado nuevas normativas para consumir y producir esta sustancia sin penalizar.

Hay que quitar la carga de prohibición y legalidad a lo que debe ser un problema sociosanitario“, ha defendido Sixto.

El diputado ‘popular’ Joaquín Villanova ha lamentado que este debate sobre la despenalización total del cannabis sea algo “reiterativo” en las Cortes cuando, según recuerda, “en España no está penalizado el consumo” salvo que se haga en la calle o en espacios públicos.

Ahora hay una moda de querer despenalizar, pero hay que buscar el equilibrio (…) No hay razones suficientes de salud pública ni administrativas que obliguen a cambiar el actual marco legal, ni siquiera por el sistema fiscal“, ha defendido.

De hecho, el diputado del PP ha recordado que ya hay experiencias que demuestran que, aunque las medidas represivas “por si solas no son suficientes”, facilitar el consumo y una liberalización de los mercados aumentaría el consumo entre los menores de edad.

Por su parte, la diputada María del Puerto, del PSOE, que se ha abstenido en este punto de la iniciativa, ha reconocido que “la guerra contra las drogas ha fracasado totalmente” y por ello se muestra a favor de “promover un debate social con la participación de todos” que oriente las decisiones que se tomen más adelante.

“Se podría despenalizar, claro que sí, pero primero tenemos que poner los bueyes y luego el carro”, ha defendido Gallego.

Clubes de Cannabis

Por otro lado, la iniciativa también planteaba la creación de una ponencia para el Estudio del Problema de las Drogas, en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España, en lo que ha contado con el apoyo del PSOE; y realizar un estudio y desarrollo de “un marco normativo claro” para las asociaciones o clubes cannábicos, de gran influencia en ciudades como Barcelona.

Hay una regulación precaria que es necesario fortalecer“, ha asegurado Sixto, que defiende que estos establecimientos no se dedican a asesorar a la población sobre el uso terapéutico del cannabis ya que “para ello están los servicios médicos”.

Sin embargo, el PP defiende que en la próxima legislatura deberá abrirse un debate al respecto sobre unos establecimientos que funcionan como “negocio encubierto” para “el enriquecimiento de unos pocos” que, además, según ha defendido Villanova, “no ha evitado el mercado negro” y en algunos están permitiendo incluso la entrada a menores de edad.

 

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