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UNGASS2016: Bofetón de realidad

Pese a que la mayoría de expertos partidarios de la necesidad de un cambio de paradigma en el enfoque de las actuales políticas de drogas coinciden en que UNGASS ha sido una gran oportunidad perdida.

Lo cierto es que ha sido la confirmación definitiva de la ruptura del consenso internacional frente a la prohibición. Esta sesión especial ha servido para que muchos se den cuenta de que no podemos seguir esperando soluciones globales de forma inmediata. Es tiempo de centrarse en los cambios locales para disponer cambios realmente globales.

 

La semana del 17 al 21 de abril de 2016 Nueva York fue el escenario de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el “Problema Mundial de las Drogas”, un encuentro adelantado a petición de varios estados latinoamericanos que debería servir para actualizar un régimen internacional de control de drogas que data, ni más ni menos, que de 1961.

Muchas eran las esperanzas puestas en este encuentro por parte de diferentes países y organizaciones de la sociedad civil, quienes desde hace ya años venían clamando una revisión de los objetivos marcados por la ONU como prioritarios en el citado “Problema Mundial de las Drogas”.
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Se trataba ésta de la tercera UNGASS en la que se debería haber comprobado si los objetivos y metas propuestas en las dos anteriores (1990 y 1998) habían sido logradas y si las políticas consensuadas entonces habían sido efectivas. La respuesta, a grandes rasgos, parecía obvia. Los medios marcados, por ejemplo en 1998 tales como reducir la demanda de drogas, aumentar los controles, reforzar los mercados financieros para evitar el blanqueo, limitar el tráfico de armas u ofrecer medios de vida alternativas para los productores no habían conseguido el objetivo máximo de aquel encuentro que no era otro que el de conseguir un mundo libre de drogas en 10 años. Más aún, y como ya adelantó en un informe en 2008 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC), las medidas propuestas estaban creando “consecuencias negativas no planeadas”.  Después de 10 años se dieron cuenta que el inmenso negocio de las drogas, en manos de grupos criminales había creado unas redes delictivas gigantescas, capaces de poner en jaque a gobiernos de países poderosos pero fácilmente corrompibles con dinero de las drogas. Se dieron cuenta de que, si bien conseguían erradicar cultivos y puntos de producción de forma sesgada, éstos no desaparecían, sino que simplemente se desplazaban a otros lugares. Se dieron cuenta de que poniendo tanto dinero en represión, poco o nada quedaba para la promoción de la salud de las personas usuarias de drogas, las cuales además estaban cada vez más estigmatizadas y marginadas.

Pese a que los indicadores dejan bien alas claras el fracaso de estas propuestas, la ONU sigue mirando para otro lado enfangada en su lentísimo y poco efectivo entramado institucional incapaz de moverse con la rapidez y agilidad necesarias en el momento actual.

La declaración política resultante de esta sesión fue aprobada en dos minutos el primer día del encuentro, ya que ya había sido discutida y negociada un mes antes en el Consejo de Estupefacientes (CND) en Viena. Esto nos ofrece pistas sobre el porqué de la imposición de una visión menos abierta al cambio, propia de los países del norte global. La CND tiene una participación muy limitada en la que más de 70 países del sur no tienen presencia alguna, esto es, un total de 53 países son los que toman las decisiones de aplicación universal. Asimismo, los representantes de los países participantes suelen ser generalmente representantes relacionados con instituciones fiscales o de carácter legal, lo que hace que la visión y el tratamiento de estos problemas se haga exclusivamente desde estos prismas, dejando de lado indicadores sociales o sanitarios.
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Por otro lado cabe destacar que el proceso de redacción y negociación se convirtió en un proceso bastante opaco, fuertemente controlado por la Junta de la UNGASS, falto de transparencia y objeto de numerosas críticas por parte de los países y la sociedad civil que abogan por la reforma. De entre los países menos partidarios al cambio, hay un bloque tremendamente beligerante liderado por Rusia, China, Emiratos Árabes, Irán, y algunos países del sudeste asiático que siguen en su visión de la necesidad de perseguir las drogas y reprimir todo lo que tenga que ver con éstas. Precisamente fueron ellos los que bloquearon la posibilidad de que esta declaración pudiera hacer referencias a los costes de la prohibición y a la necesidad de una búsqueda de alternativas. Este grupo de países, entre los que muchos de ellos aplican aún la pena de muerte ante delitos relacionados con las drogas, impidieron que el texto incluyera referencias a las políticas de reducción de daños o a la necesidad de regular ciertos mercados de drogas.

Pese a que los avances han sido tímidos, podemos afirmar que esta sesión ha servido para romper definitivamente el consenso internacional frente a la prohibición. Ya hay un bloque enorme de países, entre los que se encuentran México, Canadá, Colombia, Uruguay, Bolivia o Suiza entre otros que abogan por superar de una vez por todas la dicotomía clásica de la política de reducción de la oferta y la demanda. Gracias en gran parte a ellos, la declaración incorpora ciertos guiños a la proporcionalidad de las penas y al respeto a los Derechos Humanos, así como la necesidad de que instituciones como la OMS comiencen a tener más presencia en la toma de decisiones, incorporando el prisma sanitario a la toma de decisiones. Pese a ello, esta declaración no logra explicar qué es lo que significa realmente eso del cumplimiento de los derechos humanos y tampoco incorpora las recomendaciones procedentes de los organismos competentes de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud o de derechos indígenas.

 

Con todo podemos extraer una conclusión clara. El gigante de la ONU se ha demostrado incapaz de comenzar un cambio supranacional, y la principal consecuencia es que los cambios efectivos sólo podrán venir desde lo local. A partir de ahora serán las ciudades, las regiones y los países las que deberán abordar los cambios necesarios para combatir los problemas relacionados con la producción, distribución y consumo de drogas. Ellos y sólo ellos deberán ser soberanos y valientes a la hora de afrontar estos cambios y adaptar sus leyes a esta nueva realidad. No podemos esperar más a que el cambio venga desde fuera, debemos impulsar desde lo local para conseguir cambios globales.

 

 

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Los clubes de cannabis, contra las cuerdas

Como cada dos semanas, Jorge ha acudido hoy a su club de fumadores, en Madrid. Está a unos pocos metros de su centro de trabajo, y le une a sus dueños una relación de amistad fraguada a base de acudir puntualmente. Sale, como siempre, con dos pequeñas bolsas en el bolsillo: dos gramos de hachís y otros dos de marihuana, que consumirá en casa durante los próximos 15 días. “Fumo poco”, explica a La Marea. “Exclusivamente cuando puedo relajarme y por una cuestión de puro disfrute. Hay quien se toma una cerveza: yo me fumo un porro”. Pese a ese uso esporádico, sabe que en el momento que pone un pie en la calle con la droga toda la responsabilidad es suya.

Los clubes de cannabis comenzaron a proliferar en España hace 15 años, a raíz de una serie de resoluciones judiciales que reconocieron al autoconsumo compartido al amparo de la ley, siempre que no medie voluntad de tráfico, y amparándose en el derecho a la asociación recogido por la Constitución. En el club de Jorge, los socios aportan una pequeña cuota mensual (en su caso, cuatro euros). No todos fuman por disfrute: abundan los enfermos de cáncer y las personas que consumen por prescripción médica. Tampoco puede acceder cualquiera: la entrada está prohibida a menores de 25 años -antes eran 20-, y para ser socio se necesita un padrino. “Al ser un grupo cerrado de consumo responsable, debes entrar de la mano de alguien, respetar las normas y asumir que todo lo que hagas repercutirá en tu padrino, que es quien responde de ti”, explica Jorge.

El pasado mes de julio, una sentencia del Tribunal Supremo puso contra las cuerdas a este tipo de asociaciones. El pleno de la Sala de lo Penal condenó a la asociación Ebers de Bilbao por un delito contra la salud pública, y fijó para sus tres responsables penas entre tres y ocho meses de prisión. Previamente, la Audiencia de Bizkaia los había absuelto al entender que no buscaban un beneficio económico, sino que cultivaban y consumían juntos para no tener que acudir al mercado negro. La clave está precisamente en ese matiz: el autoconsumo compartido es legal, pero no contar con una estructura organizada de venta de droga. La sentencia del Supremo estima que los clubes han de estar constituidos por un reducido grupo, “identificable y determinado”, de usuarios habituales, evitar la promoción pública de su actividad y disponer de cantidades “mínimas y adecuadas” para su consumo “inmediato”, condiciones que, a su juicio, no cumplía Ebers.

El Tribunal Supremo se ha posicionado de manera muy conservadora”, explica Bernardo Soriano, abogado del despacho S&F y miembro de la plataforma Regulación Responsable. “No se tiene en cuenta la realidad social: las asociaciones cannábicas están muy consolidadas y no sólo no atentan contra la salud pública, sino que se reducen los riesgos, dado que el consumo queda restringido al ámbito privado y no se publicita”. Para Soriano, todo forma parte de una “campaña orquestada” a tres bandas por el Partido Popular, la Fiscalía General del Estado y el Plan Nacional Sobre Drogas, que tiene más que ver con un posicionamiento ideológico que con la intención de atajar el problema y mejorar la situación de aquellos que quieren acceder al cannabis de manera segura. “La legislación española es totalmente incoherente”, denuncia Soriano. “El consumo no es sancionable, pero para poder realizarlo siempre te vas a exponer, dado que la tenencia y el tráfico sí lo son. El resultado es que cualquier usuario está totalmente desprotegido y al margen de la sociedad”.

Fumar para aliviar el dolor

Entre los más desprotegidos, aquellos que consumen cannabis por prescripción médica. “Estamos muy preocupados”, señala Carola Pérez. Es la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, y lleva a sus espaldas 11 operaciones por culpa de un accidente que sufrió a los 11 años. Hoy tiene 35, y la marihuana la ha ayudado a sobreponerse al incesante dolor que sufre desde entonces. “Es durísimo ver que los enfermos y enfermas no tenemos ningún tipo acceso seguro al cannabis. A diferencia de los usuarios lúdicos, no lo consumimos por gusto, sino por necesidad, como un medicamento y bajo supervisión médica. Ahora vemos peligrar la única vía de acceso estable, sin que la administración nos facilite otra posibilidad de acceso. Me preocupa enormemente saber qué va a ocurrir con todas aquellas personas que no pueden continuar su tratamiento”.

Para Soriano, la doble moral de los gobernantes parece perseguir que la venta de cannabis “vuelva a las calles, las plazas y los parques, en lugar de realizarse de manera controlada en las asociaciones”. En ese sentido, desde Regulación Responsable se muestran convencidos de que las cosas no tardarán en cambiar. “Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, y parece que no va a gobernar el PP o, al menos, no con con mayoría absoluta. Todos los grupos se han posicionado a favor de hacer un amplio debate para consensuar una propuesta integral de regulación”.

Y es que, para muchos como Jorge, Carola o Bernardo, la regulación es el único camino. “La criminalización del cannabis arrancó en los años 60 con tres premisas principales”, explica Soriano: “que hubiera menor posibilidad de acceso, menos demanda y menos adulteraciones. Medio siglo después no sólo no lo han conseguido, sino que se ha empeorado en las tres premisas. Por eso son cada vez más las voces que a nivel internacional abogan por una regulación”.

Según datos del Informe Europeo sobre Drogas, se calcula que casi 80 millones de europeos entre 15 y 65 años (un 23% de la población) han consumido cannabis en algún momento de sus vidas. En España, la última encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas puso de relevancia que la percepción de los peligros del cannabis va en importante retroceso, y cifró en más de cuatro millones el número de consumidores en nuestro país. Las asociaciones quieren hacer énfasis en que dicho consumo puede realizarse por parte de adultos y de una manera responsable, y quieren poder hacerlo con todas las garantías. Sin embargo, por el momento seguirán fumando con una constante sensación de inquietud.