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REGULACIÓN 2017; DE LA UNILATERALIDAD A LA MULTILATERALIDAD.

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La Plataforma Regulación Responsable por medio de este comunicado, realiza un análisis de las diferentes iniciativas legislativas  en materia de cannabis presentadas por los diferentes partidos del Congreso. Además anima, tanto al legislativo como al movimiento social del cannabis, a reflexionar sobre la oportunidad única de actualización y revisión  de las políticas sobre el cannabis, y la co-responsabilidad que conlleva de cara a garantizar un futuro modelo actualizado, eficaz y eficiente, acorde a la evidencia científica, la salud y los derechos humanos.

El pasado 31 de marzo, el PSOE solicitó vía PNL, la creación de una ponencia de estudio sobre  el cannabis en España, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

Con esta iniciativa se cerraba el ciclo del primer trimestre del año más importante para el cannabis desde la perspectiva de cambio legislativo, si bien Ciudadanos, Podemos y ERC ya habían presentado sus PNL unilateralmente, el hecho de que el PSOE se haya posicionado favorablemente al debate institucional, significa que en la futura votación en la Comisión Mixta contaremos con los votos a favor necesarios para que se apruebe este primer paso hacia el cambio legislativo.

Regulación Responsable felicita al PSOE por posicionarse a favor de debatir la regulación, a la vez que damos por conseguido uno de nuestros objetivos estratégico-tácticos para el cambio.

En este sentido, también hemos de alertar del riesgo táctico, de las posiciones a favor de diferenciar o priorizar en la regulación, el uso medicinal o el recreativo, ya que apostamos por una regulación eficaz e integral  que abarque el fenómeno del consumo del cannabis desde todas las ópticas.

Por tanto, cualquier propuesta legislativa debe abordar los 5 pilares de forma integral, sin que esto invalide la importancia de que el cannabis medicinal sea también  estudiado desde subcomisiones específicas, como la aprobada en el seno de la Comisión de Sanidad, ya que entendemos que el Gobierno y la administración de Sanidad deben estudiar los mecanismos que permitan acceder al cannabis medicinal, con los controles pertinentes por parte de la administración, garantizando los derechos de las personas usuarias.

La multilateralidad en el estudio de la nueva regulación y la participación de los expertos y la sociedad civil, deberá ser un principio de actuación compartido por todos los actores, al menos así ha ocurrido en experiencias internacionales de referencia  como Uruguay o Canadá.

Finalmente, RR insta desde el  consenso, el respeto y  la complicidad, al movimiento social y a los actores organizados, a una unidad de acción trasversal. Llegar a este punto, es el resultado de un trabajo colectivo basado en esta compleja lucha social de más de dos décadas. Consideramos que el papel de la sociedad civil es una de las claves de la nueva regulación, identificando al menos 10 actores fundamentales: La Plataforma Regulación Responsable, las Federaciones territoriales de Clubes Sociales de Cannabis y la FAC, la comunidad del autocultivo, la Red Estatal de Mujeres Anti prohibicionistas (REMA), el sector del Cáñamo Industrial, La ILP nacional de Representación Cannábica Navarra (RCN), el Observatorio Español del Cannabis Medicinal (OECM), los expertos de todos los ámbitos y especialmente el Grupo de Políticas del Cannabis ( GEPCA), el Círculo Cannábico de Podemos, la comunidad  cannábica en redes, especialmente UCANN, y  la industria del sector ( Grow Shops,  Bancos de semillas,  revistas,  Ferias). Todos los actores son necesarios y deben ser complementarios y conscientes de la complejidad de la tarea, para poder ofrecer una imagen de unidad ante el legislativo.

Regulación Responsable ya trabaja desde principios de año, desde sus comisiones, para ser un complemento útil para la futura ponencia nacional, convencidos de que es el paso clave para avanzar en la regulación del cannabis. Aportar argumentos, ponentes, estudios  y la elaboración de materiales es una prioridad. Defender un nuevo modelo de regulación del cannabis será una ardua tarea, en la que los obstáculos serán una constante.

Finalmente destacar,  que  cada vez son más las iniciativas planteadas a nivel autonómico  que apoyan e instan al debate institucional  en profundidad, como las planteadas en Cantabria,  Baleares,  Extremadura y Canarias que se suman a Parlamentos como los de Euskadi, Navarra y Cataluña.

 En Madrid, en sede de R. R. a 19 de Abril de 2017

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REGULACION RESPONSABLE mantiene la defensa de una “regulación integral” de los 5 pilares del cannabis

La plataforma aplaude todas las iniciativas políticas que se están dando en este inicio de año, pero recuerda la necesidad de abordar la  discusión política y legislativa, desde el consenso y desde la búsqueda de una regulación integral y eficaz de acceso al cannabis.

El año 2017 ha arrancado en España con un panorama político en plena ebullición en cuanto a la cuestión del cannabis se refiere. Si a principios de febrero, el grupo parlamentario de ERC presentaba una proposición no de ley, en la mesa del Congreso, en la que instaba al Gobierno a realizar “una regulación integral del cultivo, tenencia en vía pública y consumo de cannabis”, Ciudadanos ha presentado hoy otra proposición en la que solicita la regulación del uso medicinal de los productos derivados del cannabis, para su debate en el Pleno del Congreso, la Comisión Mixta para el Estudio de las Drogas Y la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.  A estas dos propuestas debemos sumarle la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de diciembre, por el partido político Representación Cannábica Navarra (RCN), por medio de la cual se pretende conseguir medio millón de firmas para impulsar un cambio legislativo a nivel nacional, sustentado en el apoyo de la sociedad civil a la regulación del autocultivo para autoconsumo de cannabis.

En este contexto, nuestra plataforma, la cual suma la experiencia adquirida de los procesos regulatorios territoriales, sigue manteniendo su apuesta por una estrategia política centrada en consensuar, entre todos los grupos políticos, una proposición no de ley transversal que abra una ponencia específica que aborde todos los aspectos del cannabis en profundidad desde la óptica de la evidencia científica. Consideramos que no es posible regular sin mantener previamente un debate institucional que genere el consenso necesario para elaborar una propuesta legislativa. Así, la labor en el último año del equipo de incidencia política de RR se ha centrado en impulsar, con todos los grupos presentes en el arco parlamentario, esta vía para conseguir abrir este debate a nivel institucional. Desde nuestro prisma, estas discusiones deben pivotar sobre la propuesta de los cinco pilares de forma conjunta: autocultivo, clubes sociales de cannabis, comercio con licencia, educación y consumo responsable y cannabis terapéutico.

 La experiencia de modelos regulatorios de diferentes países como Uruguay, Israel, Canadá o Estados Unidos demuestran que estamos en una fase experimental de reinterpretación de los convenios internacionales, en los que el modelo óptimo y más eficaz, es aquel que basa la regulación en el  equilibrio y armonización de estos 5 pilares.

 Nuestra plataforma tiene claro que el camino del consenso político y del trabajo conjunto y continuo con la sociedad civil es el más directo y sincero para conseguir una regulación basada en la defensa de la salud pública, la reducción de riesgos, la información y los derechos humanos.

En Madrid a 20 de Enero de 2017

 

 

 

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“Hacia una regulación del cannabis”

Cuestiones jurídicas y practicas sobre los clubes sociales de cannabis

El día 3 de junio, se celebrará en la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, una jornada de formación dirigida a juristas y una ponencia pública Organizado por CERCA (Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía) y la plataforma Regulación Responsable, está dirigida por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

El objetivo de la jornada es el ofrecer formación a juristas en activo sobre diferentes aspectos relacionados con la legislación y la política relacionada con los CLUBES SOCIALES DE CANNABIS, tanto en Andalucía como a nivel estatal, así como la configuración y gestión de esta actividad.

La metodología del taller será PARTICIPATIVA, adaptándose a las necesidades de las personas asistentes en función de las demandas que vayan surgiendo durante las discusiones. Al finalizar la sesión, se organizará un DEBATE entre las personas asistentes con objeto de analizar el contexto jurídico que se abre ante las sentencias del Tribunal Supremo y las posibilidades de reformulación del modelo de club social de cannabis en la situación actual.

La jornada contará con las ponencias de distintas personalidades relacionadas con la materia:

Constanza Sánchez, doctora en Relaciones Internacionales de la fundación ICEERS

Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Xavier Arana, investigador doctor del Instituto Vasco de Criminología

Antonio Martin, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Rafael Ramos, abogado especialista en cannabis

Leandro García, presidente de FACSUR

El precio del seminario (200€) incluye un paquete de documentación en papel y formato electrónico y un almuerzo de trabajo.

Para más información: regulacionandalucia.org/

 

La PONENCIA PÚBLICA se concentrará en discutir y generar conocimiento sobre aspectos jurídicos relacionados con el cannabis, dirigidos a crear consenso y aportar argumentos científicos que avalen una REGULACIÓN INTEGRAL del cannabis.

Se pretende desarrollar una mesa temática para discutir los avances en la jurisprudencia sobre cannabis y poder ofrecer herramientas conceptuales que permitan afinar la regulación integral del cannabis.

 

 

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A contracorriente

El debate en torno a la legalización y la legislación del cannabis ha seguido coleando desde que la sustancia se prohibiera por primera vez. Pese a ello, y observando las corrientes aparecidas en diversos países, sobre todo del continente americano, parece que esta dinámica se acerca más o menos rápido a su final. El apoyo de políticos e instituciones  a unas políticas de drogas basadas en un enfoque prohibicionista punitivo se está diluyendo en favor de una reforma pragmática de las mismas. Este nuevo enfoque está alcanzando un punto crítico en la corriente política y la opinión pública en muchos países. Mientras tanto España, un país que llevaba andando este camino converso pasito a paso en los últimos 30 años, se ha dado la vuelta y parece que quiere nadar a contracorriente.

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Hace casi un siglo, el cannabis, junto con otras sustancias, se identificaba como un mal, una temible amenaza a combatir en una guerra ganable que erradicaría completamente el uso no médico de estas sustancias. La experiencia de la encarnizada cruzada llevada a cabo contra ellas durante los últimos 50 años ha dejado en evidencia que las políticas prohibicionistas no han logrado sus objetivos y que además están generando una serie de problemas colaterales desastrosos. Estos daños, quizás sean menos visibles en países como España, pero en muchos otros son una de las causas de innumerables problemas sociales tales como la sobreencarcelación, la corrupción, la marginalidad, la violencia o la desestructuración familiar. Muchos de los riesgos y perjuicios actuales asociados por ejemplo al cannabis y al mercado del mismo se deben directa o indirectamente a la prohibición. Dejando de lado los perjuicios asociados a la criminalización masiva de los consumidores de cannabis, la falta de una regulación del mercado bajo el modelo prohibicionista maximiza los daños asociados al consumo de cannabis y, por defecto, cede el control del mercado a empresarios criminales. De hecho, el análisis que la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) realiza sobre estas políticas demuestra que es el mismo sistema de control para las drogas el que ha creado la muy lucrativa oportunidad que permite a los grupos criminales organizados transnacionales competir por el poder con los estados de todo el mundo. Parece pues evidente, que hoy en día hay más problemas generados por las políticas de drogas que por las propias sustancias.

Una de las consecuencias más evidentes de estas políticas es que los estados, después de tantos años inmersos en esta dinámica, se han obcecado en combatir esos daños colaterales olvidando la raíz del problema. La acción pasó de tener que combatir las propias sustancias a tener que luchar contra ellas y contra aquellos que las suministran convirtiendo esto último a menudo en un fin en sí mismo. Este cambio creó una retórica ampliamente autorreferente y auto justificadora que ha dificultado en todo este tiempo una evaluación, una crítica y un debate significativos, a la vez que ha hecho posicionar a aquellos que defienden el cambio como “pro-drogas”. Esto ha provocado un ambiente político de alto nivel que ha ignorado constantemente el pensamiento científico crítico, así como las normas legislativas sanitarias y sociales y que ha basado toda su fuerza en cuestiones meramente morales e ideológicas.
Por lo tanto, partimos de la premisa de que la prohibición no sólo ha fracasado, sino que dicho fracaso se está convirtiendo rápidamente en una opinión consensuada. En consecuencia, el debate ha superado el punto de discusión referente a si la prohibición es buena idea, y a si puede ser afinada y modificada para que funcione. La realidad es que la política y la legislación en cuanto al cannabis está siendo activamente reconsiderada entre el gran público, los medios y en debates políticos en la mayor parte del mundo y, en muchos lugares, ya hay verdaderas reformas en marcha. Casi de forma universal, estas reformas se están alejando de los modelos de imposición de la guerra antidrogas, y se están acercando hacia enfoques menos punitivos para con los consumidores, con un mayor énfasis sobre las intervenciones en la salud pública y en los derechos humanos, y sobre la ahora profunda exploración de la regulación legal de la producción y la oferta de cannabis.

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En el momento actual, cerca de 25 estados de los Estados Unidos han despenalizado la posesión de cannabis para uso personal. Una cantidad similar de estados tienen provisiones médicas legales de cannabis, y dos de ellas, Washington y Colorado, han aprobado en las urnas la legalización y la regulación de la producción y el suministro de cannabis no médico (son las primeras jurisdicciones en hacerlo). En 2013, el gobierno de Uruguay introdujo nueva legislación para establecer un mercado de cannabis controlado por el gobierno (junto con provisiones para el cultivo doméstico y los clubes sociales de cannabis), la primera reforma nacional de este calibre en el mundo. Reforma que actualmente se está debatiendo en países como México, Colombia, Costa Rica, o Jamaica.
Mientras, en España en estos últimos años, se está dando la corriente contraria. Si bien nuestro país, y las instituciones que marcan las directrices en políticas de drogas tales como el Plan Nacional de Drogas, siempre han comulgado con los enunciados prohibicionistas internacionales anteriormente expuestos, no es menos cierto que en los últimos 30 años se respiraba un leve ambiente progresista en este aspecto. Iniciativas como las salas de consumo higiénico de heroína aparecieron en los 90 en nuestro país como un avance claro en lo que hacía referencia a la reducción de daños. Estas iniciativas mostraban una nueva visión de la salud pública en torno a las drogodependecias que parecía que empezaban a entender lo utópico de la posibilidad de terminar con los consumos, y comenzaban a valorar alternativas que trabajan con los propios usuarios. Muchos podrán decir que estos avances vinieron sobre todo por el esfuerzo de ciertas Comunidades Autónomas tales como Catalunya, Euskadi o la Comunidad de Madrid, después de la gran epidemia de la heroína de los 80 y 90, pero, aún así, podíamos presumir de políticas avanzadas a su tiempo. En este mismo contexto se enmarca la aparición del modelo de Clubes Sociales de Cannabis, como una alternativa clara a las redes ilícitas de abastecimiento que parte de la propia autoorganización de los usuarios, un planteamiento terriblemente novedoso y eficaz a la hora de reducir daños y riesgos asociados al consumo. Así, y después de más de una década de exitosa existencia, los mecanismos institucionales de España han puesto toda su maquinaria en marcha para reprimirlos, dando la espalda a cualquier negociación para ofrecer la más mínima cobertura legal a su existencia. La retórica utilizada para ello vuelve a ser el ineficaz y obsoleto planteamiento moral prohibicionista que se tapa los ojos y los oídos ante una realidad que no tardará en volver a sobrepasarles. La realidad de un país con más de tres millones de usuarios de cannabis que está preparada para organizar, desde la madurez y la responsabilidad, una alternativa eficaz a esas políticas. Es hora de aplicar los conceptos de la inteligencia social a nuestra relación con las drogas. Es hora de encauzar una regulación responsable que sea ejemplo para muchos más países que sufren problemas que nosotros generamos.

Es hora de nadar a favor de corriente.

Por Joseba del Valle

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UNGASS2016: Bofetón de realidad

Pese a que la mayoría de expertos partidarios de la necesidad de un cambio de paradigma en el enfoque de las actuales políticas de drogas coinciden en que UNGASS ha sido una gran oportunidad perdida.

Lo cierto es que ha sido la confirmación definitiva de la ruptura del consenso internacional frente a la prohibición. Esta sesión especial ha servido para que muchos se den cuenta de que no podemos seguir esperando soluciones globales de forma inmediata. Es tiempo de centrarse en los cambios locales para disponer cambios realmente globales.

 

La semana del 17 al 21 de abril de 2016 Nueva York fue el escenario de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el “Problema Mundial de las Drogas”, un encuentro adelantado a petición de varios estados latinoamericanos que debería servir para actualizar un régimen internacional de control de drogas que data, ni más ni menos, que de 1961.

Muchas eran las esperanzas puestas en este encuentro por parte de diferentes países y organizaciones de la sociedad civil, quienes desde hace ya años venían clamando una revisión de los objetivos marcados por la ONU como prioritarios en el citado “Problema Mundial de las Drogas”.
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Se trataba ésta de la tercera UNGASS en la que se debería haber comprobado si los objetivos y metas propuestas en las dos anteriores (1990 y 1998) habían sido logradas y si las políticas consensuadas entonces habían sido efectivas. La respuesta, a grandes rasgos, parecía obvia. Los medios marcados, por ejemplo en 1998 tales como reducir la demanda de drogas, aumentar los controles, reforzar los mercados financieros para evitar el blanqueo, limitar el tráfico de armas u ofrecer medios de vida alternativas para los productores no habían conseguido el objetivo máximo de aquel encuentro que no era otro que el de conseguir un mundo libre de drogas en 10 años. Más aún, y como ya adelantó en un informe en 2008 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC), las medidas propuestas estaban creando “consecuencias negativas no planeadas”.  Después de 10 años se dieron cuenta que el inmenso negocio de las drogas, en manos de grupos criminales había creado unas redes delictivas gigantescas, capaces de poner en jaque a gobiernos de países poderosos pero fácilmente corrompibles con dinero de las drogas. Se dieron cuenta de que, si bien conseguían erradicar cultivos y puntos de producción de forma sesgada, éstos no desaparecían, sino que simplemente se desplazaban a otros lugares. Se dieron cuenta de que poniendo tanto dinero en represión, poco o nada quedaba para la promoción de la salud de las personas usuarias de drogas, las cuales además estaban cada vez más estigmatizadas y marginadas.

Pese a que los indicadores dejan bien alas claras el fracaso de estas propuestas, la ONU sigue mirando para otro lado enfangada en su lentísimo y poco efectivo entramado institucional incapaz de moverse con la rapidez y agilidad necesarias en el momento actual.

La declaración política resultante de esta sesión fue aprobada en dos minutos el primer día del encuentro, ya que ya había sido discutida y negociada un mes antes en el Consejo de Estupefacientes (CND) en Viena. Esto nos ofrece pistas sobre el porqué de la imposición de una visión menos abierta al cambio, propia de los países del norte global. La CND tiene una participación muy limitada en la que más de 70 países del sur no tienen presencia alguna, esto es, un total de 53 países son los que toman las decisiones de aplicación universal. Asimismo, los representantes de los países participantes suelen ser generalmente representantes relacionados con instituciones fiscales o de carácter legal, lo que hace que la visión y el tratamiento de estos problemas se haga exclusivamente desde estos prismas, dejando de lado indicadores sociales o sanitarios.
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Por otro lado cabe destacar que el proceso de redacción y negociación se convirtió en un proceso bastante opaco, fuertemente controlado por la Junta de la UNGASS, falto de transparencia y objeto de numerosas críticas por parte de los países y la sociedad civil que abogan por la reforma. De entre los países menos partidarios al cambio, hay un bloque tremendamente beligerante liderado por Rusia, China, Emiratos Árabes, Irán, y algunos países del sudeste asiático que siguen en su visión de la necesidad de perseguir las drogas y reprimir todo lo que tenga que ver con éstas. Precisamente fueron ellos los que bloquearon la posibilidad de que esta declaración pudiera hacer referencias a los costes de la prohibición y a la necesidad de una búsqueda de alternativas. Este grupo de países, entre los que muchos de ellos aplican aún la pena de muerte ante delitos relacionados con las drogas, impidieron que el texto incluyera referencias a las políticas de reducción de daños o a la necesidad de regular ciertos mercados de drogas.

Pese a que los avances han sido tímidos, podemos afirmar que esta sesión ha servido para romper definitivamente el consenso internacional frente a la prohibición. Ya hay un bloque enorme de países, entre los que se encuentran México, Canadá, Colombia, Uruguay, Bolivia o Suiza entre otros que abogan por superar de una vez por todas la dicotomía clásica de la política de reducción de la oferta y la demanda. Gracias en gran parte a ellos, la declaración incorpora ciertos guiños a la proporcionalidad de las penas y al respeto a los Derechos Humanos, así como la necesidad de que instituciones como la OMS comiencen a tener más presencia en la toma de decisiones, incorporando el prisma sanitario a la toma de decisiones. Pese a ello, esta declaración no logra explicar qué es lo que significa realmente eso del cumplimiento de los derechos humanos y tampoco incorpora las recomendaciones procedentes de los organismos competentes de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud o de derechos indígenas.

 

Con todo podemos extraer una conclusión clara. El gigante de la ONU se ha demostrado incapaz de comenzar un cambio supranacional, y la principal consecuencia es que los cambios efectivos sólo podrán venir desde lo local. A partir de ahora serán las ciudades, las regiones y los países las que deberán abordar los cambios necesarios para combatir los problemas relacionados con la producción, distribución y consumo de drogas. Ellos y sólo ellos deberán ser soberanos y valientes a la hora de afrontar estos cambios y adaptar sus leyes a esta nueva realidad. No podemos esperar más a que el cambio venga desde fuera, debemos impulsar desde lo local para conseguir cambios globales.

 

 

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Los 5 Pilares del Cannabis. Ganamos todas!

La Plataforma Regulación Responsable celebró este sábado 24 de octubre en Madrid, su Asamblea General para finalizar el proceso de participación que ha permitido a todas las organizaciones que conforman la Plataforma definir el documento de los 5 pilares, la base ideológica de la organización, y establecer las principales líneas de la campaña prevista para estas elecciones generales.

El fracaso estrepitoso del modelo actual obliga a buscar alternativas más sensatas y pragmáticas en el ámbito de la salud pública. En la actualidad, la discusión sobre las políticas de drogas se encuentra en uno de los puntos más interesantes de la historia reciente. Uruguay ha legalizado el cannabis, cuatro Estados de los EUA también lo han hecho, el cannabis medicinal se abre camino en diferentes estados europeos, diversos países latinoamericanos discuten alternativas a la criminalización y a la «guerra contra las drogas».

El denominador común de todas estas discusiones es evitar al máximo los daños de las drogas mediante políticas más acordes con los Derechos Humanos. Después de décadas de perseverar el paradigma jurídico punitivo y el paradigma médico abstencionista, las evidencias demoledoras muestran que la presencia de las drogas en las sociedades actuales es inevitable. Por tanto, cada territorio desde su realidad jurídica y sociocultural debe proponer nuevas políticas para superar el marco, dar respuesta a una realidad social y hacer una clara apuesta por el empoderamiento de la sociedad. En este sentido, la plataforma Regulación Responsable, desarrolla el debate para consensuar con las organizaciones integrantes la propuesta de Regulación integral de Cannabis en el estado español.

El texto se divide en cinco partes claramente diferenciadas. Cada una de ellas corresponde a lo que hemos llamado pilares para una regulación integral del cannabis en el estado español. Es decir, la nueva estructura jurídica y socio-educativa resultante del proceso de regulación descansará sobre cinco pilares, considerados elementos clave del marco en el que se encuadra una regulación integral del cannabis. Los pilares de la regulación integral son: autocultivo, cultivo colectivo y clubes sociales de cannabis, comercio con licencia, educación para un consumo responsable y acceso al cannabis terapéutico.

La regulación integral del cannabis permitiría cuatro formas de abastecerse de cannabis, y la restante corresponde a la educación para un consumo responsable. Esta propuesta es transversal a todos los pilares, y siguiendo la metáfora arquitectónica, se podría considerar la pared maestra de la estructura porque de ella depende que el cannabis pueda asentarse socioculturalmente en nuestro contexto, sin que reporte excesivos problemas. El pilar de acceso terapéutico está restringido a personas diagnosticadas con alguna dolencia susceptible de ser tratada con cannabis. Y los otros tres pilares permiten abastecerse de forma legal sin incurrir al mercado informal. En última instancia, la persona decidirá cual es la vía que prefiere para obtener el cannabis. Apostamos por el empoderamiento de todas las personas y el respeto a su libertad de decisión.

En la actualidad, el autocultivo y los clubes sociales de cannabis representan las formas más sencillas para abastecerse sin incurrir al mercado informal. Modelo que necesita una solución política urgente para no depender de la arbitrariedad de interpretación judicial. Con esta propuesta, estas dos fórmulas se legislarían en la nueva regulación integral del cannabis, en la cual quedaría claro qué prácticas serían legales y cuáles ilegales, los límites y los controles. Por tanto, se despejaría la inseguridad jurídica en la que viven las personas que autocultivan y las que forman parte de los clubes sociales de cannabis. Pero es necesario tener en cuenta que una parte importante de las que consumen seguirían haciéndolo en el mercado informal sino fuera al contemplar la regulación que ofrecerá la posibilidad de comprar cannabis a las personas que quieren continuar abasteciéndose mediante esta vía. Como recoge el texto, la venta estará fiscalizada por el Estado y se evitará las prácticas monopolísticas. Esta situación permitirá dinamizar la economía local, con especial atención a la población rural, y en última instancia se reducirá el narcotráfico restándole mercado.

Más de 200 enmiendas han formado parte del proceso participativo que la organización ha dinamizado durante más de cuatro meses para terminar culminando en el consenso del documento que desde hoy es la base ideológica que la Plataforma defenderá con la estrategia de incidencia social y política.

La Plataforma Regulación Responsable se marca un objetivo claro para la próxima legislatura y es situar el cannabis en la agenda política para que los derechos de las usuarias y usuarios estén, por fin, reconocidos. Dar luz a la situación que viven hoy miles de personas usuarias y promover, entre todas y todos, el cambio legislativo necesario para que estos pilares puedan generar un cambio de paradigma en la dirección política en el ámbito de drogas y de la salud en general fundamentado en los Derechos Humanos, la convivencia y la coherencia.

Un futuro regulado para una sociedad responsable.

Accede al documento en PDF LOS 5 PILARES DE UNA REGULACIÓN INTEGRAL DEL CANNABIS