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“Hacia una regulación del cannabis”

Cuestiones jurídicas y practicas sobre los clubes sociales de cannabis

El día 3 de junio, se celebrará en la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, una jornada de formación dirigida a juristas y una ponencia pública Organizado por CERCA (Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía) y la plataforma Regulación Responsable, está dirigida por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

El objetivo de la jornada es el ofrecer formación a juristas en activo sobre diferentes aspectos relacionados con la legislación y la política relacionada con los CLUBES SOCIALES DE CANNABIS, tanto en Andalucía como a nivel estatal, así como la configuración y gestión de esta actividad.

La metodología del taller será PARTICIPATIVA, adaptándose a las necesidades de las personas asistentes en función de las demandas que vayan surgiendo durante las discusiones. Al finalizar la sesión, se organizará un DEBATE entre las personas asistentes con objeto de analizar el contexto jurídico que se abre ante las sentencias del Tribunal Supremo y las posibilidades de reformulación del modelo de club social de cannabis en la situación actual.

La jornada contará con las ponencias de distintas personalidades relacionadas con la materia:

Constanza Sánchez, doctora en Relaciones Internacionales de la fundación ICEERS

Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Xavier Arana, investigador doctor del Instituto Vasco de Criminología

Antonio Martin, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Rafael Ramos, abogado especialista en cannabis

Leandro García, presidente de FACSUR

El precio del seminario (200€) incluye un paquete de documentación en papel y formato electrónico y un almuerzo de trabajo.

Para más información: regulacionandalucia.org/

 

La PONENCIA PÚBLICA se concentrará en discutir y generar conocimiento sobre aspectos jurídicos relacionados con el cannabis, dirigidos a crear consenso y aportar argumentos científicos que avalen una REGULACIÓN INTEGRAL del cannabis.

Se pretende desarrollar una mesa temática para discutir los avances en la jurisprudencia sobre cannabis y poder ofrecer herramientas conceptuales que permitan afinar la regulación integral del cannabis.

 

 

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A contracorriente

El debate en torno a la legalización y la legislación del cannabis ha seguido coleando desde que la sustancia se prohibiera por primera vez. Pese a ello, y observando las corrientes aparecidas en diversos países, sobre todo del continente americano, parece que esta dinámica se acerca más o menos rápido a su final. El apoyo de políticos e instituciones  a unas políticas de drogas basadas en un enfoque prohibicionista punitivo se está diluyendo en favor de una reforma pragmática de las mismas. Este nuevo enfoque está alcanzando un punto crítico en la corriente política y la opinión pública en muchos países. Mientras tanto España, un país que llevaba andando este camino converso pasito a paso en los últimos 30 años, se ha dado la vuelta y parece que quiere nadar a contracorriente.

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Hace casi un siglo, el cannabis, junto con otras sustancias, se identificaba como un mal, una temible amenaza a combatir en una guerra ganable que erradicaría completamente el uso no médico de estas sustancias. La experiencia de la encarnizada cruzada llevada a cabo contra ellas durante los últimos 50 años ha dejado en evidencia que las políticas prohibicionistas no han logrado sus objetivos y que además están generando una serie de problemas colaterales desastrosos. Estos daños, quizás sean menos visibles en países como España, pero en muchos otros son una de las causas de innumerables problemas sociales tales como la sobreencarcelación, la corrupción, la marginalidad, la violencia o la desestructuración familiar. Muchos de los riesgos y perjuicios actuales asociados por ejemplo al cannabis y al mercado del mismo se deben directa o indirectamente a la prohibición. Dejando de lado los perjuicios asociados a la criminalización masiva de los consumidores de cannabis, la falta de una regulación del mercado bajo el modelo prohibicionista maximiza los daños asociados al consumo de cannabis y, por defecto, cede el control del mercado a empresarios criminales. De hecho, el análisis que la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) realiza sobre estas políticas demuestra que es el mismo sistema de control para las drogas el que ha creado la muy lucrativa oportunidad que permite a los grupos criminales organizados transnacionales competir por el poder con los estados de todo el mundo. Parece pues evidente, que hoy en día hay más problemas generados por las políticas de drogas que por las propias sustancias.

Una de las consecuencias más evidentes de estas políticas es que los estados, después de tantos años inmersos en esta dinámica, se han obcecado en combatir esos daños colaterales olvidando la raíz del problema. La acción pasó de tener que combatir las propias sustancias a tener que luchar contra ellas y contra aquellos que las suministran convirtiendo esto último a menudo en un fin en sí mismo. Este cambio creó una retórica ampliamente autorreferente y auto justificadora que ha dificultado en todo este tiempo una evaluación, una crítica y un debate significativos, a la vez que ha hecho posicionar a aquellos que defienden el cambio como “pro-drogas”. Esto ha provocado un ambiente político de alto nivel que ha ignorado constantemente el pensamiento científico crítico, así como las normas legislativas sanitarias y sociales y que ha basado toda su fuerza en cuestiones meramente morales e ideológicas.
Por lo tanto, partimos de la premisa de que la prohibición no sólo ha fracasado, sino que dicho fracaso se está convirtiendo rápidamente en una opinión consensuada. En consecuencia, el debate ha superado el punto de discusión referente a si la prohibición es buena idea, y a si puede ser afinada y modificada para que funcione. La realidad es que la política y la legislación en cuanto al cannabis está siendo activamente reconsiderada entre el gran público, los medios y en debates políticos en la mayor parte del mundo y, en muchos lugares, ya hay verdaderas reformas en marcha. Casi de forma universal, estas reformas se están alejando de los modelos de imposición de la guerra antidrogas, y se están acercando hacia enfoques menos punitivos para con los consumidores, con un mayor énfasis sobre las intervenciones en la salud pública y en los derechos humanos, y sobre la ahora profunda exploración de la regulación legal de la producción y la oferta de cannabis.

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En el momento actual, cerca de 25 estados de los Estados Unidos han despenalizado la posesión de cannabis para uso personal. Una cantidad similar de estados tienen provisiones médicas legales de cannabis, y dos de ellas, Washington y Colorado, han aprobado en las urnas la legalización y la regulación de la producción y el suministro de cannabis no médico (son las primeras jurisdicciones en hacerlo). En 2013, el gobierno de Uruguay introdujo nueva legislación para establecer un mercado de cannabis controlado por el gobierno (junto con provisiones para el cultivo doméstico y los clubes sociales de cannabis), la primera reforma nacional de este calibre en el mundo. Reforma que actualmente se está debatiendo en países como México, Colombia, Costa Rica, o Jamaica.
Mientras, en España en estos últimos años, se está dando la corriente contraria. Si bien nuestro país, y las instituciones que marcan las directrices en políticas de drogas tales como el Plan Nacional de Drogas, siempre han comulgado con los enunciados prohibicionistas internacionales anteriormente expuestos, no es menos cierto que en los últimos 30 años se respiraba un leve ambiente progresista en este aspecto. Iniciativas como las salas de consumo higiénico de heroína aparecieron en los 90 en nuestro país como un avance claro en lo que hacía referencia a la reducción de daños. Estas iniciativas mostraban una nueva visión de la salud pública en torno a las drogodependecias que parecía que empezaban a entender lo utópico de la posibilidad de terminar con los consumos, y comenzaban a valorar alternativas que trabajan con los propios usuarios. Muchos podrán decir que estos avances vinieron sobre todo por el esfuerzo de ciertas Comunidades Autónomas tales como Catalunya, Euskadi o la Comunidad de Madrid, después de la gran epidemia de la heroína de los 80 y 90, pero, aún así, podíamos presumir de políticas avanzadas a su tiempo. En este mismo contexto se enmarca la aparición del modelo de Clubes Sociales de Cannabis, como una alternativa clara a las redes ilícitas de abastecimiento que parte de la propia autoorganización de los usuarios, un planteamiento terriblemente novedoso y eficaz a la hora de reducir daños y riesgos asociados al consumo. Así, y después de más de una década de exitosa existencia, los mecanismos institucionales de España han puesto toda su maquinaria en marcha para reprimirlos, dando la espalda a cualquier negociación para ofrecer la más mínima cobertura legal a su existencia. La retórica utilizada para ello vuelve a ser el ineficaz y obsoleto planteamiento moral prohibicionista que se tapa los ojos y los oídos ante una realidad que no tardará en volver a sobrepasarles. La realidad de un país con más de tres millones de usuarios de cannabis que está preparada para organizar, desde la madurez y la responsabilidad, una alternativa eficaz a esas políticas. Es hora de aplicar los conceptos de la inteligencia social a nuestra relación con las drogas. Es hora de encauzar una regulación responsable que sea ejemplo para muchos más países que sufren problemas que nosotros generamos.

Es hora de nadar a favor de corriente.

Por Joseba del Valle

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UNGASS2016: Bofetón de realidad

Pese a que la mayoría de expertos partidarios de la necesidad de un cambio de paradigma en el enfoque de las actuales políticas de drogas coinciden en que UNGASS ha sido una gran oportunidad perdida.

Lo cierto es que ha sido la confirmación definitiva de la ruptura del consenso internacional frente a la prohibición. Esta sesión especial ha servido para que muchos se den cuenta de que no podemos seguir esperando soluciones globales de forma inmediata. Es tiempo de centrarse en los cambios locales para disponer cambios realmente globales.

 

La semana del 17 al 21 de abril de 2016 Nueva York fue el escenario de la Sesión Especial de la Asamblea General sobre el “Problema Mundial de las Drogas”, un encuentro adelantado a petición de varios estados latinoamericanos que debería servir para actualizar un régimen internacional de control de drogas que data, ni más ni menos, que de 1961.

Muchas eran las esperanzas puestas en este encuentro por parte de diferentes países y organizaciones de la sociedad civil, quienes desde hace ya años venían clamando una revisión de los objetivos marcados por la ONU como prioritarios en el citado “Problema Mundial de las Drogas”.
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Se trataba ésta de la tercera UNGASS en la que se debería haber comprobado si los objetivos y metas propuestas en las dos anteriores (1990 y 1998) habían sido logradas y si las políticas consensuadas entonces habían sido efectivas. La respuesta, a grandes rasgos, parecía obvia. Los medios marcados, por ejemplo en 1998 tales como reducir la demanda de drogas, aumentar los controles, reforzar los mercados financieros para evitar el blanqueo, limitar el tráfico de armas u ofrecer medios de vida alternativas para los productores no habían conseguido el objetivo máximo de aquel encuentro que no era otro que el de conseguir un mundo libre de drogas en 10 años. Más aún, y como ya adelantó en un informe en 2008 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC), las medidas propuestas estaban creando “consecuencias negativas no planeadas”.  Después de 10 años se dieron cuenta que el inmenso negocio de las drogas, en manos de grupos criminales había creado unas redes delictivas gigantescas, capaces de poner en jaque a gobiernos de países poderosos pero fácilmente corrompibles con dinero de las drogas. Se dieron cuenta de que, si bien conseguían erradicar cultivos y puntos de producción de forma sesgada, éstos no desaparecían, sino que simplemente se desplazaban a otros lugares. Se dieron cuenta de que poniendo tanto dinero en represión, poco o nada quedaba para la promoción de la salud de las personas usuarias de drogas, las cuales además estaban cada vez más estigmatizadas y marginadas.

Pese a que los indicadores dejan bien alas claras el fracaso de estas propuestas, la ONU sigue mirando para otro lado enfangada en su lentísimo y poco efectivo entramado institucional incapaz de moverse con la rapidez y agilidad necesarias en el momento actual.

La declaración política resultante de esta sesión fue aprobada en dos minutos el primer día del encuentro, ya que ya había sido discutida y negociada un mes antes en el Consejo de Estupefacientes (CND) en Viena. Esto nos ofrece pistas sobre el porqué de la imposición de una visión menos abierta al cambio, propia de los países del norte global. La CND tiene una participación muy limitada en la que más de 70 países del sur no tienen presencia alguna, esto es, un total de 53 países son los que toman las decisiones de aplicación universal. Asimismo, los representantes de los países participantes suelen ser generalmente representantes relacionados con instituciones fiscales o de carácter legal, lo que hace que la visión y el tratamiento de estos problemas se haga exclusivamente desde estos prismas, dejando de lado indicadores sociales o sanitarios.
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Por otro lado cabe destacar que el proceso de redacción y negociación se convirtió en un proceso bastante opaco, fuertemente controlado por la Junta de la UNGASS, falto de transparencia y objeto de numerosas críticas por parte de los países y la sociedad civil que abogan por la reforma. De entre los países menos partidarios al cambio, hay un bloque tremendamente beligerante liderado por Rusia, China, Emiratos Árabes, Irán, y algunos países del sudeste asiático que siguen en su visión de la necesidad de perseguir las drogas y reprimir todo lo que tenga que ver con éstas. Precisamente fueron ellos los que bloquearon la posibilidad de que esta declaración pudiera hacer referencias a los costes de la prohibición y a la necesidad de una búsqueda de alternativas. Este grupo de países, entre los que muchos de ellos aplican aún la pena de muerte ante delitos relacionados con las drogas, impidieron que el texto incluyera referencias a las políticas de reducción de daños o a la necesidad de regular ciertos mercados de drogas.

Pese a que los avances han sido tímidos, podemos afirmar que esta sesión ha servido para romper definitivamente el consenso internacional frente a la prohibición. Ya hay un bloque enorme de países, entre los que se encuentran México, Canadá, Colombia, Uruguay, Bolivia o Suiza entre otros que abogan por superar de una vez por todas la dicotomía clásica de la política de reducción de la oferta y la demanda. Gracias en gran parte a ellos, la declaración incorpora ciertos guiños a la proporcionalidad de las penas y al respeto a los Derechos Humanos, así como la necesidad de que instituciones como la OMS comiencen a tener más presencia en la toma de decisiones, incorporando el prisma sanitario a la toma de decisiones. Pese a ello, esta declaración no logra explicar qué es lo que significa realmente eso del cumplimiento de los derechos humanos y tampoco incorpora las recomendaciones procedentes de los organismos competentes de las Naciones Unidas en materia de derecho a la salud o de derechos indígenas.

 

Con todo podemos extraer una conclusión clara. El gigante de la ONU se ha demostrado incapaz de comenzar un cambio supranacional, y la principal consecuencia es que los cambios efectivos sólo podrán venir desde lo local. A partir de ahora serán las ciudades, las regiones y los países las que deberán abordar los cambios necesarios para combatir los problemas relacionados con la producción, distribución y consumo de drogas. Ellos y sólo ellos deberán ser soberanos y valientes a la hora de afrontar estos cambios y adaptar sus leyes a esta nueva realidad. No podemos esperar más a que el cambio venga desde fuera, debemos impulsar desde lo local para conseguir cambios globales.

 

 

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Cannabis, derechos y salud

Expertos e instituciones discuten sobre la necesidad de abordar un nuevo marco legal para el Cannabis

Durante la jornada del jueves, expertos de la judicatura, la prevención, la política, académicos y representantes de la sociedad civil participaron en un Diálogo Informal organizado por la Plataforma Regulación Responsable y la Universidad Complutense de Madrid titulado “Cannabis, Derechos y Salud”.

La Sala de Juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid fue testigo, durante la jornada del jueves 5 de Mayo, de un encuentro multidiscplinar que tenía como objetivo seguir discutiendo y avanzado hacia la necesidad de conseguir un mercado regulado para el cannabis en España. En esta ocasión, la Cátedra Extraordinaria Drogas SXXI, dirigida por Araceli Manjón, ExDirectora del Plan Nacional Sobre Drogas, fue, junto con la Plataforma Regulación Responsable, la organizadora de este encuentro.
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La cita se enmarcó dentro de una hoja de ruta establecida por diversas organizaciones, que pretenden ir avanzando hacia un modelo regulado de cannabis que pueda terminar con la inseguridad sanitaria y jurídica que ofrece la legislación actual a millones de usuarios y pacientes en España. Los organizadores recalcaron que en el contexto político actual, se entiende como prioritaria la necesidad de reunir a instituciones, especialistas y personalidades, relacionadas de una manera u otra al fenómeno del consumo de cannabis para realizar un debate en profundidad. En este sentido, el evento congregó a más de 30 especialistas de diferentes ámbitos como la salud, la universidad o la judicatura, así como expertos en políticas de drogas de México y Holanda. Asimismo también participaron del evento distintas fundaciones, despachos de abogados, periodistas y organizaciones tales como la FAD (Fundación de Ayuda a la Drogadicción) o Médicos del Mundo. Al acto también fueron invitados representantes de todas las fuerzas políticas que, por razones de agenda (esta misma semana se disolvió el Parlamento), no pudieron acudir, aunque, muchos de ellos mostraron su firme compromiso a abrir un hilo de debate sobre este tema en la próxima legislatura. El formato consiguió que los participantes pudieran encontrar un foro de reflexión informal complementario al institucional, donde pudieron sentirse libres de mostrar sus puntos de vista y posturas ante la posibilidad de abordar una regulación del cannabis en España en los próximos años.

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Con la mayoría de las fuerzas políticas españolas a favor de abrir un debate, una vez haya Gobierno en España, y con decenas de organizaciones y fundaciones trabajando en propuestas factibles para abordar esta regulación, se pretende abrir un debate parlamentario en el seno de la Comisión Mixta sobre Drogas que pueda desembocar en una solución segura y eficaz para los problemas derivados de la actual legislación en política de cannabis.

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El Parlamento defiende la Ley reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional por la que la Cámara se ratifica en la defensa de la Ley 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra.

Presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, ha contado con el voto a favor también del PSN, mientras que UPN y PPN han votado en contra.

Además de ratificarse en la defensa de la citada ley, el Parlamento de Navarra invita a todos los clubs y asociaciones de cannabis existentes en la Comunidad foral a que, “en tanto no exista una regulación estatal expresa en la materia, establezcan mecanismos de autorregulación, buenas prácticas y colaboración con la administración”.

Asimismo, el Parlamento de Navarra insta a las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de Justicia a efectuar “avances sólidos, tanto en una regulación como en una interpretación jurídica consistentes y que permitan progresar de un modo decidido, al igual que otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo de cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud”.

 

INFO: http://www.navarra.com/articulo/politica/navarra-el-parlamento-foral-ratifica-defensa-ley-reguladora-colectivos-usuarios-cannabis-navarra/20160229154619027764.html

 

Balears

Expertos y políticos abordarán el uso terapéutico y los clubes de cannabis

Policías, médicos, juristas y demás expertos pasarán por el Parlament para debatir con los diputados sobre el uso terapéutico del cannabis y su “consumo responsable” en los clubes sociales dedicados a esta actividad. PSOE, Podemos y Més anunciaron ayer la creación de una ponencia de estudio que aborde esta cuestión.

Balears es una de las Comunidades con un nivel más alto de consumo de cannabis, desregulado e irresponsable, es una realidad social que debemos mirar de frente“, instó el diputado David Abril (Més), quien también dejó claro que “no estamos hablando de legalizar la marihuana, sino de regularizar el consumo responsable”, y “sin prejuicios”.

El grupo de estudio, en el que también participarán usuarios de estos clubes y enfermos que buscan mitigar el dolor con el cannabis, podría empezar su plan de trabajo después del verano. En Balears existen actualmente 24 clubes sociales de cannabis y cultivo, que se encuentran en un limbo legal, explicó David Rabé, secretario de la Federación de Asociaciones Cannabicas (FAC). “Usar cannabis no es algo de lo que estar orgullosos, pero sí una realidad social que necesita salidas”, defendió Rabé, recalcando la problemática de “personas de 60 años vienen a los clubes para ver cómo pueden paliar el dolor” por determinadas enfermedades. Estos locales “no son coffeshops” como en Ámsterdam, puntualizó.

El representante de la FAC defendió que el consumo de cannabis debe estar “alejado de la juventud”, para lo cual urgen programas de prevención y mucha pedagogía. A la vez lamenta la existencia de una “barrera moral impuesta que impide que se hable con normalidad del tema“. Por ello, David Rabé celebró la puesta en marcha de esta ponencia ya que a su juicio dará voz “a los usuarios que se ven estigmatizados por usar cannabis”.

Vicenç Thomàs (PSOE), médico de profesión, apuntó la importancia de “dar este paso”, recordando que la Comunidad carece de competencias legislativas para ir más allá. En todo caso, afirmó que es necesario “estudiar esta realidad con la vertiente del posible uso terapéutico para aliviar síntomas, porque el cannabis no cura”, recalcó. El socialista celebró que la ponencia dará respuesta a los usuarios de cannabis sobre “dónde pueden ir a hacer este consumo de una manera regularizada y responsable”.

Por su lado, el diputado de Podemos Carlos Saura destacó que la iniciativa busca afrontar una demanda que está en la calle, y destacó que los políticos deben “acompañar a la sociedad que va por delante” en muchos temas.

Rebajar la tensión

El acto conjunto ayer del tripartito sirvió por otro lado para tratar de escenificar el regreso a la normalidad, tras la fuerte crisis vivida esta semana con el impuesto turístico. “En la ponencia no hará falta que todos estemos de acuerdo en todo, pero el impuesto es un tema que fue acordado en el Pacto”, enfatizó David Abril.

 

Info: Diario de Mallorca

RESULTADO RR

Comunicado Regulación responsable, resultados elecciones generales 2015

Tras conocer los resultados de las elecciones generales al Congreso y Senado celebradas el pasado 20 de diciembre en nuestro país, la primera conclusión que podemos extraer es que la política en España ha cambiado de una forma evidente. En una primera evaluación de los resultados podemos decir que el nuevo arco parlamentario y el reparto de escaños va a dar paso a una nueva legislatura, que si bien podría ser breve o inestable y de difícil gobernación, puede ofrecer muchas más alternativas y oportunidades a demandas sociales como la que nuestra plataforma defiende.

Con el nuevo reparto de escaños, y tras las reuniones celebradas con las diferentes fuerzas, se observa que en materia de cannabis hay de facto una mayoría parlamentaria que apuesta por abrir el debate institucional a través de una ponencia específica. Esta ponencia será el primer paso de un futuro cambio de ley y deberá estudiar alternativas al déficit democrático que supone la actual regulación, tanto para las personas usuarias como para los colectivos vulnerables y la sociedad en su conjunto.

La Plataforma RR, durante las reuniones mantenidas con todos los partidos durante la campaña electoral, ha podido extraer sensaciones positivas y constructivas con todos ellos a excepción del Partido Popular, que en esta materia sigue estancado en una fase de negación. Pese a ello, el resto de grupos son conscientes de que hay una realidad social que va por delante del poder legislativo y que ha llegado el momento de abordar este fenómeno con seriedad y responsabilidad, desde una evaluación real de las políticas en esta materia en los últimos 30 años.

Esta nueva legislatura exigirá a Regulación Responsable trabajar en plena coordinación con los políticos, quienes en última instancia serán los responsables de abordar una nueva regulación del cannabis. Nuestra plataforma estará presente en aquellos foros donde se debatan estas cuestiones a cualquier nivel, ya que la participación de esta parte de la sociedad civil puede ser clave en el diseño de una política responsable y eficaz basada en la Salud Pública.

El arco parlamentario indica un cambio de dinámicas que favorecerá la democracia en su conjunto, que potenciará la soberanía de los propios ciudadanos, especialmente a los colectivos más desfavorecidos, que requieren del diseño de alternativas inteligentes y responsables.

Desde Regulación Responsable valoramos positivamente que la sociedad refleje su pluralidad en las urnas y entendemos que estamos en un momento clave para afrontar el reto de un cambio legislativo que suponga una nueva regulación del cannabis implicando a todos los agentes sociales e Instituciones posibles.

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El supremo condena a prisión a los responsables de un club de cannabis por delito contra la salud pública

El Tribunal Supremo ha condenado al presidente, al secretario y al tesorero de la asociación Three Monkeys España a ocho meses de prisión a cada uno por un delito contra la salud pública. La Sala de lo Penal estima así parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que les absolvió de los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública.

La sentencia anulada decía que los hechos declarados probados no constituyen delito porque en el local de la Asociación no se vendía indiscriminadamente la marihuana y el hachís, sino que exclusivamente se vendía a los socios y que, por otra parte, no les guiaba el ánimo de lucro.

La Sala de lo Penal afirma que en el supuesto analizado “un reducido núcleo de personas organiza y dirige la estructura asociativa. Disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo, y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios que se limitan a obtener la sustancia previo pago de su cuota y de su coste”. Eso, subraya la sentencia, es facilitar el consumo de terceros y, además, hay distribuidores frente a simples consumidores receptores.

De acuerdo con el caso resuelto en sentencia por el Pleno Jurisdiccional el pasado 8 de julio, reitera que la actividad desarrollada por los clubs sociales de cannabis, asociaciones, grupos organizados o similares no será delito cuando consista en proporcionar información, elaborar o difundir estudios, realizar propuestas, expresar de cualquier forma opiniones sobre la materia, promover tertulias o reuniones o seminarios sobre esas cuestiones.

La sentencia señala que sí traspasa las fronteras penales la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, acopio, o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tóxica o estupefaciente o sustancia psicotrópica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirientes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar; también cuando la economía se limite a cubrir costes.

Asimismo, la Sala Segunda argumenta que no se trata de imputar a los responsables de la asociación el mal uso por parte algunos socios o el incumplimiento de sus compromisos o el hecho de que un socio haya entregado a persona no consumidora parte de la sustancia; o si la vende traicionando sus obligaciones asociativas.

Sin embargo, indica que “sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a 290 personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse“. Asimismo, destaca que “no puede convertirse una asociación de esa naturaleza en una suerte de cooperativa de distribución de la sustancia estupefaciente prohibida”.

La sentencia de la Sala de lo Penal incluye un voto particular del magistrado Joaquín Jiménez, partidario de absolver a los responsables de ‘Three Monkeys España’ por no existir dolo en su conducta.

Info: Te interesa

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La plataforma Regulación Responsable marcar el camino de la despenalización del cannabis

Damos por hecho que la regulación va a llegar, y queremos que llegue en 2017” con estas palabras comenzaba su intervención en el Círculo de Bellas Artes de Madrid Ramón Morcillo, portavoz de la plataforma Regulación Responsable, en la presentación de la propuesta que pretende introducir en la campaña electoral el debate acerca de la despenalización del cannabis.

La legislación actual no ha conseguido sus objetivos: no ha reducido el número de consumidores, ni protege la salud pública al dejar el cannabis en un mercado negro en manos de las mafias” sentencia Morcillo, quien destaca la necesidad de llevar a cabo “una regulación desde un punto de vista integral” en cuanto al consumo, producción y distribución, y “a todos los niveles” desde el autoconsumo y el consumo compartido (clubes de fumadores), hasta su uso medicinal, pasando por los “canales de distribución”.

La portavoz Gemma Lago destaca que el debate constituye “un diálogo necesario entre la sociedad, organizaciones y partidos políticos“. “Queremos tener voz y poder incidir en el proceso de regulación para así poder cambiar la manera en la que se ve esta parte de la ciudadanía y empoderarla”. La portavoz ha incidido en que para poder dar una respuesta adecuada los partidos políticos deben “entender los derechos humanos y civiles de los usuarios de cannabis”. Como ejemplo tienen logros que “corresponden a una gran movilización social” como la Ley del Aborto o el Matrimonio Homosexual.

Desde la plataforma afirman que “intentan” mantener contacto con todas las plataformas políticas y sus líderes, aunque matizan hay diferentes posturas. “Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida llevan la regulación en sus programas electorales, la última lleva muchos años reclamándolo. El PSOE habla de abrir un debate necesario y tenemos relación con algunos sectores del PP, pero su postura es contraria”.

Bernardo Soriano, miembro de la Comisión Jurídica de la plataforma, ha querido “transmitir un mensaje no derrotista al movimiento cannábico” dadas las últimas sentencias judiciales (484/2015) contra “las que se ha presentado un incidente de nulidad y se plantea presentar un recurso de amparo”.

Al acto han acudido miembros de la comunidad universitaria como Araceli Manjón-Cabeza, Secretaria General de la Universidad Complutense de Madrid y Directora de la Cátedra Extraordinaria Drogas Siglo XXI, quien ha manifestado la idoneidad de la regulación “entendida como control por parte del Estado, no una barra libre”. “La legislación actual a nivel mundial ha sido un fracaso con consecuencias como el aumento del crimen, el poder de las mafias y la circulación de sustancias venenosas“, y advierte que “España ha sido un país tradicionalmente progresista con la legislación en torno a la droga, ni siquiera en la dictadura su consumo era delito, pero hoy hay una tendencia, con medidas como la Ley de Seguridad Ciudadana, que va a contracorriente del resto del planeta” en referencia a los avances conseguidos en Uruguay o en territorios de Estados Unidos como Colorado.

Manuel Guzmán, Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid, ha estudiado durante más de 20 años los efectos del cannabis en el organismo y aboga por “utilizar el tema de una manera abierta” enfocándolo en su uso medicinal. “El cannabis se ha usado durante muchos siglos, pero su explosión ha sido en los últimos 20 años con avances científicos que respaldan su uso con fines terapéuticos”. “El cannabis medicinal está muy por encima del nivel de los curanderos o hechiceros como para merecer la misma respetabilidad de algunos fármacos que consumimos a diario”, sentencia.

Una usuaria del cannabis con fines terapéuticos, Carola Pérez, miembro del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, explica que el cannabis le ayuda con sus “dolencias después de haber probado todas las medidas de la medicina tradicional”. Aunque “dolencias” parece un eufemismo para el padecimiento de quien ha tenido 11 operaciones de espalda y sufre dolor crónico neuropático y fibromialgia. Denuncia que “los enfermos estamos viviendo una situación incomprensible” ya que “el mercado negro hace que seamos víctimas de la picaresca y nosotros queremos que el cannabis sea como cualquier otro tratamiento médico y tenga unos controles“.

En cuanto al impacto económico que podría tener la regulación en España admiten que “aún no tenemos el informe oficial” aunque están inmersos en su elaboración con una extrapolación de los datos obtenidos en Colorado (EEUU) junto con otros parámetros, como el gasto de la población reclusa, para el caso concreto de nuestro país, pero con una primera aproximación dicen que “rondaría los 800 o 900 millones de euros de recaudación”.

 

Info: El Mundo

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El Cannabis entra en campaña electoral

Hoy la Plataforma Regulación Responsable ha realizado, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la rueda de prensa de presentación de la iniciativa por una “Regulación integral del Cannabis en España” con el lanzamiento de la campaña para estas elecciones generales.

Podéis seguirla en los hashtags #Yavasiendohora y #Regulacion20D dónde encontraréis todas las novedades.

Una propuesta que propone acabar con el fracaso estrepitoso del modelo actual y que nos obliga a buscar alternativas más sensatas y pragmáticas en el ámbito de la salud pública.

Una propuesta que nace de la sociedad civil involucrada en dar respuestas a la situación que viven hoy miles de personas usuarias y promover el cambio legislativo necesario para acabar con el paradigma actual en el ámbito de drogas y de la salud en general, fundamentándonos en los Derechos Humanos, la convivencia y la coherencia.

Hemos oído hablar muchas veces a los partidos políticos que abordarían esta situación, pero los años pasan y la situación cada día empeora más.

Regulacion Responsable presentó el pasado 24 de Octubre el documento “Los 5 pilares del Cannabis” que conforman la base ideológica de la organización, y la propuesta para asentar las bases en instituciones y partidos políticos, que culminen con la Regulación en 2017, fecha clave para la organización.

La rueda de prensa realizada hoy ha contado con la participación de Ramón Morcillo, Gemma Lago, Bernardo Soriano y Carola Pérez representantes de la plataforma, y con el respaldo de dos importantes voces en el mundo de la lucha antidrogras y de la investigación en el cannabis medicinal.

Araceli Manjón-Cabeza:Exdirectora de gabinete de Plan Nacional sobre Drogas.
Directora de la cátedra Drogas Siglo XXI. Universidad Complutense de Madrid, Profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid

Manuel Guzmán
Catedrático de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad Complutense de Madrid Prestigioso investigador español reconocido a nivel internacional, pionero en la investigación de los cannabinoides como agentes antitumorales. Parte del comité científico de la Asociación Internacional para los Medicamentos Cannabinoides (IACM) y es portavoz del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), voces que se unen en un reclamo conjunto de regular las vías de acceso, con especial atención al cannabis terapéutico.

Es una prioridad proteger la salud de las personas usuarias, reduciendo riesgos, salvaguardar a los menores, a la juventud y a los colectivos vulnerables, regularizando el cultivo y el transporte, con un pilar transversal imprescindible para el cambio de paradigma que abogamos consistente en la educación por un consumo responsable.

Los representantes de la Plataforma afirman que la sociedad española ya ha dado y sigue dando muestras de madurez como para abordar una regulación integral del cannabis en esta próxima legislatura. El cambio sociológico ya se ha dado y la legislación actual no responde a los retos que como sociedad tenemos en la actualidad con el tema del cannabis.

A nivel internacional se van dando pasos en esa misma dirección en muchos países, incluido EEUU, paradójicamente impulsor del actual status legal del cannabis. Por eso queremos instalar el debate del Cannabis en la campaña electoral y conocer el posicionamiento de los candidatos sobre el Cannabis, con el objetivo de establecer nuestra intención de voto a un gobierno que escuche a la sociedad civil y no la observe como un colectivo inmaduro que tiene que proteger y castigar por sus libres decisiones.

El Cannabis entra en campaña electoral porque apostamos por el empoderamiento de todas las personas y el respeto a su libertad de decisión. No podemos seguir dando la espalda a una realidad social, estamos preparados, tenemos la propuesta y ya es hora de abrir el debate, consensuar y regular.

La fecha: 2017 Regulación del Cannabis

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Cartel de Campaña #Regulacion20D