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“Hacia una regulación del cannabis”

Cuestiones jurídicas y practicas sobre los clubes sociales de cannabis

El día 3 de junio, se celebrará en la facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, una jornada de formación dirigida a juristas y una ponencia pública Organizado por CERCA (Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía) y la plataforma Regulación Responsable, está dirigida por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología.

El objetivo de la jornada es el ofrecer formación a juristas en activo sobre diferentes aspectos relacionados con la legislación y la política relacionada con los CLUBES SOCIALES DE CANNABIS, tanto en Andalucía como a nivel estatal, así como la configuración y gestión de esta actividad.

La metodología del taller será PARTICIPATIVA, adaptándose a las necesidades de las personas asistentes en función de las demandas que vayan surgiendo durante las discusiones. Al finalizar la sesión, se organizará un DEBATE entre las personas asistentes con objeto de analizar el contexto jurídico que se abre ante las sentencias del Tribunal Supremo y las posibilidades de reformulación del modelo de club social de cannabis en la situación actual.

La jornada contará con las ponencias de distintas personalidades relacionadas con la materia:

Constanza Sánchez, doctora en Relaciones Internacionales de la fundación ICEERS

Juan Muñoz, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Xavier Arana, investigador doctor del Instituto Vasco de Criminología

Antonio Martin, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Málaga

Rafael Ramos, abogado especialista en cannabis

Leandro García, presidente de FACSUR

El precio del seminario (200€) incluye un paquete de documentación en papel y formato electrónico y un almuerzo de trabajo.

Para más información: regulacionandalucia.org/

 

La PONENCIA PÚBLICA se concentrará en discutir y generar conocimiento sobre aspectos jurídicos relacionados con el cannabis, dirigidos a crear consenso y aportar argumentos científicos que avalen una REGULACIÓN INTEGRAL del cannabis.

Se pretende desarrollar una mesa temática para discutir los avances en la jurisprudencia sobre cannabis y poder ofrecer herramientas conceptuales que permitan afinar la regulación integral del cannabis.

 

 

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Manifiesto de apoyo a la Asociación Pannagh.

Tras la sentencia nº 788/2015 de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, por la que se condena a cuatro miembros de la Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh a penas de prisión y cuantiosas multas por un supuesto delito contra la salud pública, las personas y entidades firmantes queremos manifestar:

• Tal y como quedó acreditado en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Bizkaia, y como se recoge en la sentencia absolutoria dictada por la misma, Pannagh es una entidad “legalmente constituida”, cuyos miembros son personas “mayores de edad”, “debidamente identificadas”, y todas ellas “eran consumidoras de cannabis”.

En aplicación de sus estatutos y para lograr el “acceso a cannabis con garantías de calidad sin vulnerar las disposiciones legales aplicables al caso”, “se estableció y se aceptó por los socios la actividad de cultivo para consumo privado”, que incluía “medidas de control para evitar la difusión de la sustancia producida a terceras personas”, difusión que no se ha acreditado que sucediera nunca. Los socios pagaban una “cuota proporcional destinada a cubrir los gastos propios de la asociación y del cultivo”, sin que exista indicio alguno de desvío del dinero a otros fines, de enriquecimiento, ni de que Pannagh pudiera haber servido de “cobertura formal” para la venta de cannabis a terceros. También se ha probado que el cannabis incautado estaba destinado exclusivamente al consumo de los miembros de la propia asociación.

• Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo altera el relato de los hechos probados para concluir la existencia de delito. El principal argumento es que, aunque el cannabis producido por Pannagh nunca fuera entregado a personas no socias, existe un riesgo potencial de difusión de la sustancia a personas ajenas a la asociación por parte de los socios. Es decir, los cuatro miembros de Pannagh son condenados a prisión por actos que, de haber sucedido –lo cual no está acreditado-, habrían sido cometidos por otras personas sin su conocimiento ni autorización, lo cual es claramente injusto. Además, al presidente y a la secretaria se les imponen multas de 250.000 euros, una cantidad desproporcionada teniendo en cuenta que se considera probado que no intentaron enriquecerse.

• La Sala 2ª del Tribunal Supremo aprecia la existencia de un “error vencible de prohibición”, es decir, reduce las penas en un grado al considerar que los condenados podían tener motivos para creer que sus acciones no constituían delito, pero a la vez se niega a absolverles afirmando que no hicieron lo suficiente para salir de su error. La sentencia afirma que “tenían la carga de verificar la licitud de la actividad que se proponían desplegar, de tomar conocimiento sobre si la conducta se hallaba en consonancia con el orden jurídico” y que se comportaron con imprudencia al actuar “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada”. La Sala considera que los acusados “no hicieron nada por superar ese error”, “huyeron de mecanismos que habrían logrado disipar dudas”, “se cuidan de ocultar la producción de cannabis y su distribución entre los socios”, y añade que “muchos datos inclinan a pensar en una actitud muy próxima a la relativa indiferencia”.

Sin embargo, lo cierto es que las actividades de la asociación Pannagh han sido objeto de reiteradas resoluciones judiciales que han afirmado su licitud penal, destacando el Auto nº 218/2006 de la Audiencia Provincial de Bizkaia y el Auto nº 377/2012 de la de Álava, habiendo sido en ambos casos devuelto a Pannagh el cannabis incautado. Esas resoluciones han sido ampliamente difundidas a través de los medios de comunicación y son, por tanto, del público conocimiento, igual que las propias actividades de Pannagh, que han sido sido claramente toleradas durante años por distintas instituciones públicas. No cabe, por tanto, hablar de “infundada esperanza”, sino más bien de una convicción bien fundamentada, compartida incluso por distintos tribunales de justicia.

También es conocido que entre las actividades llevadas a cabo por Pannagh se encuentran iniciativas de solicitud de amparo promovidas ante diversas instituciones, como el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) o el Parlamento Vasco, a causa de la inseguridad jurídica en la que se encuentran este tipo de entidades. Estas iniciativas, desarrolladas junto con otras asociaciones, dieron lugar a la organización de un Foro por parte del Ararteko en 2011, y a la creación de una ponencia en el Parlamento Vasco en 2012. Difícilmente se puede hablar de “indiferencia”, o de que los acusados y el resto de Pannagh no hicieran nada por salir de su error.

Además, tampoco es creíble que se intentaran ocultar las actividades de cultivo de Pannagh cuando su presidente, Martín Barriuso, ha dado a conocer el modelo de funcionamiento de su asociación y de los llamados Clubes Sociales de Cannabis en muy diversos foros, instituciones y medios de comunicación de diversos países, habiendo sido invitado para ello, entre otras instituciones, por la Comisión Mixta de Drogas de las Cortes españolas, la Presidencia de la República del Uruguay, la Asamblea de la República de Portugal, y la Comisión Europea.

Por todo ello, las personas y entidades firmantes reclamamos públicamente que se remedie lo antes posible la injusticia cometida con esta sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo.

Enero de 2016

Firma el manifiesto de apoyo

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Nota de prensa asociación de usuarios de cannabis Pannagh

En la mañana de hoy han comparecido en Bilbao representantes de la Asociación de Usuarios de Cannabis Pannagh para realizar una valoración de la reciente sentencia condenatoria dictada contra cuatro de sus miembros por parte de la sala 2ª del Tribunal Supremo. Durante el acto, el presidente de este colectivo, Martin Barriuso (uno de los cuatro condenados) ha comparecido junto con Celina Pereda (ExDirectora de Drogodependencias del Gobierno Vasco), Mikel Isasi (Apoderado en Juntas generales de Bizkaia por Podemos y socio de Pannagh), Josu Unanue (Portavoz de EH Bildu en las JJGG de Bizkaia), Ramón Morcillo (Presidente Plataforma Regulación Responsable), Elsa Pamparacuatro (Apoderada en Juntas generales de Bizkaia por Podemos), Paul Nicholson (Afiliado de ENE Bizkaia y de Via Campesina), Caemen Muñoz (Concejal de Udalberri en el Ayuntamiento DE Bilbao), Sergio Campo (Miembro de Gorripieda y Udalberri), Fernando Atxa (Representante de Ezker Anitza), Montse Marañón (Sindicalista de ESK), Urki Goñi (Representante de EHKEEF).

Barriuso ha querido comenzar su intervención exponiendo que el juicio y la sentencia de la Audiencia Provincial dejaron probado que Pannagh es una asociación legalmente constituida que llevaba a cabo un cultivo en circuito cerrado, destinado al uso privado de sus socios y socias, sin que hubiera transmisión a terceras personas ni ánimo de lucro.
En esta línea Barriuso quiso denunciar que “la sentencia del Supremo altera este relato de los hechos y condena a los cuatro miembros de Pannagh en base a afirmaciones que contradicen claramente los hechos probados, algo que no cabe en un recurso de casación. Además, hay numerosos errores materiales”.

En palabras de Barriuso, uno de los argumentos esgrimidos por el Tribunal para condenar a Pannagh es la supuesta falta de control del cannabis. “Nos condenan supuestamente por el peligro de que alguno de nuestros socios pueda desviar su cannabis a terceras personas no asociadas, pese a que en ningún momento se ha demostrado nada de esto. Así se nos condena por actos que, si hubieran sucedido, cosa de la que no hay indicio alguno, habrían sido cometidos por otras personas, y por supuestos riesgos provocados por actividades que no hemos decidido nosotros/as. Se nos trata como los jefes cuando ha quedado probado que éramos los empleados”.

En esta misma línea Barriuso ha querido expresar los innumerables errores jurídicos y de forma que presenta la resolución. Entre otras cosas, la multa que han recibido tanto él como la secretaria de la organización, de 250.000 euros cada uno, se ha calculado en base a datos falsos y cálculos erróneos. ”La multa tendría que ser un 30% menos solo con hacer las operaciones aritméticas correctamente. Si se hubieran usado los datos correctos, podría haberse reducido a una décima parte. Los 250.000 euros de multa a cada uno nos suponen la ruina total y la insolvencia a perpetuidad. Se nos condena a la pobreza sin que haya indicios de enriquecimiento”.
En cuanto a la sentencia en sí ,el presidente de Pannagh ha querido recalcar que “el texto de la sentencia es una copia prácticamente literal de las sentencias previas de este Tribunal de dos asociaciones de cannabis: Ebers y Three Monkeys, reproduciendo incluso datos relativos a estas asociaciones como hacer referencia a sus estatutos, como si estos fueran de Pannagh. El Supremo se niega a absolvernos por cuestiones sobre las que no se les ha preguntado siquiera, ya que no se plantearon durante el juicio y no ha habido ninguna vista posterior. Se prescinde de datos fundamentales aportados a la causa y que son relevantes para la defensa, obviando completamente los reiterados precedentes judiciales favorables con que contábamos y las diversas iniciativas de solicitud de amparo que había llevado a cabo Pannagh ante distintas instituciones, como el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) y el Parlamento Vasco. Finalmente, hay que destacar que de este supuesto delito no hay víctimas ni daños, ni nadie nos denunció. No molestábamos a nadie que no sean los profesionales de la represión y la prohibición a ultranza”, concluyó Barriuso.

Todos los presentes coincidieron en recalcar que se trata de una sentencia claramente política. En palabras de Ramón Morcillo, portavoz de la plataforma Regulación Responsable “el objetivo de esta sentencia es frenar el movimiento de los Clubes Sociales de Cannabis. Se pretende acallar a base de miedo y represión un movimiento social pacífico y democrático que defiende aspiraciones legítimas, compartidas por una mayoría de la sociedad en el estado español. A los miembros de Pannagh se les condena con especial dureza por su labor política, por servir de modelo para la transformación de unas políticas de drogas caducas, injustas e ineficaces. Les condenan de forma desproporcionada para que a nadie se le ocurra seguir su ejemplo”.

Celina Pereda, ex Directora de Drogodependencias del Gobierno Vasco, ha querido subrayar la colaboración y el trabajo realizado por la asociación Pannagh, junto con otras muchas organizaciones como EUSFAC, en la consecución de objetivos comunes. “Asociaciones como estas llevan dos décadas colaborando con instituciones para la búsqueda de objetivos comunes tales como la prevención o la reducción de daños. Es incomprensible que precisamente aquellos que trabajan en alternativas factibles para la consecución de los mismos objetivos que perseguimos desde las instituciones sean perseguidos y condenados de forma tan brutal”.

Para concluir, Barriuso comentó que están trabajando, con la colaboración de numerosos juristas de peso, en agotar todas las vías jurídicas posibles. Primero se presentará un incidente de nulidad ante el Supremo para continuar con recursos al Tribunal Constitucional y al de TEDH de Estrasburgo. También anunció que se está estudiando la presentación de mociones en diferentes Ayuntamientos e Instituciones con el apoyo de diferentes fuerzas políticas. Asimismo se prevee la presentación de escritos de protesta en las embajadas de España en diferentes países.

Desde Pannagh queremos agradecer el enorme apoyo social, político e institucional recibido en estos días. Para recibir nuevos apoyos, Pannagh ha publicado un manifiesto que está disponible para firmar en la web www.pannagh.org. Entre las primeras adhesiones recibidas cabe destacar la del ex ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) Iñigo Lamarka y la del portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Koldo Martínez, entre otros. Asimismo en RRSS el apoyo recibido es enorme como muestra la campaña de twitter @HablaelActivismo y #YoSoyPannagh, las cuales han conseguido ser Trending Topic.

Atentamente

JD Pannagh

En Bilbao a 14 de enero de 2016

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La relevancia penal de los clubes sociales de cannabis

La sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 7 de septiembre 2015 ha planteado y resuelto la relevancia pena de los clubes sociales de cannabis.

Los clubes sociales de cannabis son asociaciones de personas mayores de edad consumidoras de cannabis que pretenden la auto organización de su consumo con los objetivos de desvincular el consumo de drogas del tráfico u oferta ilícito, mediante la gestión por los propios consumidores del ciclo completo de producción y distribución del cannabis entre sus asociados. Inicialmente este modelo surgió como un programa de reducción del riesgo en el ámbito de un modelo prohibicionista, que no castiga penalmente el consumo y solo se prohíbe el consumo en lugares públicos. Pero una vez asentado se ha planteado como un sistema alternativo de producción y abastecimiento legal que se puede llevar a cabo junto a modelos de venta controlada. Continuar leyendo..Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología

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La plataforma Regulación Responsable quiere expresar su rechazo y malestar ante la sentencia del Tribunal Supremo

El tribunal supremo afianza la estrategia coercitiva e inmovilista con la sentencia condenatoria a la histórica asociación de personas usuarias de cannabis “pannagh”. este nuevo pronunciamiento, el tercero de la sala de lo penal del ts en tres meses, confirma el retroceso y estancamiento de estado español en cuanto a la defensa de derechos fundamentales, alineándose con estrategias caducas para una realidad social que demanda alternativas más justas y eficaces.

La plataforma Regulación Responsable quiere expresar su rechazo y malestar ante la sentencia emitida por el Tribunal Supremo condenando a 4 representantes de la asociación bilbaína Pannagh a penas de cárcel y multas económicas que ascienden al medio millón de euros. Esta nueva sentencia continúa con la línea restrictiva de dos pronunciamientos previos del mismo Tribunal, emitida este mismo otoño, con las que se confirma la postura de Estado español en cuanto al enfoque de sus políticas de drogas. Así, parece, que tras dos décadas de tímido avance en este campo, en los últimos años, el estado español se ha alejado de las nuevas tendencias que abogan por una mayor profundización del debate y por permitir propuestas alternativas para alcanzar objetivos como el debilitamiento del mercado negro de drogas en el Estado español, algo que nuestras instituciones no son capaces de erradicar.

Esta sentencia política llega además en un momento en el que el escenario Internacional está apostando con más firmeza que nunca por una nueva lectura de la realidad de este fenómeno de las drogas. En el próximo mes de abril se celebrará la reunión extraordinaria de la UNGASS en Nueva York, en la que muchos países latinoamericanos acudirán con las exigencias de terminar con la vía represiva en la guerra contra las drogas, la cual se ha demostrado ineficaz y causante de muchos más problemas que los que intenta solucionar. Experiencias de países de América como EEUU, Canadá, Uruguay, Chile o Colombia ya están apostando por priorizar en sus políticas los derechos fundamentales de las personas afectadas, así como las políticas de reducción de riesgos, y están además llevándolo a cabo junto con las organizaciones de la sociedad civil. El Estado español insiste en potenciar justo lo contrario.

Somos conscientes que la nueva legislatura va a provocar cambios estructurales en nuestro país y esperamos que estos lleguen también a una nueva reformulación de las regulaciones actuales sobre el cannabis. Una reformulación que no permita que asociaciones que precisamente son las que ofrecen alternativas, asociaciones que se autoorganizan para no tener que acceder a redes ilícitas, sean reprimidas con tal brutalidad, potenciando el estigma, la marginalización y la criminalización de sus iniciativas.

La respuesta constructiva de esta Plataforma para la reforma legislativa necesaria está en marcha y 2015 ha sido el año en el que hemos conseguido unir un bloque más que representativo de la parte de la sociedad civil. Desde RR estamos totalmente confiados en que el nuevo escenario político que puede y debe plantearse durante estas próximas semanas, sea el idóneo para poder entablar canales de debate y diálogo hacia una regulación integral del cannabis en el Estado español.

Exigimos un cambio de políticas, abogamos por una nueva regulación responsable del cannabis y queremos ser parte de ese proceso. #YoSoyPannagh #Yavasiendohora

 

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Comunicado de la Asociación Pannagh.

El Tribunal Supremo condena a cuatro miembros de Pannagh a penas de cárcel en una sentencia plagada de errores y contradicciones.

Además de las condenas de cárcel, impone multas de 250.000 euros, a pesar de considerar probado que no hubo enriquecimiento.

Frente a la acusación de “ocultar sus verdaderos fines”, los miembros de Pannagh recuerdan que cuentan con varios precedentes judiciales favorables y que han acudido a diversas instituciones públicas.

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia que absolvió a los miembros de Pannagh del delito de tráfico de drogas. Ahora, el Supremo los condena a penas de un año y ocho meses de cárcel y multas de 250.000 euros para el presidente y la secretaria, y de seis meses y un día en el caso de los dos socios que trabajaban en el envasado de la cosecha. El tesorero ha sido absuelto por una omisión de la Audiencia.

Para condenar a los otros cuatro acusados, los miembros del Supremo se basan en una argumentación plagada de errores y contradicciones flagrantes, y que además prescinde de datos fundamentales aportados a la causa y que son relevantes para la defensa. En opinión de Pannagh, se trata claramente de una sentencia política, destinada a desmantelar el movimiento asociativo cannábico, y basada en una visión totalmente distorsionada y desfasada de la realidad social del cannabis en el estado español.

Se dice que los condenados actuaron “alentados por la infundada esperanza de que su actuación podría ser tolerada o confiando en que algunos órganos judiciales pudieran acoger la tesis que propugna la irrelevancia penal de estos hechos”, olvidando el hecho de que las actividades de Pannagh ya fueron consideradas penalmente irrelevantes por la Audiencia Provincial de Bizkaia en 2006 (Auto nº 218/06) y por la de Álava en 2012 (Auto nº 377/12), habiendo sido en ambos casos devuelta la marihuana incautada. Por tanto, los hoy condenados no tenían una “infundada esperanza”, sino la certeza, basada en antecedentes judiciales, de que su conducta no era delictiva.

También se dice que hubo “ocultación de los fines reales de la asociación” e “indiferencia” ante la posible ilegalidad. Se ignoran así las iniciativas de solicitud de amparo promovidas por Pannagh ante diversas instituciones, como el Ararteko o el Parlamento Vasco, que entre otras cosas dieron lugar a la creación de una ponencia parlamentaria en éste último, a pesar de que tanto estas iniciativas como los autos de las Audiencias Provinciales constan en las diligencias practicadas durante la fase de instrucción y en las alegaciones presentadas por la defensa en la fase de recurso.

La nueva sentencia se limita a reproducir casi literalmente las dictadas con anterioridad contra las asociaciones Ebers, de Bilbao, y Three Monkeys, de Barcelona. La copia es tan literal que se llega a incriminar a los condenados por cuestiones que se supone figuran en los estatutos de Pannagh, cuando en realidad se refieren a las otras asociaciones condenadas. Lo más llamativo es que los verdaderos fines de Pannagh se detallan en los antecedentes de la sentencia y se puede ver claramente que en absoluto coinciden con lo que se dice luego en los fundamentos.

Este tipo de errores se repiten en varios puntos más, con el resultado de que el relato de los hechos queda seriamente alterado. Al tratarse de un recurso de casación, la nueva sentencia debe basarse en una nueva valoración jurídica de los hechos que se consideraron probados en la sentencia recurrida, hechos que no pueden modificarse. Sin embargo, los cambios introducidos son numerosos, decisivos y, sobre todo, contrarios a Derecho, lo que vulnera el derecho a un proceso con las debidas garantías. Además, se han introducido nuevas pruebas sin que haya habido una vista donde las partes puedan contrastarlas. Se condena a los miembros de Pannagh en base a, entre otras cosas, lo que se supone que sabían o a sus supuestas intenciones, cuestión que no se planteó en el juicio, y sobre la que el Supremo no ha oído a los acusados antes de condenarles, como exige la ley.

Como ejemplo de esas contradicciones, la sentencia del Tribunal Supremo habla de “falta de control y de los demás elementos exigidos jurisprudencialmente para los supuestos de atipicidad del pretendido consumo compartido”, mientras que la sentencia de la Audiencia Provincial dice que se “evidencia un control de la entrega de las sustancias y de la persona a quien se realizaba la entrega”, y que hay “un efectivo control tanto de los socios a los que se entregan la sustancia estupefaciente como de que las sustancias entregadas a cada socio se correspondían con la previsión de consumo del socio participe, control totalmente innecesario en la hipótesis de que no se tratara de un cultivo compartido”.

Otra contradicción llamativa se refiere a que entre los hechos probados en la sentencia de la Audiencia (que, recordemos, el Supremo no puede alterar) se dice que “se estableció y se aceptó por los socios, la actividad de cultivo para consumo privado”, y que la sustancia producida “estaba destinada al consumo de dichos socios conforme a los fines y reglas de Asociación y el acuerdo de los socios”. Incluso la fiscalía, en su recurso, reconoce que “la Asociación Pannagh puso en funcionamiento un sistema de cultivo de cannabis”. Sin embargo, asombrosamente, la sentencia del Supremo afirma rotundamente que “un reducido núcleo de personas organiza, y dirige la estructura asociativa; disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo,… y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios”. Con esto se falta al exigido respeto a los hechos probados, que, como se ha visto, dicen lo contrario: Fue la asociación Pannagh, que no es un “grupo indiscriminado” sino una entidad legalmente constituida con miembros claramente identificados, quien decidió crear tales estructuras y contrató a los ahora condenados para que las llevaran a cabo en calidad de empleados.

Los condenados han anunciado su intención de presentar un incidente de nulidad ante el Supremo, previo al recurso de amparo ante el Constitucional, ya que consideran que, entre otras cosas, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías y a la proporcionalidad en las penas. También han anunciado su intención de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si fuese necesario. Los miembros de Pannagh van a convocar en los próximos días una rueda de prensa junto con representantes del movimiento asociativo cannábico para valorar la sentencia y anunciar las iniciativas que piensan llevar a cabo para denunciar este atropello.

La asociación Pannagh quiere denunciar que se haya castigado a varios trabajadores de la asociación por actividades que, como se demostró en el juicio y así consta en la sentencia revocada, fueron iniciativa y responsabilidad de todos los miembros de Pannagh, conforme a sus estatutos y mediante acuerdo asambleario. Se ha acusado a cinco socios de asociación ilícita para luego descartar esta acusación, pero al final el Supremo ha ordenado el decomiso del dinero de las cuentas de Pannagh como si la asociación hubiese sido una mera pantalla de los acusados para cometer delitos, cuando en los hechos probados se afirma lo contrario.

Finalmente, desde Pannagh animamos a seguir luchando por un cambio en las políticas de drogas que acabe con la injusta situación actual, y a seguir impulsando el esperanzador debate sobre la regulación del cannabis que se está produciendo en buena parte del mundo, al que Pannagh ha tratado de contribuir desde su fundación en 2003.

Bilbao, 28 de diciembre de 2015
Asociación de Personas Usuarias de Cannabis Pannagh
pannagh2015@gmail.com

 

Pannagh

Condenados los responsables de una asociación de cannabis Pannagh

La Sala II del Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que condena al presidente, una vocal y dos socios de la Asociación de Usuarios de Cannabis ‘Pannagh‘, de Bilbao, por un delito contra la salud pública. La pena para los dos primeros es de 1 año y 8 meses de prisión, y para los dos segundos de 6 meses de prisión, y a una multa que asciende a los 250.000€ .

De esta forma, el Supremo revoca la absolución dictada para los cuatro por la Audiencia de Bilbao, al estimar parcialmente un recurso de la Fiscalía.

La resolución sigue la línea establecida por el Pleno de la Sala en sentencia de septiembre de 2015 (referida a la asociación Ebers, también de Bilbao) y subraya que el cultivo y distribución organizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis, entre un colectivo como el de la asociación Pannagh, de más 300 miembros y abierto a nuevas incorporaciones, colma las previsiones del delito contra la salud pública previsto en el artículo 368 del Código Penal, y no encaja en un supuesto de cultivo compartido no punible.

Por otro lado, el alto tribunal confirma la absolución de los acusados por los delitos de asociación ilícita y grupo criminal, de los que también les acusaba la Fiscalía.

Pannagh recurrirá al tribunal constitucional y a Estrasburgo si es preciso, Martin Barriuso en declaraciones a Eitb, asegura “ vamos a seguir luchando hasta el final con la cabeza bien alta, porque no somos traficantes, ni delincuentes” .

 

Info: http://www.eitb.eus/es/

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El supremo condena a prisión a los responsables de un club de cannabis por delito contra la salud pública

El Tribunal Supremo ha condenado al presidente, al secretario y al tesorero de la asociación Three Monkeys España a ocho meses de prisión a cada uno por un delito contra la salud pública. La Sala de lo Penal estima así parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que les absolvió de los delitos de asociación ilícita y contra la salud pública.

La sentencia anulada decía que los hechos declarados probados no constituyen delito porque en el local de la Asociación no se vendía indiscriminadamente la marihuana y el hachís, sino que exclusivamente se vendía a los socios y que, por otra parte, no les guiaba el ánimo de lucro.

La Sala de lo Penal afirma que en el supuesto analizado “un reducido núcleo de personas organiza y dirige la estructura asociativa. Disponen y preparan toda la intendencia, abastecimiento, distribución, control, cultivo, y ponen tales estructuras al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios que se limitan a obtener la sustancia previo pago de su cuota y de su coste”. Eso, subraya la sentencia, es facilitar el consumo de terceros y, además, hay distribuidores frente a simples consumidores receptores.

De acuerdo con el caso resuelto en sentencia por el Pleno Jurisdiccional el pasado 8 de julio, reitera que la actividad desarrollada por los clubs sociales de cannabis, asociaciones, grupos organizados o similares no será delito cuando consista en proporcionar información, elaborar o difundir estudios, realizar propuestas, expresar de cualquier forma opiniones sobre la materia, promover tertulias o reuniones o seminarios sobre esas cuestiones.

La sentencia señala que sí traspasa las fronteras penales la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, acopio, o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tóxica o estupefaciente o sustancia psicotrópica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirientes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar; también cuando la economía se limite a cubrir costes.

Asimismo, la Sala Segunda argumenta que no se trata de imputar a los responsables de la asociación el mal uso por parte algunos socios o el incumplimiento de sus compromisos o el hecho de que un socio haya entregado a persona no consumidora parte de la sustancia; o si la vende traicionando sus obligaciones asociativas.

Sin embargo, indica que “sí son responsables de crear la fuente de esos riesgos incontrolables y reales cuando se manejan esas cantidades de sustancia que se distribuyen a 290 personas cuyas actitudes o motivaciones no pueden fiscalizarse“. Asimismo, destaca que “no puede convertirse una asociación de esa naturaleza en una suerte de cooperativa de distribución de la sustancia estupefaciente prohibida”.

La sentencia de la Sala de lo Penal incluye un voto particular del magistrado Joaquín Jiménez, partidario de absolver a los responsables de ‘Three Monkeys España’ por no existir dolo en su conducta.

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Los clubes de cannabis, contra las cuerdas

Como cada dos semanas, Jorge ha acudido hoy a su club de fumadores, en Madrid. Está a unos pocos metros de su centro de trabajo, y le une a sus dueños una relación de amistad fraguada a base de acudir puntualmente. Sale, como siempre, con dos pequeñas bolsas en el bolsillo: dos gramos de hachís y otros dos de marihuana, que consumirá en casa durante los próximos 15 días. “Fumo poco”, explica a La Marea. “Exclusivamente cuando puedo relajarme y por una cuestión de puro disfrute. Hay quien se toma una cerveza: yo me fumo un porro”. Pese a ese uso esporádico, sabe que en el momento que pone un pie en la calle con la droga toda la responsabilidad es suya.

Los clubes de cannabis comenzaron a proliferar en España hace 15 años, a raíz de una serie de resoluciones judiciales que reconocieron al autoconsumo compartido al amparo de la ley, siempre que no medie voluntad de tráfico, y amparándose en el derecho a la asociación recogido por la Constitución. En el club de Jorge, los socios aportan una pequeña cuota mensual (en su caso, cuatro euros). No todos fuman por disfrute: abundan los enfermos de cáncer y las personas que consumen por prescripción médica. Tampoco puede acceder cualquiera: la entrada está prohibida a menores de 25 años -antes eran 20-, y para ser socio se necesita un padrino. “Al ser un grupo cerrado de consumo responsable, debes entrar de la mano de alguien, respetar las normas y asumir que todo lo que hagas repercutirá en tu padrino, que es quien responde de ti”, explica Jorge.

El pasado mes de julio, una sentencia del Tribunal Supremo puso contra las cuerdas a este tipo de asociaciones. El pleno de la Sala de lo Penal condenó a la asociación Ebers de Bilbao por un delito contra la salud pública, y fijó para sus tres responsables penas entre tres y ocho meses de prisión. Previamente, la Audiencia de Bizkaia los había absuelto al entender que no buscaban un beneficio económico, sino que cultivaban y consumían juntos para no tener que acudir al mercado negro. La clave está precisamente en ese matiz: el autoconsumo compartido es legal, pero no contar con una estructura organizada de venta de droga. La sentencia del Supremo estima que los clubes han de estar constituidos por un reducido grupo, “identificable y determinado”, de usuarios habituales, evitar la promoción pública de su actividad y disponer de cantidades “mínimas y adecuadas” para su consumo “inmediato”, condiciones que, a su juicio, no cumplía Ebers.

El Tribunal Supremo se ha posicionado de manera muy conservadora”, explica Bernardo Soriano, abogado del despacho S&F y miembro de la plataforma Regulación Responsable. “No se tiene en cuenta la realidad social: las asociaciones cannábicas están muy consolidadas y no sólo no atentan contra la salud pública, sino que se reducen los riesgos, dado que el consumo queda restringido al ámbito privado y no se publicita”. Para Soriano, todo forma parte de una “campaña orquestada” a tres bandas por el Partido Popular, la Fiscalía General del Estado y el Plan Nacional Sobre Drogas, que tiene más que ver con un posicionamiento ideológico que con la intención de atajar el problema y mejorar la situación de aquellos que quieren acceder al cannabis de manera segura. “La legislación española es totalmente incoherente”, denuncia Soriano. “El consumo no es sancionable, pero para poder realizarlo siempre te vas a exponer, dado que la tenencia y el tráfico sí lo son. El resultado es que cualquier usuario está totalmente desprotegido y al margen de la sociedad”.

Fumar para aliviar el dolor

Entre los más desprotegidos, aquellos que consumen cannabis por prescripción médica. “Estamos muy preocupados”, señala Carola Pérez. Es la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, y lleva a sus espaldas 11 operaciones por culpa de un accidente que sufrió a los 11 años. Hoy tiene 35, y la marihuana la ha ayudado a sobreponerse al incesante dolor que sufre desde entonces. “Es durísimo ver que los enfermos y enfermas no tenemos ningún tipo acceso seguro al cannabis. A diferencia de los usuarios lúdicos, no lo consumimos por gusto, sino por necesidad, como un medicamento y bajo supervisión médica. Ahora vemos peligrar la única vía de acceso estable, sin que la administración nos facilite otra posibilidad de acceso. Me preocupa enormemente saber qué va a ocurrir con todas aquellas personas que no pueden continuar su tratamiento”.

Para Soriano, la doble moral de los gobernantes parece perseguir que la venta de cannabis “vuelva a las calles, las plazas y los parques, en lugar de realizarse de manera controlada en las asociaciones”. En ese sentido, desde Regulación Responsable se muestran convencidos de que las cosas no tardarán en cambiar. “Tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, y parece que no va a gobernar el PP o, al menos, no con con mayoría absoluta. Todos los grupos se han posicionado a favor de hacer un amplio debate para consensuar una propuesta integral de regulación”.

Y es que, para muchos como Jorge, Carola o Bernardo, la regulación es el único camino. “La criminalización del cannabis arrancó en los años 60 con tres premisas principales”, explica Soriano: “que hubiera menor posibilidad de acceso, menos demanda y menos adulteraciones. Medio siglo después no sólo no lo han conseguido, sino que se ha empeorado en las tres premisas. Por eso son cada vez más las voces que a nivel internacional abogan por una regulación”.

Según datos del Informe Europeo sobre Drogas, se calcula que casi 80 millones de europeos entre 15 y 65 años (un 23% de la población) han consumido cannabis en algún momento de sus vidas. En España, la última encuesta del Plan Nacional Sobre Drogas puso de relevancia que la percepción de los peligros del cannabis va en importante retroceso, y cifró en más de cuatro millones el número de consumidores en nuestro país. Las asociaciones quieren hacer énfasis en que dicho consumo puede realizarse por parte de adultos y de una manera responsable, y quieren poder hacerlo con todas las garantías. Sin embargo, por el momento seguirán fumando con una constante sensación de inquietud.

CROWDFUNDING RR

Tu apoyo es fundamental, entre todos podemos cambiar esta realidad, el cambio esta en marcha!!!

Amigas y amigos,

habida cuenta de la resolución condenatoria del TRIBUNAL SUPREMO (TS) hacia la Asociación de Usuarios de Cannabis EBERS de Bilbao (Bizkaia), que les ha sido notificada a los imputados recientemente. Desde la plataforma estatal REGULACIÓN RESPONSABLE (RR), nos ponemos en contacto con todas las personas que como tu os puede preocupar esta situación, para transmitiros que nos hemos responsabilizado desinteresadamente para proceder a poner en marcha logísticamente una campaña de crowdfunding (micromecenazgo- cuestación popular), que recaude a contrarreloj, los recursos necesarios para poder llegar a financiar un recurso de amparo ante el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC), toda vez, que la propia resolución condenatoria, legalmente, pueda ser objeto de recurso en el plazo de un mes desde su notificación formal.

El objetivo de esta comunicación, es el de sensibilizar a todas las asociaciones, personas jurídicas y personas físicas, vinculadas de alguna manera más o menos directa con nuestro sector, a fin de que contribuyáis en la medida de vuestras posibilidades económicas con la iniciativa de financiación crowdfunding puesta en marcha por parte de RR.

Sabemos que no son buenos tiempos para aportar dinero desinteresadamente, que todas las personas tendréis (tenemos) problemas para subsistir, pero en el presente caso, resulta de vital transcendencia realizar por parte de todas nosotras, más que nunca, un esfuerzo y llegar a obtener la cifra que requiere la financiación del recurso ante el TC, habida cuenta, que la realización del mismo, deberá elaborase contrarreloj por un despacho profesional de abogados experto en Derecho Constitucional, y todo ello, tendrá un coste presupuestado de 15.000 euros (Quince mil euros) más o menos (quedan pendiente flecos como el IVA, procuradores etc…).

Nos resulta algo violento realizar este llamamiento, pero no tenemos otra alternativa, sabemos que muchos de los que estaréis leyendo esto no conocemos de nada a las personas condenadas de la asociación EBERS, que cada uno tenemos en nuestra propia casa nuestros propios problemas (imputaciones…juicios, incautaciones, etc.) pero todos y todas somos conscientes, de la transcendencia absolutamente negativa que puede suponer para todos y todas sin excepción, tener una sentencia condenatoria firme del TS hacia una asociación de personas usuarias de cannabis. Máxime en el actual contexto jurídico-administrativo, en el que se está discutiendo la posibilidad de aprobar una regulación para los clubes sociales de cannabis por parte de las administraciones autonómicas, y nuestros “enemigos”, los sectores reaccionarios de la administración, capitaneados por la Fiscalía General del Estado y el Plan Nacional de Drogas (Ministerio de Sanidad del Gobierno del Gobierno Central) aprovecharían esta situación para darnos el “golpe de gracia” que tanto ansían desde hace tiempo, para proceder a ilegalizarnos ipso facto.

El llamamiento a la colaboración que realizamos desde RR, es absolutamente desinteresado y únicamente queremos realizar una campaña de sensibilización ante todas las personas usuarias o no, aporten a la cuenta de crowdfunding lo que buenamente se pueda, contribuyendo con responsabilidad y colaboración a una realidad social ahora amenazada.

Con el fin de facilitar la canalización efectiva de las aportaciones económicas, solicitamos (sin obligación vinculante real) que todos y todas vosotras, hagáis un pequeño esfuerzo, y aportéis la cantidad que queráis. Será bien recibida.

Únicamente, volver a señalaros, a fin de que lo tengáis en cuenta a la hora de actuar en conciencia con esta iniciativa, que el futuro de nuestras asociaciones (de todas!! Por encima de modelos y diferencias…), tal y como actualmente lo conocemos, y a falta de una regulación administrativa real, está estrechamente vinculado a la materialización del recurso de casación ante el TC, su admisión, y la posibilidad de obtener una resolución favorable en el Tribunal garante de la Constitución Española, que revoque de manera inmediata la injusta resolución dictada por el TS frente a EBERS.

Os queremos recordar, que tras la asociación condenada, existen a nivel del estado otras tres que pueden correr su misma suerte en el TS, toda vez que tienen pendientes de resolución, sendos recursos de casación, interpuestos por parte de la Fiscalía General del Estado ante sus resoluciones absolutorias de Audiencias Provinciales, de no ponerse remedio a esta situación, a través de la interposición del recurso de amparo, la asociación Pannagh de Bizkaia, entre ellas, que presidió nuestro compañero e histórico militante, Martín Barriuso, puede correr su misma suerte.

No se os solicitaría colaboración, si la Asociación de Usuarios de Cannabis EBERS fuese económicamente autosuficiente, pero desgraciadamente, la intervención del año 2011, hizo que su funcionamiento quedase cautelarmente suspendido por el Juzgado (suspensión que nunca llegó a levantarse. Un cierre judicial consolidado tras 4 años de proceso!!), sus finanzas embargadas, y para colmo de males, desde el despacho profesional de letrados que les ha realizado la defensa en la fase de instrucción, el procedimiento abreviado (juicio), así como en cuanto a la interposición del escrito de oposición al recurso de casación que la Fiscalía General interpuso en el TS frente a la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Bizkaia, se les solicita a (todos) los imputados (Junta Directiva y algunos socios imputados) unas cantidades económicas en concepto de honorarios, absolutamente desorbitadas, que han propiciado el consiguiente procedimiento judicial de jura de cuentas, ante su impago al día de la fecha, así como el cese efectivo de los letrados de la defensa para las actuaciones que pudieran realizarse ante el TC u otras instancias judiciales a efectos de recurso.

Este es el real panorama que tenemos sobre la mesa, una verdadera patata caliente, por lo tanto, como meros transmisores de la iniciativa de financiación que desinteresadamente ha puesto en marcha RR, os pedimos por favor vuestra comprensión y colaboración efectiva, por encima de diferencias ideológicas, que ante la presente situación quedan en un segundo plano.

A la espera de que el presente mensaje obtenga una máxima difusión global y efectiva entre todos los compañeros y compañeras, simpatizantes, etc. del territorio del estado , pudiendo llegar a realizar entre todos y todas una contribución que ayude a sufragar en parte los costes del recurso ante el tribunal constitucional, os remitimos un cordial saludo.

CROWDFUNDING
Plataforma Regulación Responsable
Entidad: Banco Sabadell
Cuenta: 0081 4131 2600 0115 0423
IBAN: ES21 0081 4131 2600 0115 0423
BIC: BSAB ESBB
CUENTA: 0081-4131-26-0001150423