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canda

ENTRADA EN VIGOR DE LA REGULACIÓN DEL CANNABIS RECREATIVO EN CANADÁ

17/10/2018

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¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?

Las recientes declaraciones del presidente del Gobierno al ser cuestionado sobre la necesidad de regular el cannabis en España vuelven a dejar a las claras que, de momento, esta cuestión no es una prioridad de este Gobierno, si no más bien un “problema”. Sánchez parece no tener una definición clara en este asunto, aunque el contexto internacional y los movimientos de esta industria empiezan a tocar a su puerta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado recientemente Canadá. Sánchez aprovechó su estancia en el país norteamericano para hacer diferentes paralelismos con la forma usada por Canadá para afrontar distintos problemas políticos, como el de la crisis catalana. Cuando se le consultó por la regulación del cannabis, que Canadá afrontará de forma integral y definitiva este mismo octubre, Sánchez no supo darle el mismo valor y contestó: “Estoy en lo que estoy. Tengo ya suficientes problemas”.

Parece evidente que la situación en la que el PSOE llegó al poder, unida al actual clima político y a la crispación social que vivimos estos días en el país, no han ayudado a que los desbordados líderes socialistas hayan podido pararse a reflexionar pausadamente sobre las denominadas prioridades de segundo nivel, entre las que se encuentra el tema del cannabis.

Ante esta situación, desde la sociedad civil queremos decir alto y claro que la regulación del cannabis, lejos de ser un problema, es una solución. Una solución ya debatida y experimentada en otros países con más voluntad política que el nuestro que pueden dar fe de la efectividad de este cambio de prisma. Una solución ya propuesta a las instituciones por diferentes iniciativas de la sociedad civil y una solución  ya debatida y desarrollada hasta en tres Comunidades Autónomas de nuestro país que tienen paralizadas sus regulaciones. Esa voluntad política, esa valentía que el PSOE ya ha demostrado en temas infinitamente más polémicos como ha podido ser la exhumación de los restos de franco, es el único ingrediente que necesita el ejecutivo de Sánchez para afrontar este “problema”. Además, cabe destacar que estos movimientos regulatorios no tienen color ni bandera, si no que gobiernos y partidos de izquierda y derecha comparten y entienden, también en nuestro país, la necesidad de caminar hacia una regulación, con la única oposición de la bancada popular.

Por todo ello, desde la Plataforma Regulación Responsable hacemos un llamamiento a la valentía y a la verdadera voluntad política de cambiar todos esos problemas por soluciones basadas en la salud, los derechos de miles de usuarios y el sentido común. Estamos seguros que afrontar estas cuestiones no restarán ni un ápice de importancia al resto de prioridades del Gobierno, y podrá decir que ha cambiado otro problema por una buena solución.

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REGULACIÓN RESPONSABLE PRESENTA EN BARCELONA SU PROYECTO DE LOBBY 2018-2020

La plataforma Regulación Responsable participó, el pasado 8 de marzo, en la Expogrow Business Barcelona. A primera vista podría chocar el ver una plataforma activista de la sociedad civil en un evento sustancialmente enfocado al negocio, pero precisamente esto motivaba su presencia. Los representantes de RR acudieron a la cita con el objetivo de presentar ante todos los asistentes, el proyecto de lobby político que su Asamblea General acaba de aprobar de cara a el período 2018-2020. Este proyecto, “el más ambicioso en lo político planteado por RR desde su fundación”, en palabras de su portavoz, necesitará por primera vez un empujón económico externo a la plataforma, y de ahí la necesidad de participar en un encuentro de estas características.

Regulación Responsable acaba de cumplir cuatro años desde su constitución. El pasado 2 de febrero la plataforma celebró su cuarta sesión de la Asamblea General en Madrid, donde los asistentes pudieron evaluar el trabajo y los objetivos logrados durante este primer ciclo de tres años y abordaron asimismo los retos que debían marcarse para el siguiente ciclo que se ha iniciado en 2018.

Después de un histórico 2017, donde esta plataforma ha participado y propiciado muchas de las iniciativas y pronunciamientos favorables a la regulación llevados a cabo en los 17 parlamentos autonómicos de España, y donde se ha conseguido mantener la batalla judicial con el Tribunal Supremo y Constitucional, tocaba dar un paso más.

Para Bernardo Soriano, portavoz de RR y encargado de la presentación del proyecto en Barcelona, “el objetivo de Regulación Responsable continúa siendo la necesidad de que se ponga en marcha cuanto antes la ponencia, impulsada por esta plataforma, para el estudio de la regulación del cannabis en el seno de la Comisión Mixta del Congreso y el senado para el Estudio del Problema de las Drogas”.

Pese a que ese es el objetivo primordial, acompañando a esta ponencia, o mientras ésta se pone en marcha “RR ha diseñado un grupo de trabajo, formado por cargos públicos, que prestará asesoramiento, aportará documentación técnica y publicaciones para enriquecer el debate a la par que proponer ponentes para este proceso. Este grupo, estará formado por diferentes cargos públicos, de todos los partidos políticos del arco parlamentario, que, de una forma u otra, han participado en esas iniciativas territoriales, o que entienden y demandan la necesidad de un cambio en las políticas del cannabis. Este grupo estará coordinado por Araceli Manjón y la Cátedra Drogas Siglo XXI de la Universidad Complutense de Madrid con quien RR hemos firmado un convenio”, concluía Soriano..

Así, este nuevo paso de profesionalización de la incidencia política para lograr el consenso en la cámara de cara a la próxima legislatura se cristaliziará mediante la dinamización de este grupo de trabajo legislativo apoyado por académicos y asesores internacionales que estudie, redacte e impulse una propuesta de Ley Integral del Cannabis desde la transversalidad y el consenso, para contar con las máximas opciones de que pueda salir adelante. El evento de presentación de este grupo, que pretende tener la propuesta prelegislativa para noviembre de 2019, será el próximo 6 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y contará con la asistencia de más de 35 políticos, además de representantes de Uruguay.

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COMUNICADO Y ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 2º SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL CASO EBERS “ …lleva inevitablemente a ….. nos vemos abocados por ello a una decisión absolutoria… la única salida viable es, así pues, la absolución. “

El pasado día 23 de febrero se nos notificó la segunda sentencia del Tribunal Supremo relativa al caso Ebers, consecuente de la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de la primera resolución condenatoria (484/2015 de 7 de septiembre), tras el recurso planteado por Regulación Responsable. La resolución fue esta vez absolutoria, una gran noticia sin lugar a dudas para el caso concreto, pero muy negativa para el movimiento de los Clubes Sociales de Cannabis, dado que el fondo de la misma es pobre y decepcionante.

Primeramente queremos felicitar a los ahora absueltos por este cambio de parecer del Tribunal que les afectará positivamente al pasar de una condena a una absolución, con todo lo que ello implica.

Antes de analizar esta reciente resolución, queremos hacer constar la nueva filtración de esta sentencia a la prensa. Una filtración previa a la notificación a la defensa de los acusados, práctica más que habitual (desgraciadamente) en este caso y en otros muchos, que deja patente la poca seriedad que por parte del Consejo General del Poder Judicial se le da al tratamiento de esta cuestión. Recordemos que ya sucedió en junio de 2015, cuando se filtró, tres meses antes de la notificación de la sentencia que inició este proceso (484/2015 de 7 de septiembre), la noticia de que la misma iba a ser condenatoria. El pasado mes de diciembre se volvió a realizar una filtración respecto de la sentencia en este caso del Tribunal Constitucional, que además fue tergiversada involuntariamente generando un flujo de noticias incorrectas muy notorio. Una vez más ha vuelto a ocurrir.

En cuanto a la sentencia en sí, cabe decir que se ha cumplido la expectativa más esperada según el criterio de distintos expertos. Tras la solicitud de volver a dar audiencia a la asociación bilbaína por parte del Tribunal Constitucional, se ha confirmado la absolución de la Audiencia Provincial de Vizcaya, pero por criterios completamente dispares en el fondo y la interpretación. La interpretación de la realidad social mostrada por el Tribunal queda del todo desfasada y frena la evolución y reinterpretación hecha en una primera instancia por la Audiencia de Bizkaia. Además queda patente el flagrante pesar mostrado por el Tribunal Supremo al tener que variar su criterio:

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Una vez más, el Tribunal Supremo pierde una oportunidad para hacer evolucionar la doctrina del consumo compartido con la variante del cultivo compartido y adaptarlo a la realidad social. Porque esto es posible, el Tribunal Supremo ya hizo evolucionar esta doctrina con respecto de ciertos usos de comprimidos de éxtasis en contextos de fiestas de fin de semana,  al considerar que no tendría que ser un requisito obligatorio el ser adicto y consumir a diario.

Además con la diferencia de que esta actividad social tiene una ventaja añadida, el hacer a los usuarios autosuficientes y no colaborar con redes ilícitas, como ya ocurre  ahora, cuestión que aunque no tiene trascendencia penal es a todas luces reprobable.

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En los recursos presentados ya se ofrecieron numerosos motivos para haber optado por otra resolución. Motivos que el propio Tribunal Supremo puso en valor, apreciando que la presentación del incidente de nulidad quedó lejos de ser un mero trámite. El Tribunal Supremo podía haber empleado esa ocasional versatilidad y relativa elasticidad en la interpretación y, en base a la realidad social existente, haber hecho evolucionar el derecho como hizo la Audiencia Provincial de Bizkaia, pero no fue así. Sin duda estamos ante un Tribunal Supremo que no tiene en cuenta esa realidad social y que últimamente emite resoluciones propias de tiempos pasados.

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Y sobre el fondo del asunto, en palabras del propio Tribunal… “…No hay nada nuevo …”

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 Parece que esta interpretación, reiteramos nada ajustada a la realidad social respecto del consumo de cannabis en España, es inmutable a ojos del Tribunal Supremo que da carpetazo a esta cuestión. De nuevo vuelve a lanzar la pelota al legislador, diciendo no afecta a sus competencias el interferir en este debate político. Esperamos que el legislador por fin la recoja el guante, y que la oposición al gobierno apoye las propuestas de la sociedad civil y presione para poner en marcha la Ponencia Parlamentaria en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el Estudio del Problema de las Drogas. Algo que llevamos tiempo demandando y que ya han planteado Unidos Podemos y el PSOE con sendas PNL´s, así como C´s declaró que estaría dispuesto a abrir el debate además de haber impulsado otra PNL para la regulación  del acceso al cannabis medicinal. Por otra parte, no podemos obviar que desde catorce Comunidades Autónomas se han planteado distintas iniciativas a favor del estudio de una regulación, e incluso dos leyes -una de ellas suspendida- (ILP Catalana – La Rosa Verda) y la otra ya anulada (ILP Navarra – Tu papel importa). Ahora más que nunca necesitamos activar la vía política 

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Pese a que el TS haga patente su intención de no interferir en la parte política, en fragmentos de la sentencia lleva a cabo estas interferencias, como veremos a continuación, la repetición del discurso oficialista que el PNSD, capitaneado por el señor Francisco de Asís Babín, ya empezó a transmitir el pasado mes de noviembre de 2017 en el primer congreso de rearme del prohibicionismo en Catoira:

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Autocultivo

 Pero no todo son sombras en esta sentencia. El TS vuelve a acercar el foco, como ya hiciera en la sentencia 484/2015, al hecho de que el autocultivo, pese a ser ilegal administrativamente, no tiene trascendencia penal, ya que el mismo no supone alteridad, dado que sólo se favorece el consumo propio. Asimismo el TS hace referencia de nuevo al hecho de que el cannabis es un estupefaciente con ciclo anual de cosecha, dando a entender que ese aspecto debe ser tenido en cuenta a la hora de un proceso judicial. ¿Qué estamos esperando entonces para regularlo debidamente de una vez? ¿Los derechos y la intimidad de cuántas personas han de ser violados para perseguir conductas no penales que entran dentro del campo de su estricta libertad y autonomía personal?, ¿Cuántos millones de euros tenemos que seguir despilfarrando persiguiendo el autocultivo?, ¿Hasta cuándo tendremos que seguir sobrecargando el sistema policial y judicial sin ningún sentido?. No regular debidamente el autocultivo estableciendo unos límites y normas claras a los que los autocultivadores podamos acogernos y no seguir con esta inseguridad injusta e incomprensible es una auténtica irresponsabilidad por parte de la administración.

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Cultivo colectivo

El Tribunal Supremo, al cerrar la puerta del funcionamiento clásico / teórico de los CSC´s, no es que abra una ventana, pero si un ventanuco, respecto del cultivo colectivo, indicando que los supuestos donde la doctrina de la “compra compartida” puede extenderse al “cultivo compartido” habrán de ser analizados concretamente, siendo clave el no promover el consumo ajeno, sino el propio y que aunque se trate de una actividad colectiva, no pueda haber estructuras puestas al servicio del consumo de terceros.

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¿Cabe recurso a Estrasburgo?

 Si esta ya es una jurisdicción complicada para que admitan un recurso, ante esta resolución  tenemos una nueva complicación, que el TC ha amparado y que el TS ha absuelto. En todo caso no es imposible aunque sí harto difícil. Actualmente estamos inmersos en un proceso de valoración y estudio con distintos juristas para valorar esta posibilidad  dado que a pesar de lo anterior, en la sentencia se sigue diciendo que se ha cometido un hecho lesivo (típico o antijurídico), cuando los imputados lo único que hacían era simplemente desarrollar su personalidad y su libertad sin dañar a nadie. Aclararemos este extremo en una intervención pública que convocaremos en próximas fechas.

Con todo esto sólo nos queda reiterar nuestro más firme convencimiento en seguir en la línea del trabajo de la incidencia política y las propuestas legislativas, como única vía para avanzar y poder implementar una regulación más justa con las usuarias y la sociedad en su conjunto.

Seguimos… #Regulacion2018.

 

 

 

 

En Madrid a 27 de febrero de 2018.

 

 

Comisión de Coordinación de Regulación Responsable.

 

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Publicación RR 2017: Controversias y Reflexiones para el debate de los pilares de regulación del cannabis

Por medio de este link, todos los que lo deseéis podréis descargar la publicación, realizada por David Pere, dentro de la Comisión Técnica.

Este trabajo pretende abrir nuevos debates y propiciar argumentos y puntos de discusión sobre el documento de los 5 pilares, base ideológica de nuestra plataforma.

Este documento no supone ningún cambio en el de los 5 pilares, el cual sigue siendo la base ideológica y consensuada por todos los miembros de RR, si no que pretende generar debates y controversias que puedan permitir avanzar y ahondar en algunas cuestiones técnicas.

Para descargaros este trabajo podéis realizarlo pinchando directamente en este enlace:

https://www.dropbox.com/s/t6wrarr03zuuquc/controversias-reflexiones-debate-pilares-regulacion-cannabis-DIGITAL.pdf?dl=0

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Reflexiones teóricas de los 5 pilares de la regulación integral planteados por Regulación Responsable

AMPLIACIÓN PILAR 1: AUTOCULTIVO

ASPECTOS SOCIOLÓGICO HISTÓRICOS

Hugo Madera (Asesor técnico de Regulación Responsable y miembro de la Junta Directiva del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis)

Asociaciones y autocultivo

La asociación que marca el inicio de la ola asociacionista cannábica es la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC) fundada en 1991. En 1992 el Estado español aprueba una nueva Ley de Seguridad ciudadana, conocida popularmente como «Ley Corcuera». Diversos autores sugieren que la aparición de esta ley incrementó el autocultivo: «Las políticas de control impuestas desde 1992 han tenido otras consecuencias inesperadas […] han ayudado a extender el cultivo casero, en el que ahora participan decenas de miles de usuarios» (Gamella y Jiménez, 2005: 45). Tras ARSEC aparecen otras muchas asociaciones, empleando sus estatutos y se funda la coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis.

La principal acción de la ARSEC fue un cultivo colectivo, el Tribunal Supremo acaba condenando a la Junta Directiva por peligro abstracto. El activismo articula varias respuestas que llegan al día de hoy. Publican Cannabis manual de cultivo para el autoconsumo (ARSEC, 1997) que ayuda a extender el cultivo de autobastecimiento por toda España. Convocan en Madrid la primera manifestación cannábica, actividad que sigue hasta el momento. Además, lanzan la campaña «Contra la prohibición, me planto», llamando al autocultivo, tanto individual como colectivo.

La Coordinadora Estatal por la Normalización del Cannabis […] decidió en 1997 poner en marcha la campaña «Contra la prohibición, me planto» […] animaba a las personas usuarias de cannabis a «plantarse y plantar», a fin de hacer imposible la aplicación de la ley (Barriuso, 2005: 100).

El actual cannabiscafe.net fue inaugurado el 25 de noviembre del 2001. Para pagar los gastos del foro necesitaban una cuenta bancaria, así que fundan la primera asociación cannábica de ámbito nacional, Asociación de Internautas del CannabisCafé, AICC. Este mismo año 2001 el cannabiscafé celebra la I Cannabis Parade. Allí empieza la idea de relanzar la coordinadora, al llegar gente de distintos puntos. En el año 2003 el abogado del cannabiscafe, Warnock, registra la nueva coordinadora, bajo el nombre de Federación de Asociaciones Cannabicas, FAC.

Los Cannabis Social Clubs, CSC, se empiezan a crear por toda España, con los años sustituyen a los primeros clubs de autocultivadores y activistas. En la actualidad aún sobreviven algunas de las asociaciones tradicionales, como AICC o AMEC.

Del vacío a la Regulación Responsable

El Observatorio Vasco de Drogodependencias da en el 2002 una serie de criterios para saber si estamos antes un autocultivador: que consuma lo que cultiva, la cantidad que cultiva, ser miembro de alguna asociación, no poseer útiles relacionados con el tráfico y la ubicación de las plantas (Observatorio Vasco de Drogodependencias, 2002: 165). En todo caso, los autocultivadores viven en la ambigüedad, incluso el movimiento cannábico se ha pasado años sin propuesta común. «Es muy probable que cuando diferentes actores del movimiento cannábico hablan de normalizar el cannabis se refieran a cosas muy diversas» (Barriuso, 2005: 206)

En 2016 distintos actores del movimiento cannábico se unen para presentar una propuesta unitaria, los cinco pilares de la Regulación Responsable. El primer pilar está dedicado al autocultivo, con una propuesta que trata los puntos principales, como cultivo, transporte, almacenamiento, tenencia y conducción. Establece una producción anual de hasta 10 gramos diarios por usuario, esta cantidad cubre las necesidades de la gran mayoría de cultivadores, al tiempo que ofrece una sólida base legal, pues es la mitad de lo considerado notoria importancia (Tribunal Supremo, 2001). Además de este pilar ya existe un completo dictamen jurídico sobre su idoneidad (Brotons, 2015), así como los puntos claves para su defensa (Madera, 2016: 20) y argumentación jurídica (Brotons, 2016: 12). Estos trabajos son la base de la propuesta de Proyecto de Ley sobre autocultivo y uso de cannabis que presentará durante el 2018 el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de cannabis, tras completar la actual etapa consultiva con usuarios, autocultivadores, industria del autocultivo y legisladores.

 Los autocultivadores

Al investigar sobre el autocultivo y los autocultivadores aparecen muchas referencias bibliográficas sobre el cultivo, pues la cultura cannábica ha creado abundantes manuales y revistas, pero si buscamos sobre los autocultivadores apenas existe información. Los autocultivadores domésticos «no solo han escapado de la atención de las autoridades, sino también de los investigadores» (WEISHEIT, 2014, p. 146). Decorte también señala la infrainvestigación sobre «los cultivadores de cannabis independientes a pequeña escala» (DECORTE, 2010, p. 271). Los autocultivadores se han extendido por todo el mundo con motivaciones diferentes a los cultivadores comerciales, como buscar mejor calidad, uso medicinal, activismo o el placer de cultivar la planta. El cultivo de cannabis «ha florecido tanto en países represivos como en países tolerantes, sin distinciones» y en muchos casos las razones son diferentes de las financieras (DECORTE, 2012, p. 116).

Una cosa está clara, al hablar de cultivadores de cannabis del primer mundo son imposibles las generalizaciones, pues pueden cultivar por muchos motivos. Así Potter, Bouchard y Decorte compilan hasta 7 clasificaciones diferentes de los cultivadores occidentales, una de las más completas es la de Potter y Dann en 2005, con añadidos posteriores de Potter en 2010, sobre los cultivadores que no buscan beneficio, habla del que cultiva para autoconsumo, del cultivador medicinal y del cultivador activista. (Potter, Bouchard, Decorte, 2014, 12).

Los autocultivadores existen hasta en los rincones más prohibicionistas de Europa, como Finlandia, donde está prohibido todo acto de cultivo y hasta penalizada la posesión de semillas. En el estudio finlandés sobre autocultivadores (HAKKARAINEN y PERÄLÄ, 2014) señalan valores muy parecidos a los que podemos ver entre los autocultivadores españoles entrevistados, como desobediencia civil, desvincularse del mercado negro, autosuficiencia, criticas al discurso oficial antidroga. Los autocultivadores se han extendido por todo el mundo, con motivaciones diferentes a los cultivadores comerciales, como buscar mejor calidad, uso medicinal, activismo o el placer de cultivar la planta. El cultivo de cannabis “ha florecido tanto en países represivos como en países tolerantes, sin distinciones” y en muchos casos las razones son diferentes de las financieras (DECORTE, 2012, p. 116), lo que indica el fracaso de las políticas represivas.

En un cuestionario respondido por 265 cultivadores españoles se mostró un alto porcentaje de varones (94,7%), la mayoría son jóvenes (61%), seguidos del grupo de mediana edad (29,4%), la mayoría trabaja (53%), también estudian (22%) o estudian y trabajan (16%), la mayoría manifiestan consumir a diario (69%), solo el 42% consigue autoabastecerse todo el año, el 67% nunca ha vendido su cosecha (MARÍN, 2008, p.).

La peritación

Según WAWG, un grupo esponsorizado por la UNODC, las estimaciones de la cantidad de cannabis cultivado en EEUU son de 4 a 10 veces el consumo interno, lo que no cuadra con la realidad (Bouchard, 2007: 5). Este error podría aparecer en general en la mayoría de las estimaciones oficiales, por ejemplo, se estiman producciones de hasta un kilo por planta, mientras que una media más realista sería de 34 gramos por planta de interior o 0,5 gramos por vatio cada cosecha y de 53,8 gramos en planta de exterior (Bouchard, 2007: 5). Otros estudios, realizado con variedades comerciales, consiguió un rendimiento medio por planta de 28,1 gramos, además de señalar la intensidad lumínica y la variedad de la planta como factores determinantes, por lo que se pronuncian en contra de peritaciones directas en función delagresion tres personas número de plantas. Este mismo estudio señala que Bedrocan consigue unos rendimientos por metro de entre 251 a 315 gramos según variedad (Vanhove, Van Damme y Meert, 2011: 162).

Conrad señala una serie de dificultades para hacer peritaciones según el número de plantas, ya que en exterior pueden producir grandes plantas, mientras que los cultivadores que emplean la técnica Sea Of Green necesitan muchas pequeñas plantas, pues ponen directamente a florecer gran cantidad de esquejes. Como solución propone un criterio científico para que los pacientes puedan calcular su producción anual, la formula desarrollada en 1992 por la Drug Enforcement Administration publicada como Cannabis Yields, donde habla de unos 150 gramos por m² (Conrad, 2013: 4).

En un estudio de 38 autocultivadores finlandeses solo uno llegó hasta 3 kilos en exterior y necesitó cultivar entre 40 y 50 plantas (Hakkarainen, Perälä, 2014: 77). Este dato arrojaría una media por planta de entre 60 y 75 gramos.

Los cultivos pueden encontrarse con problemas inesperados que arruinen la cosecha o reduzcan mucho su producción. En un estudio australiano realizaron tres cultivos de interior durante un año, en el primero preñadas por una hermafrodita, en el segundo sobrefertilización y en el tercero gran ataque de araña roja (Knight, Sansen y Connor et al., 2010: 39).

En un estudio sobre cultivadores profesionales holandeses la media fue 259 plantas por cultivador, con una densidad media de 15 plantas por m² y 510 vatios por metro cuadrado. La producción por metro cuadrado era de 505 g., es decir, una media de 0,99 gramos por vatio (Toonen et al., 2006, 1051-1053).

Esto coincide con la medida que señala la literatura especializada, el famoso gramo por vatio, establecido como referencia a la que aspirar. David, fundador de la growshop Gramovatio, explica que el gramo por vatio es una «meta, una realidad que pocos clientes llegan a conseguir». (Madera, 2012: 69).

Naciones Unidas en Métodos recomendados para la identificación y el análisis del cannabis y los productos del cannabis (UNODC, 2010:14) proponen 22-40 gr./planta o 400-505 gr/m² en interior y 75 gr/m² en exterior . Según Xaquín Acosta las cantidades de interior se basan en los referidos estudios de cultivadores profesionales holandeses, pero en España las producciones medias están entre los 250 y 350 gr/m². La producción en exterior es todavía más variable, de 25 a 500 gr/planta, y en casos excepcionales se superan estas cantidades (Acosta, 2013: 36).

José T. Gallego es una de las grandes referencias de los autocultivadores ibéricos, sobre la producción de los autocultivadores me aseguró que muchos cultivadores «no alcanzan ni medio gramo por vatio de luz, con frecuencia sólo 0,3-0,4 g/w» y «sólo hacen una o dos cosechas al año”. Sobre la producción media de una planta de exterior en condiciones reales «suele ser de entre 50 y 100 gramos».

 Estudio exploratorio: autocultivadores españoles en 2017

Hemos realizado un estudio exploratorio con 74 informantes. En los valores asociados al autocultivo y otros aspectos aparecen conceptos detallados en estudios sobre autocultivadores ya citados, por tanto, podemos considerar la muestra como una muestra teórica adecuada (GLASER y STRAUSS, 1967).

Así dan razones como: “ahorro, no colaborar con el mercado negro, ni depender de nadie, sensibilidad, cultura, conocimiento, hobby, aprendizaje, saber lo que consume, anonimato, libertad, entretenimiento, independencia, amor por la naturaleza, reduccción de riesgos, igual que producir tus verduras o huevos, anarquía, aprendizaje constante, medicina de calidad, cannabis al propio gusto, desconectar, conectar con otro organismo vivo, paciencia, disciplina, reducción de daños, igual que hacer tu patxarán, filosofía de vida, libre de residuos nocivos, placer de lo cultivado por uno mismo, responsabilidad, autocontrol, personalidad, valor, autodeterminación, constancia, perseverancia, paciencia, prudencia, rendimiento, economía, tolerancia, calidad, dedicación, autodeterminación, esfuerzo, felicidad, tan natural como cultivar tomates.”

Sobre la producción en exterior por planta, 52 están por debajo de los 200 gramos y solo 14 los superan, hay 34 que están por debajo de los cien gramos y 12 que están por debajo de los 50 gramos. Como adaptaciones al marco legal hasta 5 señalan que no tienen pesa, ni pesan nunca. Además uno explica que no hace exterior por los los ladrones. Estas informaciones podrían señalar respuestas adaptativas al marco legal de la actual prohibición del cannabis, tanto no tener pesa, como eludir a los ladrones de exterior. Los cultivadores que no tiene pesa cumplen mejor con los criterios señalados en el apartado legal. Asimismo hay poca seguridad legal para denunciar a ladrones de cultivos de exterior, con resultados diversos, en los casos que lo intentaron.

Sobre si la potencia es el factor fundamental para elegir sus variedades, 42 responden que no es el factor determinante y 31 responden que si es un factor determinante. Entre los que no consideran la potencia señalan en 25 casos las características organolépticas como factor fundamental (en 19 casos el sabor y en 6 el olor), a continuación va la calidad como factor general en 8 casos, la producción en 6, como un caso que señala “Primero busco tener algo para consumir y de potencia suelo preferir que no sea demasiada” (MesMais), por ultima en 2 casos señalan la variedad “Procuro tener plantas de todos los tipos. (…) Plantaría algunas plantas solo por hacerles fotos, independientemente de su potencia” (Isaki). Otro cultivador señala características organolépticas como fundamentales, pero al hablar de si cultivas distintas variedades, también señala la importancia que da a la variedad de genéticas “Siempre he procurado cultivar distintas variedades para ir conociendo lo que cada una te aporta o pueda aportar.”

A la pregunta de si cultivan distintas variedades para distintos momentos, 62 contestan que si, de estos informantes hay 19 que eligen de forma espontánea la dicotomia día/ noche para hablar de dos usos muy diferenciados. Otros 10 informantes contestan que no cultivan distintas variedades para distintos momentos.

A la pregunta de si predominara el uso lúdico o medicinal, el lúdico predomina en 58 casos. Entre los casos que predomina el lúdico, hay 42 informantes que admiten también un uso medicinal como automedicación, con distintos grados de importancia, desde minoritaria, a casi tan importante como el lúdico.

Respecto a la propuesta de Regulación Responsable de un consumo anual de 10 gramos diarios, 72 informantes consideran que sería suficiente para su consumo personal, y ninguno dice de forma rotunda que sería insuficiente. De estos 26, solo uno comenta que en su consumo personal andaría muy justo, casi falto: En mí casi sí es suficiente.” (Manuel). Mientras que otros cuatro señalan espontáneamente que es más que suficiente y uno señala que es suficiente y le llegaría para extracciones. Josete hace referencia a que al elaborar extractos podría ser insuficiente. Santi en estos momentos cree que si, aunque está seguro de que su consumo es bastante elevado, señala también que podría haber personas con necesidades superiores. Se puede considerar que todos los informantes que proporcionan información útil sobre este punto considerarían su consumo propio cubierto con una provisión anual de 10 gramos diarios, con distintos grados.

Esta referencia de un consumo anual 10 gramos diarios de Regulación Responsable pasa a la reciente ILP nacional del RCN. Pero en el autocultivo ambas propuestas tienen una diferencia fundamental. La de Regulación Responsable propone que se puedan unir hasta cinco personas sin aviso previo hasta cinco personas para realizar su autcultivo en común. La ILP del RCN pide la creación de registros municipales de autocultivadores, en los que constará donde lo cultivan. Entre los informadores que manifiestan preferencia sobre una opción, 54 prefieren la de Regulación Responsable. 6 matizan que prefieren la propuesta de Regulación Responsable, pero ninguna les representa. 32 estarían dispuestos a apuntarse a un registro con bastante facilidad, a estos se suman otros 9 informantes que se apuntarían, pero con cierta reservas en función de la garantía que diera este registro. Hay 15 informantes que no se apuntarían en ningún caso a un registro, de este grupo señalan como motivos principales los principios filosóficos (8 casos) y la desconfianza de que se pueda usar contra ellos en un futuro (6 casos). De estas respuestas se puede inferir, que aunque dentro de este grupo relacionado con gente activa y proactiva, que se autodesigna rápido para responder una encuesta, cuando la ILP sea presentada a un público general menos informado, podría tener un apoyo mucho más alto que esta muestra, por ejemplo una cifra aproximada es al 75% de los partidarios de la legalización. Por tanto, un importante predictor para el éxito de esta ILP podría ser la cantidad de fondos que consigan para organizar una recogida que capte la firma de este sector de la población.

Estudio exploratorio consumos hachís

Entre los que un límite de 10 gramos diarios les parece insuficiente argumentan dos motivos principales, por principios personales y porque les resulta insuficiente para realizar todo el hachís que fuman, para comprobar si el hachís de calidad requiere estas grandes cantidadades de materia vegetal, se realizó otro estudio varios expertos en hachís, reconocidos por participación en artículos y libros, premios en copas y experiencia superior a 10 años. Feisal es conocido por su participación en el colectivo Oilhunter, con el que ha ganado más de 25 copas en el 2016, según asegura consume hasta 10 gramos diarios de hachís, sus extracciones favoritas ofrecen retornos muy bajos, así en extracciones con agua y hielo refiere que al conseguir material de primera, el denominado de fusión completa, el retorno está en un 3% de material. En extracción en seco la primera extracción ofrece un rendimiento del 8% o 9%, pero hay que volver a limpiarlo con electricidad estática, por lo que el rendimiento final queda en un 1% o 2%. Javi de Medical Seeds es conocido por su libro que revisa los principales métodos de extracción del hachís (RUANO y SOSTOA, 2016), según comenta un rendimiento razonable está entre el 5% y el 10%, para hacer extracciones de alta calidad el rendimiento desciende por debajo del 2,5%. Jorge dirige a empresa de analítica Ananda y ha hecho una completa serie de artículos sobre el rosin, además de otros artículos de extracciones, sobre los rendimientos señala que con extracciones con agua y hielo el rendimiento anda está entre el 8% y el 10%, en las extracciones en seco desciende la producción, para las mejores calidades el retorno está entre el 1% y el 2% en las mejores calidades, pudiendo llegar a bajar hasta el 0,5%. Alvaro es gerente del mayorista Leaf Life, además organiza la fiesta Ganja Time desde hace más de 15 años, todo el mundo que le conoce sabe que es un fumado intensivo de hachís, asegura que se fuma 1,5 kilos anuales, por lo que necesita como mínimo 15 kilos de cogollos para autoabastecerse, esto en el caso de extracciones con retorno del 10%, en el caso de que quisiera fumar calidad necesitaría incluso más cantidad. Los The Kush Bothers también han ganado varias copas de extracciones en esa temporada, uno de sus socios, Adan, señala como rendimiento normal un 7% que para un material de alta calidad puede llegar a bajar del 1%. Victor Santana es un conocido artista, pero también autocultivador muy veterano, señala como un consumo normal 1,5 kilos de hachís, por lo que se necesita como mínimo entre 15 y 20 de cogollos para sacar una calidad aceptable y válida. Jose es criador y dueño del banco Exclusive Seeds, con gran cantidad de copas ganadas de extracciones ganadas en 2016 y 2017, señala que los rendimientos de las extracciones más sibaritas andan entre el 1% y el 3%.

Esto son solo algunos ejemplos de las opiniones más representativas, aunque la muestra total de expertos en extracciones fue de 15. Como resumen podríamos señalar que consideran que los rendimientos normales en una extracción andan en torno al 7%-10%, mientras que para las extracciones que fuman los más exigentes los retornos andan entre el 1% y el 3%. Queda claro: a los grandes fumadores de hachís no les salen las cuentas con un límite anual de cultivo de diez gramos diarios.

Conclusión. De los diez gramos al modelo pacharán y el modelo de los tomates

Casi todos los autocultivadores españoles consideran que un aprovisionamiento de 10 gramos diarios cubriría sus necesidades. Esta cantidad cuenta con una sólida jurisprudencia a favor. Peritar un cultivo es complejo, ya que hacerlo por número de plantas puede dar lugar a errores y las estimaciones oficiales resultan excesivas. Sería más realista considerar que 0,3 a 0,5 gramos vatio en interior y de cincuenta a ciento cincuenta gramos por metro cuadrado de exterior.

Más allá de aceptar la solución de diez gramos diarios, en la declaración de valores los informantes señalan dos modelos muy familiares para los activistas: el de los tomates, también asimilado a verdura y huevos, o el del pacharán y otras bebidas alcohólicas de baja graduación.

“En el apartado Modelo Patxaran abogamos por la existencia de un cannabis          comercial y un cannabis de producción casera, como el pacharán. Promovemos el      autocultivo compartido para un autoabastecimiento y consumo propio de   cannabis, como mejor respuesta al mercado negro, la prevención de riesgos en el      consumo de cannabis y la lucha contra la adulteración. Además, tenemos el        convencimiento de que no va contra la ley” (Les, 2007).

“El modelo de cómo debería ser la legalización de la marihuana está ahí afuera.    Son los tomates. Mas tomates se producen en America por los cultivadores caseros que producidos comercialmente. Todavía hay espacio para un robusto mercado de tomates y productos del tomate de todo tipo: enlatado, salsas               orgánicas, sopas, ketchup. Al mismo tiempo, los cultivadores especializados a   pequeña escala lo ha     cen bien vendiendo sus productos en mercados de               granjeros, y los cultivadores caseros con tomates sobrantes intercambian su producción con sus vecinos, en trueques y tratos informales. La marihuana se podría manejar de la misma manera. Los cultivadores comerciales se pueden desarrollar   lado a lado con los cultivadores caseros y cultivadores especializados.” (ROSENTHAL, 2010, p. XV).

Estos modelos podrían señalar modelos de aspiraciones a largo plazo, una vez que la sociedad haya normalizado totalmente el uso del cannabis.

ASPECTOS JURIDICOS

Héctor Brotons (Miembro de Regulación Responsable y de la Junta Directiva del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis)

No es cierto que el cultivo de cannabis actualmente en sí esté penado.

Es necesario recalcar que el cultivo no está penado por el mero hecho de realizar la acción en cuestión, sino que la misma se ha de poner en estricta relación con la finalidad de dicho cultivo de cannabis. Solamente podemos hablar de la concurrencia de un delito cuando la acción del cultivo se encuentra estrechamente relacionada con la finalidad de difusión a terceros. Así lo deja claro la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 484/2015: entre otras frases en la siguiente <<El cultivo es una de las acciones expresamente mencionadas en el art. 368. Cuando su objetivo final es ese consumo contrario a la legalidad, se convierte en conducta típica”>>.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que en nuestro país, la opción tomada por la mayoría de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por la Fiscalía en alguna ocasión, y por algunos jueces de instrucción (en un número no conocido, pues no hay estadísticas) es la de conceder ordenes de entrada y registro para la intervención de cannabis y la posterior apertura de diligencias penalesaunque no hayan indicios de venta ni nos encontremos con cantidades que lleven a pensar eso a priori.

No se entiende esta confusión en cuanto a la interpretación del cultivo en el artículo 368 C.P. Un artículo que es claro en este aspecto concreto (sin perjuicio de lo que veremos posteriormente) exige la necesaria relación entre el cultivo con la finalidad de difusión a terceros para la imputación del delito. Pero aun así, se utiliza en la aplicación del derecho una concepción equivocada que conlleva una interpretación errónea del precepto. Tal vez estemos ante un problema social que trasciende a la aplicación del derecho, pues nos encontramos ante un tema tabú a fecha de hoy, habiendo personas que creen o quieren creer que la posesión, cultivo y consumo de marihuana deben ser castigados. Es decir: una aplicación de la ley, que más que basarse en la propia ley, se basa en los prejuicios morales y estigmas sociales.

Por el contrario, no pasa lo mismo con la posesión de cannabis, sobre la que existe una jurisprudencia unánime desde los inicios, en donde se reconoce la no existencia de delito directamente relacionada con la posesión de cualquier cantidad de sustancia.

Dicho esto, se puede observar que de una interpretación literal, coherente y de conjunto del ordenamiento, es claro que el cultivo y la posesión de cannabis en sí no está penado, por lo que una futura regulación no supone un cambio sustancial, sino una armonización del derecho con la realidad social y jurisprudencial. De lo que se trata es de solucionar problemas de racionalidad de la legislación y seguridad jurídica. No podemos aceptar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado piensen que el cultivo siempre está castigado por el Código Penal cuando la jurisprudencia es clara al respecto y exige que exista alteridad: favorecimiento del consumo ilegal de terceros. Así como tampoco podemos aceptar que no exista un criterio basado en cantidades cultivadas para considerar cuando se está ante un comportamiento penalmente reprochado o no. Existen sentencias que condenan con más de 300 gramos (cantidad fijada jurisprudencialmente para la simple posesión) y otras que absuelven con más de 6 kilos.

En línea con lo anteriormente argumentado y en lo que a inseguridad jurídica se refiere en cuanto al cultivo de cannabis (partiendo de la despenalización clara del cultivo para autoconsumo), entra en juego la prueba de indicios en cada caso concreto para determinar si el cultivo es para autoabastecimiento de una persona o de un grupo de personas que contribuyen equitativa y proporcionalmente al mismo, o si en cambio el objetivo de dicho cultivo es difundir el cannabis a terceras personas, entrando este último comportamiento en el tipo del artículo 368 del Código Penal.

Cantidades La barrera entre de lo legal y lo ilegal.

Entre los indicios a considerar por la jurisprudencia, el más relevante y el que más debate jurídico genera, es el relativo a la cantidad. En los últimos tiempos, muchas resoluciones han venido a decir que la cantidad de droga aprehendida al sujeto ayuda en innumerables ocasiones a descubrir su intención, esto es, si la posee para destinarla al autoconsumo o si por el contrario está destinada a la venta.

En lo que respecta a la cantidad para tenencia lo que se considera notoria importancia, el Tribunal Supremo estableció su criterio en el Acuerdo del Pleno con fecha 19 de octubre de 2001, en el que utiliza una tabla elaborada por el citado órgano a partir de un informe del Instituto Nacional de Toxicología, sobre dosis medias de consumo diario, que se mantiene en su jurisprudencia. Así, se establece que un consumidor habitual suele adquirir para sí mismo la cantidad necesaria para entre 5 y 15 días y que para el caso de la marihuana estaría entre 100 y 300 gramos, partiendo que el consumo de cannabis de un consumidor crónico es de 20 gramos al día. En el caso del hachís estaríamos hablando de cantidades de entre 25 y 75 gramos, a partir de un consumo de 5 gramos al día,  todo ello en función de las sentencias que se manejen, en unas se habla de dosis habitual de consumo diario y en otras de dosis de abuso o máximas.

Esta cantidad ha venido ampliándose para casos en que se produce un autocultivo de plantas de cannabis; cuando no estamos ante sustancias ya preparadas y dispuestas para el ulterior consumo.

Para entender esto hay que tener en cuenta algunas de las resoluciones judiciales dictadas, entre ellas podemos citar la de un caso dirigido desde el Estudio Jurídico BROTSANBERT en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete de fecha 15 de enero de 2015. Esta sentencia va un poco más allá de la interpretación jurisprudencial habida hasta el momento (teniendo en cuenta el citado Acuerdo), y establece distinción presuntiva entre cantidad destinada al consumo o al tráfico en unos 20 gramos diarios, multiplicada por los días del año, resultaría un total de 7.300 gramos, que sería la cantidad orientativa fijada jurisprudencialmente.

En los casos en que se produce un cultivo de plantas de cannabis, el autoconsumo ha de ponerse en relación con el período de tiempo en que se produce el cultivo, y que lo es generalmente para varios meses o un año, ya que estamos ante sustancias naturales que no se someten a proceso químico alguno y, por tanto, sus tiempos de crecimiento y floración son determinados. En este punto, la sentencia 484/2015 del Tribunal Supremo ha venido a aclarar una cuestión hasta ese momento controvertida en la jurisprudencia. Algunos jueces y tribunales venían considerando que un acopio para autoconsumo era indiciario de delito cuando el mismo superaba la cantidad de sustancia que se podía consumir entre 5 y 15 días. En este sentido, esta sentencia ha reconocido la falta de tipicidad penal de un cultivo con un ciclo natural de cosecha, superando aquél erróneo criterio. Esta obviedad biológica (no existen cultivos o plantas que produzcan cannabis para 5 a 15 días de consumo), todavía está siendo ignorada por juzgados de lo penal y audiencias provinciales. Esto lleva a la irracional situación de que se puedan dar casos como indicábamos más arriba, en cuanto menores cantidades y condena, frente a mayores y absolución.

También hay que tener en cuenta que la doctrina jurisprudencial entiende que pueden haber otros motivos por los que las cantidades de cannabis que se han de considerar, lo puedan ser en cantidades superiores a las citadas, debido a que por ejemplo se cultiva cannabis para obtener hachís. En donde se necesita un cultivo mayor de cannabis, dado el rendimiento del mismo. Véase por ejemplo el estudio explorativo que señala entre sibaritas un rendimiento cercano al 3%, misma cifra que aparece en los protocolos de la ONU, por lo que un consumo anual de una cantidad de 5 gramos diarios hace necesarios unos 60 kilos de flor, si bien esta cantidad es muy alta, si pueden darse casos de gente que por uso medicinal o por elaboración de hachís necesita cantidades muy superiores a los 3650 gramos anuales por persona, habría que ofrecer soluciones a estas personas. No podemos obviar esta reflexión dado que nos encontramos ante gran parte de los consumidores, de hachis, que recurren a la exportación desde Marruecos de este producto de muy difícil elaboración dada la actual prohibición.

Cantidad de cannabis no penada como parámetro para una futura regulación del cultivo.

Creemos que las sentencias expuestas permitirían a los consumidores tener una referencia para el autocultivo y el consumo propio, dado que se establecerían cantidades concretas y máximas que fijarían los límites dentro de los cuales la tenencia para consumo estaría permitida. La cantidad de 20 gramos que señala el Tribunal Supremo es el límite superior, teniendo en cuenta el consumo diario para un gran consumidor, hasta cuya cantidad podríamos entender subsumible en los parámetros del consumo personal. Teniendo en cuenta estos datos podemos empezar a reflexionar sobre las posibles cantidades que se podrían entender permitidas a cultivar por parte de los cultivadores-consumidores.

Así, desde un punto de vista político criminal, lo que queremos con la regulación es establecer (paralelamente a la jurisprudencia) unos parámetros de control, sobre las cantidades a cultivar, por un peligro de posible desviación y para evitar consumos problemáticos. Dicho esto, no podemos dejar a personas con consumos mayores apartadas de la ley, sino que como ya indicaban (creo que es en el libro de Muñoz y Ripolles sobre viabilidad de los cscs(casi seguro en este) o en el estudio del instituto vasco de criminología lo que hay que buscar es fomentar un consumo responsable. Buscarlo y el que sea ponerlo en la bibliografía.

Hay que tener en cuenta también que a partir de reglas relacionadas con el peso, a parte de haber sido utilizadas tradicionalmente por la jurisprudencia, también tienen la conveniencia técnica de que valen como parámetros para las cantidades de consumo, tenencia, o transporte,  y que también se deberían de tener en cuenta en una futura regulación.

Consideramos razonable que en una futura regulación se establezca una cantidad de producción concreta de flor de la planta hembra, y entendemos que esta debería fijarse en 3.650 gramos. Entendemos que tiene más sentido fijar dicho límite en base a la producción que no a un número de plantas, dada la diversidad biológica existente entre las diferentes variedades de cannabis Sativa y también en base a los diferentes métodos de cultivo, que posibilitan que con 3 plantas de exterior se pueda alcanzar una producción mayor que con 20 plantas de menor tamaño o incluso diferencias con mayor rango. Sin perjuicio de ello, se podría establecer un número de plantas a partir el cual se pudiera establecer un control del pesaje, que si tenemos en cuenta datos contenidos en la bibliografía técnica lo podríamos situar en un límite alto para que sea inclusivo. Por ejemplo no podría cultivar unas plantas de igual tamaño un usuario que dispusiera de un terreno con buena tierra y mucho sol que uno con una pequeña terraza en donde tenga que plantar en macetas. Un ejemplo de Regulación inclusiva es la Colombiana que permite hasta 20 plantas sin registro por usuario, si bien en este caso es una legislación medicinal.

 Drogotest

Sobran los argumentos que ponen en duda la constitucionalidad de la vigente Ley de Tráfico. Incoherencias de la propia ley que sanciona un positivo en contra de criterios técnico-científicos, la existencia de un detector mucho más que cuestionado y al margen del control metrólógico público, y la contradicción directa con el reglamento de desarrollo de la ley.

Todo esto anterior puesto en relación directa con los artículos 9, 14, 24.2 y 25 de la Constitución deja directamente al margen de nuestro ordenamiento constitucional la vigente Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, donde la seguridad jurídica a la que tenemos derechos como ciudadanos queda totalmente desvirtuada. Y en relación con esto terminamos con la siguiente afirmación, extracto de una Sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el deber del legislador, de “promulgar normas concretas, precisas, claras e inteligibles, para que los ciudadanos puedan conocer de antemano el ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones”.

Legislación Penal que afecta al cannabis.

En el ordenamiento jurídico español, en relación con el cannabis, en el artículo 368 y siguientes del Código Penal, se castiga a “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan, o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines” con penas de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la sustancia; pena que podría reducirse hasta los seis meses de prisión y a una multa inferior en grado (cuya suma supondría la mitad de valoración de la droga) y esto en caso de aplicarse el subtipo atenuado, en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.

Por el contrario, esta pena podría incrementarse, hasta los cuatro años y seis meses y multa del tanto al cuádruplo del valor de la sustancia en los casos de notoria importancia de la sustancia incautada.

Cuando los hechos descritos se hayan realizado por quienes pertenecieren a una organización delictiva, se impondrán las penas de prisión de cuatro años y seis meses a diez años y multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga. Además las penas de prisión pueden alcanzar hasta los seis años y nueve meses en caso de extrema gravedad, cuando la cantidad de sustancia incautada excediere notablemente de lo que se considera por notoria importancia.

Para determinar la cantidad que se entiende de notoria importancia en el caso del cannabis, tendremos que acudir al ya referenciado Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001. En él se establece la cantidad de notoria importancia a partir de los 10 Kgs. En el caso de la marihuana y 2,5 Kgs en el caso del hachís. Sin perjuicio de ello, se ha establecido la notoria importancia en alguna ocasión en 12,5 kg en el caso de marihuana con bajos porcentajes de THC así como 10 kgs en el caso del hachís por los mismos motivos.

Como se ve, la cantidad es un elemento determinante, no solo para la concurrencia o no del delito, sino también para la graduación de la pena a imponer en función de los diferentes subtipos agravados. En relación con esto la normativa es clara en cuanto a que son las sumidades floridas y plantas anexas. Si bien no lo es tanto con respecto a la no fiscalización de las plantas macho, lo que es una obviedad a nivel social y biológico. Pero la jurisprudencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía, los jueces y los abogados se han hecho un galimatías en la determinación de lo que es fiscalizable de la planta del cannabis. Lo que supone que depende del caso se están teniendo en cuenta criterios distintos para casos iguales. Por lo que existe una jurisprudencia contradictoria, afectando con ello de nuevo a la seguridad jurídica y al principio de tipicidad penal. Así, existe jurisprudencia: por ejemplo, la sentencia 651/2016 de la Audiencia Provincial de Girona, señala que se debe descartar del peso aquellas partes que no contienen principio activo alguno que sea nocivo para la salud pública (tallos, ramas, cañas, raíces, bulbos, etc), pudiendo presentar la planta otras adherencias que tampoco son nocivas, como pueden ser la tierra y otras partículas de suelo, y se fija el peso neto en un 8% del peso bruto. Además, como las flores se consumen secas, hay que descontar entre un 80 y 85% de agua, y esta cantidad final será la que haya que tener en cuenta para determinar si la sustancia estaba o no destinada al consumo. Mientras que por otro lado, tenemos otras sentencias que entienden que toda la plante es fiscalizable incluidos los machos. Como ejemplo, paradójicamente tenemos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete.

El acuerdo Marco de colaboración entre diferentes entidades estatales de 3 de octubre de 2012 determina el protocolo a seguir en caso de aprehensión, muestreo, etc. Aunque el pesaje inicial de las plantas es obligatorio, en muchos casos no se realiza, y es el pesaje que aparece normalmente en los medios de comunicación junto a una valoración económica desproporcionada. También sucede en ocasiones que son las propias fuerzas actuantes las que realizan el pesaje inicial, que no se rige por ninguna normativa específica. Es de sobra conocido que habitualmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, acostumbran a tener en cuenta en sus informes la máxima cantidad de elementos posibles, incluyendo muchas partes de las plantas no fiscalizables. Afortunadamente, la jurisprudencia es clara en este sentido, poniendo freno a las en muchas ocasiones disparatadas interpretaciones policiales en torno al peso y distinguiendo claramente entre el peso bruto y el peso neto, a tener en cuenta.

El artículo 368 del Código Penal, cuyo objetivo es: “impedir la difusión de una práctica social peligrosa para la comunidad por el deterioro que causaría en la población” incluye entre sus requisitos básicos el de la alteridad (facilitar o favorecer el consumo de otros), que es presupuesto básico de la punición de la conducta. Así, quedan al margen del derecho penal acciones que en una primera aproximación encajarían en los amplísimos contornos de la descripción típica del art. 368 C.P. pero en las que no se detecten las razones que motivan esa punición por faltar la alteridad, como el consumo compartido, aunque se identifiquen actos de auxilio o facilitación recíproca entre los integrantes del colectivo. El tipo penal, en definitiva castiga la promoción del consumo ajeno, pero no del propio consumo. La actividad que, aun siendo colectiva, encaje naturalmente en este segundo ámbito, por ausencia de estructuras puestas al servicio del consumo de terceros, no son típicas (STS 484/2015).

En otra línea, el tipo de peligro y el bien jurídico protegido del delito en cuestión nos ayudan a hacernos una idea sobre la amplitud penal del precepto y la multitud de conductas que sanciona. Los delitos relativos a drogas tóxicas son delitos de peligro abstracto, esto es, que incriminan conductas peligrosas según la experiencia general y que resultan punibles sin necesidad de poner concretamente en peligro el bien jurídico protegido. La sentencia 1377/1997 del Tribunal Supremo señala que: “el cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico de drogas es un acto característicamente peligroso para la salud pública, no obstante que en el caso concreto no se haya llegado a producir un peligro concreto”. Además, el bien jurídico protegido es la salud pública. La STS 1312/2005, de 7 de noviembre, explica cómo el objeto de protección es especialmente inconcreto: La salud “pública” no existe ni como realidad mensurable ni como suma de la salud de personas individualmente consideradas. El objetivo del legislador, más que evitar daños en la salud de personas, es impedir la difusión de una práctica para la comunidad por el deterioro que puede causar a la población. Es decir, se trata más bien de una concepción ética y político-criminal que de riesgo para la salud. La salud pública como bien jurídico debe partir principalmente de consideraciones médicas, y debe entenderse no solamente como ausencia de afecciones o enfermedad, sino también como la presencia de bienestar, físico, mental y social. Es decir, un bien jurídico amplio y relativo, ya que ha de tenerse en cuenta lo que la comunidad considera óptimo y lo que considera insoportable, especialmente en lo que se refiere a bienestar social. Tal es la imperfección de la redacción del artículo, lo que es un argumento más de la necesidad de su modificación.

 Conclusión

El artículo 368 del Código Penal recoge de manera abierta e indeterminada un gran elenco de conductas como reprochables penalmente. Sin embargo, la ley penal no castiga el autoconsumo, así como el consumo compartido de sustancias, pues estas conductas no las tipifica, ni las considera culpables ni antijurídicas. Sí que son sancionables en vía administrativa, siempre que no se realice, tal como luego veremos, en un lugar privado: como es un domicilio o un local. Relacionado con el consumo, no se sanciona penalmente el cultivo para consumo propio o el cultivo compartido con igual fin. Pero como hemos dicho se necesita hacer una aclaración cuanto menos en este artículo para evitar la inseguridad jurídica que comporta, la desigualdad en las resoluciones judiciales y la persecución de conductas que al final no están resultando reprochables por los propios Tribunales Derecho.

 

AMPLIACIÓN PILAR 2: CLUBES SOCIALES DE CANNABIS

ANÁLISIS CRITICO DE LOS CLUBES SOCIALES DE CANNABIS COMO REVISIÓN ARGUMENTAL DEL PILAR DE LOS CSC. Dic. 2017

 Joseba del Valle e Iker Val (Fundación Renovatio)

El término Club Social de Cannabis es aún hoy una nomenclatura muy amplia y poco definid que recoge bajo su paraguas numerosas y diferentes interpretaciones de un modelo, que desde su creación a finales de los 90, ha sido moldeado y estirado de mil formas para conseguir su encaje legal.

De hecho, no fue hasta finales de la primera década de los 2000, cuando estos colectivos de personas usuarias de cannabis, dejaron de denominarse asociaciones cannábicas o simplemente asociaciones para convertirse en CSCs. Algunos diferenciaban ambos términos haciendo referencia al tamaño o al grado de profesionalización de estos grupos, dejando el término asociación para las asociaciones más pequeñas y la nomenclatura de CSC para colectivos más grandes y con cierto grado de desarrollo profesional.

Sea como fuere, los Clubes Sociales de Cannabis nacieron como una alternativa de miles de usuarios a la situación legal del cannabis. Una situación legal poco definida en España, donde el consumo nunca ha sido delito, y tampoco el cultivo para el propio consumo, pero sí la tenencia o cualquier tipo de distribución.

En este contexto, los usuarios de a pie, hartos de los innumerables problemas e inseguridades para autoabastecerse en el mercado negro, unido a los problemas de precio y calidad del producto, comenzaron a plantearse alternativas. Eran finales de los 90 y el hachís marroquí, fumado a toneladas por los usuarios en las pasadas décadas, empezaba a dar paso a la fiebre verde. Los primeros growshops comenzaban a abrirse en las calles de España y la cultura cannábica aterrizaba de la mano de revistas y semillas de cannabis. Comenzaba así la proliferación del autocultivo, tanto de guerrilla (perdido y escondido por el monte), como los cultivos de interior y exterior.

La industria y la cultura cannábica daban sus primeros pasos, pero había un problema. No todo el mundo contaba con el espacio, el tiempo, las ganas o la pericia para cultivar, por lo que el mercado negro se transformó y muchos cultivadores empezaron a vender sus excedentes. Parecía que la pescadilla volvía a morderse la cola, y ahora simplemente había un mercado negro más amplio, y con más opciones, pero con los mismos problemas e inseguridades.

Así, un buen día, allá por el año 1997 un grupo de usuarios de cannabis de Catalunya formaba una asociación denominada ARSEC (Asociación Ramón Santos de Estudios de Cannabis). Este colectivo, pretendía producir cannabis para el consumo de sus asociados, un grupo pequeño, cerrado y concreto de personas, entre quienes se repartirían las labores y los costes de producción de la marihuana, a cambio de repartir los resultados de la cosecha entre los mismos. Como condiciones, se estipulaba, que esa sustancia no podría salir de ese grupo, y que nadie se lucraría con los resultados del cultivo.

La idea sonaba arriesgada pero coherente incluso con la legalidad. Pese a ello, los miembros de la asociación fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo. Este hecho, lejos de suponer el fin de la idea, sólo ofreció pistas e indicios sobre por dónde se debía avanzar en este campo a muchos que vinieron detrás. Tanto en Catalunya como en Euskadi comenzaron a aflorar colectivos que llevaban a cabo estos cultivos compartidos. Algunos fueron tolerados, otros decomisados y sus miembros juzgados, pero ninguno más condenado. Durante todos los años 2000, la gran mayoría de CSCs que eran intervenidos por la fuerzas de seguridad, acababan siendo absueltos en los juzgados o sus casos directamente archivados. Incluso en algunos casos, como en los procesos judiciales de la asociación bilbaína Pannagh, la Ertzaintza, acabaría devolviendo el cannabis incautado a la asociación hasta en dos ocasiones (unos 14 kg. de cannabis la primera vez y otros 4 kg. la segunda).

Estas sentencias animaron y respaldaron a cientos de personas que se decidieron por comenzar este tipo de proyectos asociativos. Para el año 2010, el boom asociativo en España ya estaba en su punto álgido y más de 800 asociaciones colmaban las necesidades de decenas de miles de usuarios en nuestro país. Además la demanda no era sólo de usos lúdicos, si no que miles de pacientes de diferentes patologías, animados por las evidencias contrastadas de cada vez más investigaciones médicas, e inmersos en la desesperada búsqueda del alivio del dolor o de otra sintomatología,   acudían a estos colectivos para poder tener acceso al cannabis para tratar sus dolencias. Así, muchas de estas asociaciones comenzaron a contar con consultas terapéuticas, donde trataban de orientar e informar a los pacientes de las posibilidades y las formas de usar cannabis para conseguir los efectos deseados, además de ofrecer productos que pudieran utilizar los enfermos para ese fin.

Radiografía de un Club Social de Cannabis

 Los llamados Clubes Sociales de Cannabis (CSC) legalmente son asociaciones sin ánimo de lucro, registradas al amparo de la legislación sobre asociaciones y formadas por personas usuarias de cannabis que nacen como una alternativa planteada desde la sociedad civil ante las actuales políticas de drogas represivas para con los consumidores y cultivadores de esta sustancia. Estas asociaciones pretenden por un lado, desvincular los consumos de cannabis del tráfico u oferta ilícitos, por medio de la gestión propia del ciclo completo de producción y distribución de cannabis. De esta forma, se pretende promover un consumo controlado y responsable del cannabis, al tratar de asegurar su calidad, así como la prevención de consumos abusivos, y su realización en un contexto socialmente normalizado

Desde hace años, entre las actividades que realizan dichas asociaciones para llevar a cabo sus fines sociales, se encuentra el cultivo colectivo de cannabis, destinado al consumo en privado de sus miembros, todos ellos mayores de edad y previamente consumidores o diagnosticados de alguna enfermedad para la cual se haya comprobado científicamente que el cannabis puede resultar un paliativo eficaz. Dicho cultivo figura incluso explícitamente entre los fines sociales en los estatutos de muchas de estas asociaciones, habiendo sido considerado durante más de tres lustros dicho fin como perfectamente legal por Juzgados y Audiencias de toda España.

Aunque el cultivo de cannabis es en principio ilícito, estas asociaciones han actuado durante años dentro de la ley, apoyándose para ello en la jurisprudencia establecida desde el año 1997 por el Tribunal Supremo sobre el llamado “consumo compartido”. Este concepto ha vuelto a ser reinterpretado de una forma más restrictiva por este Tribunal en el último tercio de 2015, lo que ha cambiado el sino de algunas de las últimas sentencias.

Desde las primeras sentencias de finales de los 90, hasta el citado año 2015, las condiciones que tenían que reunir estos colectivos para que sus actividades no tuvieran relevancia penal eran bastante concretas y relevantes. Por un lado, estas asociaciones debían ser sin ánimo de lucro en donde, en el caso de tener un cultivo compartido, éste debía ser planificado en función de la demanda, esto es, en función de la previsión de consumo conjunta de todos los socios. Estas asociaciones debían garantizar que ese cannabis no llegara a terceros y que el circuito de producción y distribución entre socios fuera un circuito totalmente hermético. Asimismo estos colectivos debían contar con espacios privados y todas las personas asociadas debían ser mayores de edad y debían estar habituadas al consumo de cannabis. Por otro lado, el cannabis debía dispensarse en cantidades pequeñas, que pudieran ser consideradas para consumo inmediato.

A priori, los talones de Aquiles legales de este modelo, y que a fin y a la postre lo han lastrado durante toda su existencia, han sido, básicamente la falta de definición legal. Cuando un cultivo era descubierto, en la mayoría de los casos, las fuerzas de seguridad lo cortaban y destruían. Aunque después los tribunales dieran la razón a la asociación, el daño ya estaba hecho y, en muchos casos, el proyecto asociativo se veía destruido. Por otro lado, en nuestro país, sigue siendo ilegal la tenencia en vía pública, por lo que, en teoría, los asociados a estas agrupaciones, en ningún caso podrían sacar la sustancia del local donde se distribuya, ni tampoco podría transportarse desde el lugar de cultivo, hasta la sede social. Esto se fue haciendo frente con el hecho, de que la sustancia que se retiraba era para consumo inmediato (2gr por día) y difícilmente nadie iba a poder enriquecerse vendiéndolo después. En el caso del transporte, aunque desde estos colectivos se propusieron numerosos protocolos, estos nunca se llevaron a cabo convirtiendo esta acción en quizás la más sensible de todas las realizadas por los trabajadores de los CSCs.

Hay que tener en cuenta que estas características no eran una especie de listado en el que, en el caso de cumplir todas, la justicia iba a permitir a ese colectivo funcionar con normalidad y al que no las siguiera, iba a sufrir una intervención o iban a prohibir sus actividades, si no más bien que se utilizaban por parte de los tribunales como una guía para intentar comprender su encaje legal.

Toda esta falta de definición en los límites legales de las actividades de estos colectivos provocó, que muchas de estas asociaciones, sobre todo en las grandes ciudades, comenzaran a estirar el modelo hasta límites insospechados. Empezaron a formarse asociaciones con varios miles de asociados, en los que el continúo ritmo de entrada y salida de usuarios hacía difícil entender esa base de previsión de consumo. Esto suponía que muchos CSCs comenzaron a funcionar con unas prácticas diferentes a las que se venían llevando a cabo por las primeras asociaciones, y en ellas se admitían por ejemplo turistas como socios, o se superaba ampliamente el límite de los 2 gramos por persona y día que estaban establecidos como buenas prácticas hasta este momento.

Aunque pudiera parecer lo contrario, esta nueva interpretación no tenía que suponer necesariamente ninguna intervención policial, ni ninguna condena, ya que, esa falta de definición, permitía muchos y muy diversos escenarios. Hay que tener en cuenta que las intervenciones en las sedes sociales, no han sido nunca una estrategia policial en cuanto a los CSCs se refiere. Esto provocaba que cualquier asociación que tuviera su cultivo en un lugar discreto y que no fuera intervenido, o aún más, cualquier asociación que comprara en el mercado negro, rebajaría al mínimo las posibilidades de sufrir una intervención, por lo que podía seguir funcionando con cierta tranquilidad tuviera el número de asociados que tuviera. El hecho de que casi todas las sentencias de estos años 2000 en cuanto a CSCs acabaran archivadas o con absoluciones, también provocaba un menor celo por parte de las diferentes policías, en comparación con los primeros años de existencia de los clubes.

Todo esto provocaba una situación esquizofrénica en la que muchas veces, asociaciones que supuestamente realizaban unas buenas prácticas se veían intervenidas y juzgadas, mientras que otras, que a priori pudieran estar más enfocadas a una visión de negocio, podían operar sin mayor inconveniente. Este hecho además suponía diferencias entre los responsables de las asociaciones y no hizo si no complicar aún más la situación política. Por un lado, las asociaciones más grandes se veían igualmente legitimadas para realizar sus actividades, en tanto en cuanto ningún tribunal las condenaba. Mientras, las asociaciones más activistas y comprometidas, entendían que ese otro modelo llevado a cabo por esos colectivos, dificultaba mucho la posibilidad de conseguir un encaje legal y eso complicaba aún más las propuestas políticas de regulación.

En este contexto, y a falta de una reglamentación externa clara y concisa, los Clubes Sociales de Cannabis, comenzaron a desarrollar y poner en práctica un modelo de autorregulación y control, que intentaba evitar que bajo el paraguas de una asociación se pudiera llevar a cabo actividades ilícitas. Esta autorregulación se tradujo, en diciembre de 2013, en la elaboración de un Código de Buenas Prácticas (elaborado por el Instituto Vasco de Criminología a petición de la Federación de Asociaciones de Usuarios de Cannabis de Euskadi EUSFAC).

Este código, que en principio fue diseñado únicamente como una herramienta para la regulación en Euskadi, pretendía reunir una serie de límites y normas autoimpuestas por estos colectivos que regulasen de cierto modo sus actividades basándose en todas las premisas necesarias para que una asociación cannábica cumpliera con la jurisprudencia y mantuviera sus bases de transparencia. Este Código de Buenas Prácticas pretendía, no sólo la consecución de los fines propuestos por las Asociaciones, sino también, ser un instrumento de observación (interno y externo) sobre los compromisos de transparencia adquiridos. Así, este documento tuvo por objeto establecer los criterios para la organización y funcionamiento de los CSC en un Estado social y democrático de Derecho y amparando el texto en las disposiciones de la Ley de Asociaciones de Euskadi, 7/2007, de 22 de junio, reguladora del derecho de Asociación y, de igual modo, en la legislación estatal aplicable en materia de derecho asociativo.

La aplicación de este CBPCSC se realizó con el objetivo de que fuera de obligado cumplimiento para todas las Asociaciones de personas usuarias de cannabis integradas en el Registro de Asociaciones de Euskadi. Con la aprobación de este CBPCSC por parte del Gobierno Vasco, el CBPCSC se convertiría en el referente principal no sólo en Euskadi, si no en diferentes territorios del país.

¿División de poderes?

Desde el año 2011 al 2013 el boom asociativo era imparable. Los CSCs iban proliferando a decenas en las principales ciudades de España tales como Madrid, Barcelona, Sevilla o San Sebastián. El debate sobre la existencia de estas asociaciones llegaba a su vez a la opinión pública, por medio de cientos de reportajes, entrevistas o artículos de prensa. La sociedad se iba posicionando y los políticos no podían seguir mirando para otro lado.

Parlamentos como el vasco, el catalán o el balear, estaban ya inmersos en ponencias o comisiones de debate sobre la necesidad de regular las actividades de estos colectivos. La mayoría de grupos políticos entendían que estos clubes eran eficaces en cuanto a que reducían riesgos asociados al mercado negro establecido y que podían ser una herramienta eficaz para terminar con algunos de los problemas derivados de la producción, consumo y distribución del cannabis.

Sin embargo, desde el Gobierno central, ocupado con mayoría absoluta en aquel momento por los conservadores del Partido Popular, se entendía que las actividades de estas agrupaciones incurrían en delitos establecidos en el código penal, y por lo tanto debían ser perseguidos y clausurados, y sus responsables juzgados por tales delitos.

Pese a que a nivel político, cada partido tenía más o menos claro su posicionamiento, en la práctica, la discrecionalidad sobre lo que se podía y no podía hacer era total. Algunas policías eran más permisivas que otras. Las asociaciones de áreas controladas por una comisaría, podían desarrollar con cierta normalidad sus actividades, mientras que las que estaban con la comisaría de al lado, tenían que esconderse por miedo a ser intervenidos.

En medio de toda esta vorágine, el gobierno decidió mover ficha y diseñó una estrategia represiva contra los CSCs intentando terminar, antes de que finalizara su legislatura, con todo el movimiento de un solo plumazo. El poder del Gobierno, vehiculizado a través del Plan Nacional Sobre Drogas y de a Fiscalía General del Estado, iba a poner en marcha toda su maquinaria para dar carpetazo al asunto.

Durante finales de 2012 y el primer trimestre de 2013, la Fiscalía General del Estado, convocaba a todos los Fiscales antidroga de España a sendas reuniones en Málaga y Santurce (Bizkaia). Durante estas reuniones, la Fiscalía expresó su preocupación por la proliferación de los CSCs y, a petición del Plan Nacional Sobre Drogas, comenzó su estrategia represiva. El PNSD es el órgano que decide sobre las directrices a seguir en materia de políticas de drogas en España; un organismo que tiene como fin y objetivo únicos el terminar con los consumos y la oferta de drogas en España, un objetivo del todo utópico y claramente ineficaz en el enfoque de los problemas derivados de éstas. En aquel momento, su delegado Farncisco de Asis Babín, ultraconservador y miembro del Opus Dei, entendía las labores de estos clubes como totalmente ilegales y perseguibles por parte de las autoridades.

El primer paso de esta estrategia se tradujo en la instrucción 8/2013 de la Fiscalía General del Estado. Se trata esta de una circular que se enviaba a todas las comisarías de España, en la cual se alertaba a las fuerzas de seguridad del estado, de la proliferación de este tipo de colectivos y de la necesidad de perseguirlos y clausurarlos. Pese a que, durante la anterior década, no se demostrara en los tribunales que las actividades de los CSCs tuvieran relevancia penal, la Fiscalía hacía una vez más el papel que no le tocaba, el de legislador.

Cada Comunidad Autónoma y cada comisaría de España, se tomó esta directriz de manera diferente. Mientras en algunos lugares como Málaga, Madrid o Alicante, las diferentes policías comenzaron una auténtica cruzada contra estos colectivos, en otros sitios como Euskadi y Catalunya, si bien hubo alguna intervención más, las consecuencias no fueron tan visibles. Pese a todo, la represión fue notable, y decenas de asociaciones se vieron clausuradas, intervenidas y sus responsables y algunos socios juzgados en los tribunales.

Pese a que parecía que la cosa quedaría en más procesos judiciales y más intervenciones, el estado aún se guardaba un as en la manga. Durante las citadas reuniones, todos los fiscales coincidieron en que el modelo de CSCs aprovechaba el último pronunciamiento realizado por el Tribunal Supremo sobre las actividades de los clubes. Este pronunciamiento era de 1997, única vez que un caso de CSC había llegado hasta esta instancia. En aquel momento, pese a la condena a los miembros de ARSEC, el TS hacía una interpretación bastante amplia del encaje legal de este tipo de actividades y marcaba las condiciones sobre el cultivo y consumo compartidos.

Así, los fiscales entendieron como algo necesario el hecho de que este Tribunal volviera interpretar estos conceptos pero de una forma mucho más restrictiva que pusiera así punto y final a las absoluciones del resto de tribunales.

En ese momento se dieron cuenta de que los juzgados tendían a absolver a estos colectivos, y sus sentencias eran firmes y no cabía recurso por parte de fiscalía. La única manera de que la fiscalía pudiera recurrir estas sentencias, era incrementando la petición de prisión para los imputados para que estos casos se resolvieran en las Audiencias Provinciales. De esta forma, cuando la petición fiscal superaba los cuatro años y medio de prisión, aunque la Audiencia absolviera, la Fiscalía podía recurrir al Tribunal Supremo.

Dicho y hecho. Los fiscales seleccionaron cuatro casos que en ese momento estaban en proceso de instrucción como cabeza de turco. A los responsables de estos colectivos, siguiendo el curso habitual de los acontecimientos en tribunales hasta aquel momento, se les solicitaba la pena máxima por delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, además de la notoria importancia (más de 10kg de sustancia aprehendida), lo que se traducía en cuatro años y medio de prisión. Pues bien, la fiscalía añadió a este delito, el de asociación ilícita, banda criminal organizada y, en algunos casos incluso un delito de contrabando. De esta forma, las peticiones fiscales ascendían hasta los seis o siete años de prisión, y aunque las distintas audiencias absolvieran, los fiscales tenían la posibilidad de recurrir al TS, y así lo hicieron.

Durante el año 2014, dos asociaciones de Bilbao (Pannagh y Ebers), una de Barcelona (Three Monkeys) y una más de Madrid (María la Gracia) eran juzgadas por el Tribunal Supremo. Cabe recordar que el TS es un órgano jurisdiccional único en España con jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social), salvo lo dispuesto en materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia corresponde al Tribunal Constitucional. El truco de todo esto está en que la facultad de nombrar a los magistrados que componen el Tribunal Supremo corresponde al Consejo General del Poder Judicial, el cual se compone del presidente y 20 vocales. Al presidente lo eligen los miembros del Consejo, y de los 20 vocales 12 son jueces y magistrados, de los que el Congreso de los Diputados propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. Los otros 8 son abogados u otros juristas, de los que el Congreso elige a 4 y el Senado a otros 4. Es decir, que en último término la composición de los tribunales son un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado. Esto no deja de poner en clara cuestión la independencia judicial en nuestro país y, en este caso, permite una vez más, que estos tribunales sean controlados por decisiones políticas del partido que controla las cámaras, en este caso, con mayoría absoluta.

Con estos ingredientes, el Tribunal Supremo ya estaba esperando estos casos con la mesa puesta. Como era de esperar, las condenas no tardaron en llegar y los conceptos de consumo y cultivo compartidos se vieron reinterpretados y la estrategia marcada por la FGE se veía cumplida. Las sentencias, carecían además de rigor jurídico, e incluso se copiaron y pegaron en los casos de las asociaciones bilbaínas, dando lugar a sentencias esperpénticas, en las que se mezclaban datos de ambas instrucciones y se sacaban conclusiones comunes para casos muy diferentes. En todos los casos, se utilizaba la razón de la existencia de un “peligro abstracto” de difusión de la sustancia que los responsables de un club no podían controlar. Esto es, ya no hacía falta demostrar que había difusión a terceros, o que la sustancia salía de ese grupo cerrado, si no que valía con la posibilidad de qe esto courriera….esto viene a ser como si condenan a un ferretero por el peligro abstracto de que alguien asesine a una persona con el cuchillo que él vende….esperpéntico.

Con estas sentencias en firme, audiencias de toda España tenían que cumplir con las líneas jurisprudenciales marcadas por el TS y muchos de los casos antes archivados o absueltos se comenzaron a traducir en condenas. El daño ya estaba hecho, y la estrategia fue eficaz en parte ya que las primeras condenas se tradujeron en el cierre de otras muchas que no querían seguir los pasos de las ya condenadas.

Aún así, otras muchas asociaciones se agarraban al error de prohibición para no ser condenadas. El error de prohibición se produce cuando una persona cree que está permitido, algo que está prohibido. En la teoría finalista del delito, cuando el error de prohibición es invencible, elimina la culpabilidad. Eso sí, una vez se aplica, si la asociación continuaba con las actividades, incurrían en un delito. Esto se traducía en que, en la mayoría de casos en los que se aplicaba esta figura jurídica, aunque la asociación fuera absuelta o condenada, casi siempre acababa cerrada.

En medio de toda esta lucha, la plataforma Regulación Responsable, conseguía reunir los fondos necesarios para proseguir la batalla jurídica, y los cuatro casos fueron recurridos al Tribunal Constitucional. Pese a que este Tribunal sólo acepta menos del 1% de los recursos presentados, aceptó a trámite todos ellos. En el momento que escribo estas líneas, en diciembre de 2017, aún no han sido resueltos.

Mientras tanto a nivel político, España ha ido poniendo el tema del cannabis en su agenda. En 2016, el proceso de la ponencia del parlamento vasco sobre la regulación de los CSCs desembocaba en varios artículos incluidos en la Ley Integral de Adicciones que el Gobierno Vasco presentaba en abril de 2016. Estos artículos instaban al Gobierno Vasco a desarrollar un reglamento que estableciera los límites, derechos y deberes de los CSCs. Asimismo, el agosto de 2017, y tras una Iniciativa Legislativa Popular que consiguió reunir más de 50.000 firmas, la Generalitat de Catalunya, presentaba también la primera Ley de Asociaciones de Cannabis. Por otro lado, durante 2017 la plataforma RR conseguía presentar, de la mano de todos los grupos políticos (en algunos casos incluso el PP) Proposiciones No de Ley en el que los políticos demandaban un debate sobre la necesidad de regulación del cannabis en España en todos los parlamentos autonómicos del país. Ambas leyes se veían rápidamente recurridas por el Gobierno Central al Tribunal Constitucional quedando suspendidas. La estrategia judicializadora del estado continuaba.

Cambio de paradigma: Reducción de Daños

Toda esta experiencia, de casi dos décadas entorno a los CSCs, se enmarca en una sociedad con una cada vez mayor sensibilidad para afrontar el fenómeno social de las drogas de manera distinta a cómo se ha llevado en las últimas décadas desde la política prohibicionista. Durante este tiempo, gran parte de la sociedad ha comenzado a reinterpretar la relación social con las drogas dándose cuenta de la imposibilidad de conseguir los objetivos de consumo cero o abstinencia total. Se observa ya una disposición de informar sobre cómo consumir drogas sin que sea perjudicial, saliendo así del binomio prohibicionista del No a la droga hacia el paradigma de la reducción de daños caracterizado por aprender a consumir drogas sin que ello perjudique a las personas. Asimismo los responsables de la formulación de políticas de diferentes países han llegado a la conclusión de que los enfoques tradicionales de ‘guerra contra las drogas’ no han conducido a la erradicación de los mercados ilegales ni a la reducción significativa de los niveles de consumo que se esperaban.

En este enfoque, el modelo de CSC es realmente útil ya que reduce riesgos y daños al incidir en la calidad de la sustancia, el contexto en el que se distribuye y en la relación del propio usuario con el cannabis (sustancia, contexto e individuo). Esta realidad supone que las diferentes autonomías, así como el Gobierno Central, deberían encontrar estrategias y programas equilibrados e integrados que consigan contener las dimensiones del mercado ilegal y, al mismo tiempo, minimizar los daños asociados a éste, como la delincuencia relacionada con las drogas, los riesgos para la salud pública y el impacto social sobre familias y comunidades. En este punto, el modelo de Clubes Sociales de Cannabis es eficaz y, bien utilizado, puede conseguir todos esos objetivos. Se trata de un modelo que permite salir de las redes del mercado negro a las personas usuarias, genera recaudación de impuestos y cotizaciones, reduce el gasto policial, impide el acceso de los menores a la sustancia, carece de trascendencia pública al funcionar en el ámbito privado, garantiza la calidad del producto, facilita la detección y prevención de consumos problemáticos entre sus miembros, y genera un sector económico sin objetivos lucrativos, gestionado democráticamente por las propias personas usuarias, ofreciendo una alternativa a las políticas de drogas vigentes, basadas en la prohibición, y cuya ineficacia ha sido constatada por multitud de instituciones y expertos.

Desde un punto de vista de Salud Pública, el controlar estos colectivos supondría la posibilidad de frenar la frecuencia de los consumos de cannabis, identificar consumos problemáticos, identificar sustancias adulteradas, retrasar la edad de inicio en los consumos, sacar el consumo de la vía pública, o poder actuar con los menores y las familias.

Claro ejemplo de la eficacia de este modelo es que a nivel internacional no sólo caló en España, si no que ha llegado a convertirse en referente internacional para las propuestas de regulación en otros países como Bélgica, Reino Unido o Uruguay.

A ojos de numerosos legisladores y políticos, los Clubes Sociales de Cannabis respetan los límites del derecho penal y encajan sin dificultad en el marco de las convenciones de la ONU sobre drogas y en el de las recomendaciones marco de la Unión Europea en materia de delito de tráfico de drogas, como así lo manifestó en 2006 la propia Comisión Europea a través del comisario Frattini.

Conclusiones finales sobre el modelo

El pilar de los CSC es un pilar fundamental en cualquier regulación de un mercado de cannabis, ya que representa el modelo de auto organización del consumo de forma cooperativista como una extensión del auto cultivo personal al auto cultivo colectivo. Un modelo con unos valores sociales que potencian el ejercicio de derechos fundamentales y una práctica de reducción de riesgos innovadora que está gestionada por los propios usuarios y las estructuras creadas para representarlos.

El estatus jurídico de las actividades de los CSCs hace que actualmente estas iniciativas se encuentren en un contexto no regulado, dentro del ámbito de la ilegalidad, tal y como ha expresado el TS en las sentencias del año 2015. Asimismo la relevancia penal viene determinada en formato de sentencias judiciales tras pasar un proceso en los que los representantes legales de la entidad tienen que demostrar la no relevancia penal de sus actividades, en base a un marco legal restrictivo y alejado de la realidad social. La alternativa a esta situación pasa por un cambio legislativo que incluya propuestas en forma de Proposiciones de Ley que cuenten con el consenso de la cámara legislativa, las cuales deberán incluir modificaciones en el articulado del Código Penal actual. Dicho cambio legislativo se producirá posterior al necesario debate institucional en la cámara y requerirá de una distribución diferente de los escaños. Aún así, la aprobación de una Ley para el cannabis que incluya a los CSC no está exenta de ser recurrida al Tribunal Constitucional, el cual en su articulado dispone la importancia de cumplir con los convenios internacionales en materia de políticas de drogas. Para hacer frente a este contexto hiperprohibicionista, los CSC están blindando el discurso jurídico, reorganizando las actividades, ampliando los conceptos de responsabilidad compartida, fortaleciendo y mejorando la documental, así como los mecanismos de seguridad jurídica.

La evidencia científica de la eficacia de las prácticas de reducción de riesgos por parte de los CSCs se demostró en el año 2016 con la publicación de las Investigaciones de la Universidad del País Vasco recogidas en el Informe del Observatorio Vasco de Cannabis de la Fundación Renovatio. Las prácticas orientadas a reconducir al usuario a un consumo responsable, así como las prácticas en relación a la propia sustancia para abastecerse sin recurrir a redes ilícitas, o la creación de espacios sociales donde se dinamizan actividades y se divulga información acerca del cannabis y los CSC, son la clave de esta práctica de Reducción de Daños. Desde esta perspectiva se puede afirmar que el modelo ha sido un éxito y que actualmente existen más de 800 CSCs en España que dan un servicio a sus asociados que les permite mejorar su calidad de vida.

El modelo de CSC desde la perspectiva de incidencia política y herramienta de trasformación de las políticas de drogas en España, requiere un análisis mas complejo. Las entidades que tradicionalmente han representado los CSCs, no tanto la Federación nacional como las Federaciones territoriales, han implementado prácticas de incidencia política que han tenido un recorrido interesante con avances legislativos, que si bien, han sido recurridos desde Madrid, han permitido afianzar las bases del modelo, así como normalizar o sociabilizar los problemas asociados a su implementación. Los avances normativos más destacados se han producido en Euskadi, Navarra y Cataluña, pero también ha habido movimientos en la mayoría de las Comunidades en este sentido. No obstante los CSCs actualmente se encuentran ya no en un limbo legal, si no en una situación especialmente complicada por la interpretación jurídica de el poder judicial. Obviamente uno de los principios fundadores ha sido el ejercicio de una práctica de desobediencia civil organizada. Este principio es el que parece que permitirá a los CSC seguir desarrollándose y evolucionando. Desde la perspectiva de la eficacia política para reducir la inseguridad jurídica, el análisis es más pesimista en relación a los objetivos que se plantearon los representantes del modelo CSC, pudiendo decir que la estrategia de sólo regular los CSC ha fracasado. Se trata éste de un fracaso derivado de un error en la lectura política del fenómeno, así como una infravaloración de los poderes del estado. Este contexto alienado con el gobierno conservador del PP no ha permitido que los CSCs obtengan el estatus jurídico que vienen reclamando desde hace 20 años.

La confrontación ideológica en la interpretación de la aplicación del modelo CSC, derivada de la no regulación externa y del estatus jurídico del cannabis, ha dividido profundamente al movimiento social, inhibiendo el necesario frente de unidad que requería un cambio legislativo y un cambio social que trasforme la percepción de las personas usuarias de cannabis organizada en colectivos. Asimismo, las prácticas de autorregulación y buenas prácticas promovidas por federaciones, no garantizan la implementación de un modelo basado en valores cooperativistas o alejados del ánimo de lucro. Es obvio que una reglamentación externa eficaz dependerá de un sistema de control externo gubernamental que, como con cualquier otro producto de consumo, garantice no sólo la calidad del producto, si no unas buenas prácticas que dignifiquen y armonicen las actividades de estos colectivos.

La estrategia política presente y futura de los CSCs debería ir encaminada hacia una profunda revisión y análisis de la ultima década. Debemos destacar que la regulación de los CSC vendrá derivada de un alineamiento transversal con el resto de actores que representan el resto de pilares. Sólo un propuesta legislativa integral que aborde todos los fenómenos del consumo de cannabis puede ser eficaz para los CSC y sus usuarios.

Actualmente no se observa aún la coherencia que la experiencia debería haber dado al movimiento de los CSCs, ya que éste se encuentra divido y con estrategias no compartidas. En consecuencia, consideramos que sólo la Plataforma Regulación Responsable está implementando una estrategia a escala integral que puede desembocar en la aprobación de un cambio legislativo, ya que el planteamiento que hace de no confiar todo el proceso legislativo a una ponencia de debate en la Comisión Mixta es inteligente frente a otras iniciativas unilaterales que, aunque apoyan el debate, intentan transaccionar en Madrid las propuestas legislativas recurridas al TC en las diferentes comunidades como es el caso de Navarra o Cataluña.

Se ha contrastado que el modelo CSC es eficaz y funciona en sus objetivos. Es una herramienta única forjada y moldeada por dos décadas de activismo y desobediencia. Su regulación dependerá de la capacidad de todos los actores inmersos en el proceso de abordarla de forma conjunta con el resto de pilares que hay actualmente en discusión. Una regulación integral será la única que permita operar a los CSCs de forma normalizada en nuestro país.

 

AMPLIACIÓN PILAR 4: EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

La prevención en el consumo de cannabis: experiencias y enfoques

Mikel Cerezo Ansoleaga (Asociación ORAIN)

Introducción

La asociación Orientación Educación y Psicoterapia ORAIN lleva quince años trabajando en el campo de la intervención social desarrollando e implementando diferentes proyectos y programas para distintas administraciones, principalmente en Gipuzkoa. En el mismo momento de su fundación, dentro de la propia asociación se creó el área dedicada a la prevención de las adicciones Orain Prevención/ Orain Prebentzioa. A lo largo de estos años, desde esta área se han llevado a cabo todo tipo de actividades preventivas como talleres en la universidad del País Vasco, charlas y talleres en clubes sociales de cannabis, talleres en centros escolares y centros de formación profesional básica (antes Pcpi), charlas orientadas al profesorado y a madres y padres, la colaboración y creación de programas de radio de carácter divulgativo y diversas publicaciones como artículos, folletos y la publicación del libro “Cannabis y consumo Responsable”. Estas actividades siempre han estado orientadas desde la perspectiva de la reducción de riesgos y daños derivados del uso de las drogas, más concretamente del uso del cannabis; aunque como veremos más adelante, con diferentes objetivos en función del colectivo susceptible de dicha acción preventiva.

En el presente artículo, realizaremos una pequeña aproximación a los diferentes niveles de prevención que se utilizan para establecer los programas de intervención; seguido de un repaso de las diferentes experiencias desarrolladas, con menores y con adultos usuarios, subrayando la similitudes y diferencias entre estas.

Los diferentes niveles de prevención

La prevención, por definición de la real academia española de la lengua, es la preparación que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo; en el caso en el que nos procede, hace referencia a evitar el riesgo de un inicio en el consumo o las consecuencias derivadas de este una vez iniciado. La prevención de las adicciones (donde también están incluidas las conductas adictivas o adicciones sin sustancia), actualmente está divida en tres niveles de actuación: universal, selectiva e indicada.

La prevención universal es aquella intervención preventiva que está dirigida a toda la población en general; basada en una filosofía comunitaria, lo que favorece el desarrollo de intervenciones en muchos ámbitos y a través de diversos recursos. En este nivel, podríamos incluir por ejemplo, las campañas de ámbito nacional sobre el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas. La prevención selectiva, es aquella intervención dirigida a los denominados “grupos de riesgo” o personas que por características personales, del entorno familiar, del grupo de iguales y/o del entorno socio-cultural, están expuestas a diversos factores de riesgo capaces de generar una adicción o conducta adictiva. En este nivel, incluiríamos las acciones preventivas dirigidas a un sector de la población más específico; como es el caso de los menores, a través de publicidad orientas o acciones de carácter local (eventos, charlas o talleres en centros escolares, etc.). La prevención indicada, por último, es aquella intervención preventiva que va dirigida a un subgrupo específico de la comunidad, que realiza consumos iniciales o tiene un consumo de drogas habitual. Se dirige, por tanto; a personas concretas de alto riesgo o menores con altos índices de vulnerabilidad. En este último nivel, estarían los programas y las intervenciones más específicas, incluso individualizadas; como programas de deshabituación, charlas y talleres para personas usuarias, etc.

La prevención en el consumo de cannabis.

El cannabis es una planta cultivada desde hace siglos por la humanidad y ha sido empleada para diferentes usos (religioso, terapéutico, gastronómico, industrial, artístico, lúdico, etc.). Actualmente es la sustancia ilícita que más se consume en el ámbito mundial, Unión Europea, Estado Español y Comunidad Autónoma de Euskadi; en comparación con cualquier otra sustancia incluida en las listas de estupefacientes de los Convenios Internacionales. Según diversos estudios realizados por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías; más de 80 millones de europeos lo han probado alguna vez en su vida (casi una de cada cuatro personas, el 23,7%) y se estima que aproximadamente el 1% de la población adulta de la UE lo consume diariamente. En Euskadi, según los datos del último estudio disponible al respecto (Euskadi y Drogas 2012); en el año 2012, alrededor de 71.000 personas consumieron esta sustancia en el último mes, 45.000 en la última semana y 28.000 de forma diaria.

En vista de estos datos, es una realidad que el cannabis es una sustancia cada vez más integrada dentro del colectivo social y que en los últimos años, probablemente fomentado por las recientes regulaciones y cambios legislativos a nivel internacional (Uruguay, algunos estados de EE. UU, Holanda, Canadá, etc.); se está convirtiendo en un artículo de uso cada vez más normalizado, a pesar de la situación legal en España.

Por esta razón, la acción preventiva sobre el consumo y uso del cannabis, es algo completamente necesario; una intervención a diferentes niveles y orientado a diferentes públicos. Como veremos a continuación; el enfoque, los objetivos y la metodología de estas intervenciones preventivas, son establecidas en función de las características del grupo objeto de las mismas.

Prevención con menores

El trabajo con menores nos ofrece una imagen de la relación que estos tienen con las drogas, cuales son las causas que le llevan a comenzar a consumirlas (personales, sociales, grupales), los mitos y leyendas que manejan en torno a estas, la percepción que tienen de los riesgos, las razones para querer dejarlas o seguir consumiéndolas, etc. Como ya hemos comentado anteriormente, en el caso concreto de los menores estaríamos hablando de un nivel de prevención selectiva, al considerarse este colectivo un grupo de riesgo o de especial vulnerabilidad.

Los talleres que realizamos con menores se apoyan en cuatro modelos teóricos, siendo el primero el modelo de intervención sistémico desde una perspectiva constructivista. El modelo sistémico tiene una mirada amplia en su visión de conjunto y de la relación entre los diferentes sistemas que intervienen. Así, el enfoque sistémico contempla al individuo, a la comunidad y a su entorno como partes interconectadas, afectándose mutuamente y con la necesidad de trabajar conjuntamente. A la hora de trabajar con menores, hay que tener en cuenta tres diferentes contextos presentes: a nivel individual, a nivel interpersonal/social y las influencias del contexto.

En lo referente a los consumos de drogas, si nos centramos en el individuo, podemos decir que una parte significativa de los abusos de drogas están relacionados con la no-adquisición de ciertas capacidades personales (autorregulación emocional, autoconcepto equilibrado, habilidades para la vida, control frente a la impulsividad, …), de valores trascendentales (respeto, solidaridad, crítica reflexiva, …) y de actitudes positivas frente a la salud. Estos déficits de capacidades, valores y actitudes en un medio social que resulte promotor del consumo de drogas, se convierten en factores de riesgo para la formación de estilos de vida en los que los consumos problemáticos de drogas son un comportamiento habitual.

El contexto social donde vivimos con su cultura, identidad, pautas de uso de sustancias, etc, influye mucho en la decisión de los menores a la hora de comenzar un consumo de drogas. Cada menor tiene un entorno social e interpersonal único que incluye a padre-madre/tutor-a, hermanos/as, amigos/as y otros adultos significativos, la comunidad, la política escolar y el cumplimiento de la Ley a nivel local. Dentro de este apartado está incluida la familia y su importancia en el desarrollo del menor a todos los niveles; cognitivo, emocional, social, etc. La familia es un elemento clave y fundamental de cara a prevenir y evitar el mantenimiento de usos inadecuados de sustancias por parte de los menores.

A nivel contextual se pueden destacar las siguientes influencias en los menores: los códigos de conducta social en relación a las drogas, la accesibilidad y el precio de las drogas, la edad mínima para comprar drogas legales, la publicidad de las drogas legales, así como la programación de televisión y los guiones de películas de cine, mensajes a través de la música de moda, estilos de ocio y disfrute del tiempo libre, los rituales de paso de la infancia al mundo adulto.

El segundo modelo teórico en el que se apoyan los talleres de prevención parte del entendimiento de la adolescencia dentro del ciclo vital; incluyendo la teoría sobre las necesidades de los adolescentes. La adolescencia es una etapa de cambio y de transición; es un momento vital que como consecuencia de la gran cantidad de cambios físicos, psicológicos y sociales, genera inseguridad, inestabilidad y baja autoestima. Esto puede provocar una crisis personal en el adolescente que ya no se apoya en los padres como hacía antes, sino que se apoya en sus pares, en sus iguales. Los adolescentes construyen su identidad a través del choque y rechazo de sus modelos adultos, y tendiendo a imitar modelos de sus iguales. Se trata de una fase evolutiva de mucho cambio físico, ya que se generan muchos cambios biológicos debido al crecimiento corporal, a la irrupción de las hormonas y el desarrollo de la sexualidad. Algunas de las características evolutivas propias de la adolescencia que pueden incrementar la vulnerabilidad de las personas en este momento vital pueden ser: la necesidad de reafirmación, la necesidad de trasgresión, la necesidad de conformidad intra-grupal, la sensación de invulnerabilidad, el rechazo a la ayuda del adulto, la susceptibilidad frente a las presiones del entorno, las perspectivas de futuro negativas, la tendencia al hedonismo, la transformación química de los estados de ánimo, la impulsividad, el individualismo y la desintegración social, el bajo nivel de tolerancia a la frustración, etc.

El tercer modelo ahonda en torno al aumento de los factores de protección y la disminución de los factores de riesgo. Los factores de riesgo son aquellas circunstancias socioculturales y características individuales que, en conjunción, en un momento determinado, incrementan la vulnerabilidad de los adolescentes favoreciendo que se pueda dar un consumo abusivo y/o problemático. A las circunstancias que reducen la probabilidad de consumir y de tener problemas, se les considera factores de protección. La explicación por la que a similares factores de riesgo/protección ambientales, algunos menores no presentan problemas y otros en cambio sí lo hacen, se debe a que los primeros suelen disponer de importantes factores protectores que amortiguan o reducen la influencia de los factores de riesgo, mientras que los segundos carecen de ellos. La clave, por tanto, está en la presencia o ausencia de factores protectores en el individuo y sus entornos. Así, un menor se encuentra en situación de riesgo cuando tiene múltiples e importantes características de riesgo y escasas condiciones de protección. Cuando se detectan situaciones de riesgo, las actuaciones están orientadas a la eliminación de los factores de riesgo que inciden de forma negativa en el ajuste personal y social de los menores y de sus familias. Para ello, se trata de promover la colaboración de los padres, tutores o guardadores, la utilización de recursos de apoyo personal y familiar, la intervención comunitaria, así como los servicios de orientación y seguimiento. Las intervenciones deben trabajar en la línea de reforzar los factores de protección y la promoción de actitudes y hábitos saludables, a la vez que se reducen o minimizan los factores de riesgo.

Por último, el modelo de competencia social pone el acento en la conceptualización positiva de la salud y la promoción de los recursos individuales y comunitarios para enfrentar situaciones críticas. Las competencias sociales son aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo que permita afrontar eficazmente los retos de la vida diaria. Son comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver una situación de una manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en el que se encuentra. Entendidas de esta manera, las competencias sociales, pueden considerarse como vías o rutas hacia los objetivos del individuo. El término habilidad o competencia nos indica que no se trata de un rasgo de personalidad, de algo más o menos innato, sino más bien de un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos. Dicho modelo abarca las competencias sociales, cognitivas y afectivas, tales como la capacidad para tomar decisiones, asertividad, capacidad de comunicarse de forma efectiva, autoestima, habilidad para manejar las propias emociones y habilidades de resolución de problemas.

Partiendo de estos enfoques teóricos, el objetivo principal a la hora de llevar a cabo una intervención preventiva con menores, es la prevención del consumo de drogas a través de la promoción de la educación para la salud; potenciando los factores de protección y reduciendo los factores de riesgo. Es decir, promover el no consumo de estas, retrasar el inicio y reducir los riesgos y daños derivados en el caso de haber comenzado los consumos. Las actividades realizadas en este campo desde la asociación ORAIN han sido bastante variadas y han consistido en charlas y talleres de prevención del consumo de cannabis y alcohol, principalmente en institutos con alumnos de la ESO/DBH y Bachillerato, con alumnos de Formación Profesional y alumnos de Formación Profesional Básica (antes llamados Programas de Cualificación Profesional Inicial).

Los talleres, suelen tener una duración media de tres horas divididas en dos sesiones; además de los objetivos generales ya descritos; persiguen otros no menos importantes, como dar a conocer los riesgos derivados del consumo, haciendo hincapié en los colectivos de alto riesgo, en el que ellas y ellos están incluidos y para los que está contraindicado el consumo. Este objetivo se trabaja desde una perspectiva de transmisión de información veraz, a la vez que trabajan los mitos y tópicos imperantes sobre las sustancias. Dentro de la realización de un trabajo más personal, se analizan las diferentes motivaciones que acompañan al consumo; aclarando la función personal que cumple el consumo. Como objetivo final, se incluye el trabajo de prevenir el paso hacia otras drogas o hacia otros modos de consumo/abuso.

Estos talleres se han completado con charlas dirigidas al profesorado de algunos de los centros comentados y con las madres y padres de las / los alumnos. La acción con ambos grupos está orientada a favorecer y fomentar factores de protección, así como limitar y reducir los factores de riesgo en relación al uso de sustancias. Los objetivos trabajados con el profesorado buscan la elaboración de guías de actuación desde el centro escolar ante los consumos dentro del mismo (estrategias de abordaje); asesorando a su vez a las y los profesores y personal educativo para orientarles en el manejo y afrontamiento de situaciones con el/la adolescente consumidor. Coordinar y colaborar con la red de recursos de protección y apoyo al adolescente y/o la familia, que permita un funcionamiento adaptativo del adolescente y/o la familia. Los objetivos abordados con los grupos de madres y padres están orientados a trabajar las pautas de actuación de los padres\madres para el abordaje de los consumos de sus hijos y el manejo de situaciones difíciles; asesorándoles para que tomen mayor conciencia de las necesidades de los menores y orientarles en el afrontamiento y manejo de diferentes situaciones.

Otra de las experiencias de trabajo llevada a cabo por la asociación, es el programa de “Medidas alternativas a las sanciones impuestas a menores por tenencia o consumo de sustancias” en el ayuntamiento de Donostia. Este programa consiste en ofrecer una medida reeducativa como alternativa al pago de la sanción administrativa o multa; a través de sesiones individuales con el/la menor, talleres grupales y charlas para madres / padres. Este programa parte desde una perspectiva de prevención indicada, al trabajar con menores que han sido sancionados mientras consumían o en posesión de la sustancia; generalmente cannabis. En las sesiones individuales se realiza un abordaje más personal del consumo, la función de este en la vida del adolescente y sus causas, riesgos, etc. En los talleres grupales se realiza un trabajo a lo largo de cinco sesiones de dos horas de duración; donde se abordan factores personales y sociales del consumo, así como los riesgos y consecuencias de este.

Prevención con usuarios adultos

El trabajo con persona adultas, usuarias de cannabis y pertenecientes a un club social de cannabis; nos ofrece una imagen de un colectivo organizado en torno al consumo de esta sustancia. En este caso, estaríamos hablando de un nivel de prevención indicada; al considerarse este colectivo, un grupo específico de la comunidad, que realiza un consumo de cannabis y tienen establecida una relación con la sustancia y el consumo de la misma.

Los dos principales modelos teóricos sobre los que se apoya este proyecto son, el modelo de reducción de riesgos y daños, y el modelo de competencia social. El modelo de reducción de riesgos y daños (Marlatt, 1998), es un marco conceptual que engloba a todas aquellas estrategias que tienen como objetivo disminuir de una manera jerárquica y variada los efectos negativos del uso de drogas. Las estrategias de reducción de riesgos y daños aplicadas al tema drogas pueden definirse globalmente como “el conjunto de medidas individuales y colectivas, dirigidas a minimizar los efectos físicos, psíquicos y sociales problemáticos asociados al consumo de drogas”. Los programas de reducción de riesgos se dirigen tanto al grupo de consumidores experimentales, ocasionales, habituales y regulares.

Este modelo focaliza principalmente en la valoración de las consecuencias del consumo, con el objetivo de disminuir los riesgos/daños y los efectos negativos del consumo de drogas. Si bien, el consejo más evidente de cara a reducir los riesgos/daños del alcohol/cannabis sería la abstinencia, conviene no olvidar los beneficios que los consumidores perciben (relajación, momentos de tranquilidad, etc.) y que son fuertes motivadores del consumo, a pesar de reconocer los efectos negativos. Este modelo se adecúa mejor a las características de este colectivo, ya que los consumidores adultos no se consideran enfermos, no se consideran drogodependientes, no acuden a centros de orientación o tratamiento pero ven bien recibir información y pautas de autocuidado personal. En su psicología, consumir drogas no es igual a tener problemas. Estos mantienen que hay diferentes tipos de consumo y de usos de drogas; por lo que se trabaja desde la responsabilidad del usuario, teniendo en cuenta que hay otros riesgos tan importantes o más que la adicción. En consecuencia, la prioridad es la calidad de vida, el bienestar del individuo y la comunidad.

El Modelo de competencia social, abarca competencias cognitivas y afectivas positivas tales como la capacidad para tomar decisiones, asertividad, capacidad de comunicarse de forma efectiva, autoestima, habilidad para manejar las propias emociones y habilidades de resolución de problemas; que promocionan un concepto positivo de la salud y fomentan los recursos individuales y comunitarios. Las competencias sociales son, en definitiva; aquellas aptitudes, formas de pensar o comportamientos que conducen a la resolución de situaciones de forma efectiva y adecuada, para el propio sujeto y para el contexto social de este.

Los objetivos principales a la hora de llevar a cabo esta acción preventiva, son la promoción de la educación para la salud a través de fomentar los usos adecuados, seguros y moderados de la sustancia, y atenuar los riesgos asociados a los consumos de sustancias y a conductas excesivas con riesgo de generar adicciones. En los talleres se promueve la máxima información y capacitación a las personas usuarias, buscando la reducción de los abusos, fomentando los usos moderados, responsables y seguros. Se aborda la diferencia entre el uso y el abuso de la sustancia; realizando una reflexión, un autoanálisis y un cuestionamiento personal en relación al uso que cada participante realiza de la sustancia. Partiendo del enfoque biopsicosocial aplicado al mundo del consumo de drogas y más concretamente al consumo de cannabis, se repasan los usos problemáticos relacionados con las características del usuario, la sustancia y el contexto. Identificando los criterios para reconocer un consumo adictivo, se trabaja la construcción de un límite entre el uso y el abuso de cannabis hacia el objetivo de un consumo responsable. Para ello, se realiza una definición del sentido y la función que cumple el cannabis para cada usuario; sin olvidar que el abuso puede ser síntoma de algún malestar que se pretende calmar.

Es en este contexto concreto donde se introduce el concepto de “consumo responsable” (Martínez, 2014); entendiendo este como un estilo de consumo en el que, por las características de la persona consumidora, las características del cannabis y del contexto donde se realiza, el usuario obtiene los beneficios que busca sin que suponga la aparición de repercusiones negativas. El usuario mantiene el control sobre el uso de cannabis, reduciendo en la medida de lo posible o evitando la aparición de posibles consecuencias negativas para la persona o el entorno. En este sentido, el usuario es capaz de autorregular el uso de la sustancia en base a las consecuencias que tiene en su vida, de forma que se permite el uso en unas circunstancias que estime oportunas y lo evita en otras que no sean adecuadas.

Las actividades desarrolladas por ORAIN en este campo, comenzaron con la realización de talleres en la facultad de psicología de la Universidad del País Vasco para estudiantes que podían ser consumidores o no; siendo esta una intervención de prevención selectiva. Al mismo tiempo comenzó el diseño y la realización de talleres con socios y usuarios de los clubes sociales de cannabis de la zona de Donostia; siendo esta una intervención preventiva indicada, más específica. Los talleres, inicialmente de dos o más sesiones, pasaron a convertirse en charlas de una sesión; ampliándose así el número de participantes y sesiones en los diferentes clubes del territorio de Gipuzkoa y algunos de Bizkaia y Araba.

Conclusiones

El cannabis es una planta cada vez más presente en nuestra sociedad, no solo a través de los medios de comunicación como la prensa, ya que su presencia es cada vez mayor en la televisión, películas, series de ficción, internet, revistas, anuncios de productos relacionados, ferias especializadas, etc. Las noticias de la regulación de esta sustancia en diferentes partes del mundo (Uruguay, algunos estados de EE. UU, Canadá) y los cada vez más numerosos estudios científicos que demuestran los diversos usos medicinales; están manifestando la realidad de un fenómeno global hasta ahora escondido por las políticas prohibicionistas y los Lobbies de drogas legales. En el plano nacional, las plataformas y colectivos (clubes sociales de cannabis, federaciones, asociaciones, equipos de prevención, etc.) que demandan su regulación, las diversas iniciativas autonómicas a través de Proposiciones No de Ley (PNL), la ley Navarra de Asociaciones Cannábicas, el Art 83 de la Ley Vasca de Adicciones y la Ley Catalana reguladora de estos colectivos, todas ellas anuladas por el Tribunal Constitucional; son la evidencia de que el cannabis es una sustancia que ya llevaba mucho tiempo entre nosotros pero cada vez está más presente en nuestra sociedad.

Esto no quiere decir que el consumo de esta sustancia haya aumentado en los últimos años; más bien refleja y pone en relieve una realidad hasta ahora poco conocida de personas que consumen cannabis de forma regular o esporádica, y que ahora reclama el derecho a poder hacerlo de forma regulada, legal y por lo tanto segura. El llamado “fenómeno” de los clubes sociales de cannabis ha sido y es, dada la situación legal actual de esta sustancia; la única forma que las personas usuarias podían acceder a esta, sin acceder al mercado negro.

Las acciones preventivas con personas adultas consumidoras de cannabis se han venido realizando dentro del circuito de clubes sociales, trabajando la reducción de riesgos y daños o como se ha denominado en los últimos años, la gestión de placeres y riesgos. Esta es una mirada más amplia, completa y adecuada, que aborda no solo los posibles riesgos y daños derivados del consumo, sino también los placeres y beneficios que el usuario obtiene del uso de las sustancias. Es un modelo más amplio e integrador, que está planteado en positivo y es normalizador, en cuanto a que a todas las personas nos afecta la adecuada gestión de los placeres y los riesgos de la vida. Este objetivo se ha llevado a cabo a través de una intervención que orienta a la persona consumidora a realizar usos responsables/adecuados y de bajo riesgo; que ayudan a asumir su responsabilidad sobre los usos que realiza y a minimizar los riesgos que afronta contribuyendo a una mejor autorregulación de la sustancia. Estas acciones preventivas en su mayoría son realizadas por empresas, ONG y asociaciones de carácter comunitario sufragadas a través de ayudas públicas o en algunos casos por los propios clubes o usuarios.

Las acciones preventivas realizadas con menores se han desarrollado en centros educativos de distintas especialidades (Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Formación Profesioanl); desde una perspectiva selectiva y trabajando los objetivos del no consumo y retrasar el inicio de estos; así como la reducción de los riesgos derivados. Este último objetivo de reducción de riesgos y daños generalmente está orientado en la mayoría de las intervenciones que se realizan, hacia la búsqueda de un no consumo de las sustancias; es decir, orientado a aquellos menores que no han comenzado a realizar consumos o lo han hecho de forma muy esporádica. La acción preventiva habitualmente, no suele tener en cuenta, en el caso del cannabis al menos; al menor que ya realiza un consumo más o menos continuo y lo ve/siente normalizado. Es en este punto, donde dentro de una intervención selectiva aparece la necesidad de realizar una prevención más indicada, específica y adaptada a las necesidades de estas personas.

En ambos modelos de intervención preventiva, no hay que olvidar en ningún momento las consecuencias que el cannabis tiene para la salud, entendiendo la salud como la suma del bienestar físico, psicológico y social. De esta forma, se tendrán en cuenta los riesgos que el consumo puede generar en cada una de estas áreas y se fomentan y establecen estrategias para minimizar las consecuencias negativas.

En definitiva, se podría afirmar que más información y conocimiento por parte de los usuarios, significa menos riesgos para la salud. En esta línea, podemos añadir que, a mayor reflexión sobre la interacción entre la persona, la sustancia y el contexto, el usuario desarrolla mayor consciencia, lo que puede permitir un mayor nivel de responsabilidad sobre sí mismo y su consumo. Por ese motivo, cobra sentido desarrollar líneas de trabajo que aporten más información a menores como a adultos (usuarios o no), tanto sobre sí mismos (trabajo personal), como sobre la sustancia y el entorno social (contexto); fortaleciendo los factores de protección y reduciendo los factores de riesgo.

AMPLIACIÓN PILAR 5: CANNABIS TERAPÉUTICO

 José Luis Vila (Fundación ICEERS)

Actualización de la situación legal

Las personas usuarias de cannabis medicinal se encuentran en una situación difícil. Sufren de estigma social, perjuicios para la salud o inseguridad jurídica y, en ocasiones, ni siquiera tienen los recursos económicos o educativos para enfrentar esta situación.

Intentando buscar la mayor mejora posible para el grupo de personas afectadas y para las políticas públicas que les perjudican debido al estatus legal del cannabis, aportamos ciertas claves a lo largo del siguiente texto.

En primer lugar decir que, a nivel nacional, los tratados internacionales sobre estupefacientes establecidos en la Convención Única de 1961 están siendo incumplidos o que, al menos, hay una grave contradicción en ellos. Estos tratados, ratificados por España en 1967, fiscalizan el cannabis clasificándolo como un Estupefaciente, pero al mismo tiempo reconocen que “el uso médico de los estupefacientes continuará siendo indispensable para mitigar el dolor”, por lo que “deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin”[1]. De esta forma queda definido que aunque un estupefaciente esté fiscalizado, esto no es impedimento para que se reconozca su uso médico y científico. Así pues, este uso médico se ve acompañado por medidas que admiten “la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes” siempre que se atengan a “fines médicos y científicos” (Convención Única, artículo 4). Esto se encuentra corroborado por la Ley 17/1967 española, que admite “usos terapéuticos, científicos y docentes autorizados con arreglo a la presente Ley”[2].

Las malinterpretaciones que se han dado en torno a lo anterior han llevado incluso a la OMS a alertar, en un informe emitido en 2012, de que “anualmente, decenas de millones de personas padecen enfermedades, dolor de moderado a grave y, en última instancia, mueren, debido a la falta de acceso a medicamentos fiscalizados”[3]. Por otra parte, la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes) dice claramente que “la Convención Única permite a los Estados partes el uso del cannabis con fines médicos”[4], como de hecho ya sucede en varios países como Canadá, Israel, Alemania, Australia, Italia y más de 27 Estados Norteamericanos, que cuentan con programas propios de cannabis medicinal. Por último, destacar que administrativamente en el Estado español es posible el desarrollo de un programa de cannabis medicinal de acuerdo con la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios[5], que sería la encargada de establecer los parámetros que debe cumplir un fármaco para ser considerado medicamento. Este programa sería posible porque, tal como se especifica en el artículo 51, las plantas y sus mezclas pueden considerarse medicamentos siempre que cumplan una serie de condiciones.

Estas y otras contradicciones del marco político y legal imperante han provocado durante décadas un daño innecesario infligido a personas con problemas de salud que la ley reconoce teóricamente sobre el papel pero que sistemáticamente olvida en la práctica. El absurdo de dichas contradicciones, y la abundante información científica que refiere los beneficios del cannabis para determinadas patologías médicas y psicológicas, hace que se vuelva prioritario defender el derecho que tiene toda persona que utiliza cannabis por motivos de salud de acceder al cannabis y a los cannabinoides bajo la supervisión de un médico.

Experiencias de pacientes y observatorios o fundaciones

En los años recientes, muchos CSC han dado respuesta a las necesidades del colectivo de personas que usan cannabis por motivos de salud así como a sus familias. También un grupo muy reducido de médicos ha abierto la brecha y dado la cara para atender y tratar al colectivo. Algunas asociaciones –exclusivamente- de pacientes en Madrid, Barcelona y Zaragoza se han esforzado por dar espacio al colectivo afectado pero, en general, la figura de la persona enferma ha quedado relegada a un segundo plano dentro del debate público sobre la regulación, pues el fenómeno de los CSC ha sido el más protagonista. Es necesario tener en cuenta toda esta panorámica a la hora de entender el contexto en torno al que surgen dos de las principales iniciativas nacionales en lo que a cannabis medicinal se refiere.

Por una parte está la experiencia de CANNABMED promovida por la Fundación ICEERS. Esta tuvo su punto de partida en una conferencia celebrada en diciembre de 2016 en la Universidad Autónoma de Barcelona. En ella se produjo un encuentro entre médicos y pacientes que también sirvió para recoger una valiosa información mediante debates en grupos de discusión. Gracias a esto se obtuvo un diagnóstico de la situación actual de las personas que utilizan cannabis medicinal, y sus familiares y cuidadores, utilizada como hilo conductor para conformar una comisión de trabajo . Esta se ha ido reuniendo regularmente con el equipo técnico de ICEERS y con su colaboración se confeccionó la Declaración de Barcelona sobre cannabis medicinal. Este texto sintetiza las demandas del colectivo poniendo de relieve su problemática jurídica y legal, tanto a nivel internacional como nacional, con el objetivo de explicar las causas políticas y sociales del malestar que padece.

El objetivo de las medidas descritas es buscar la visibilización de los pacientes y su puesta en contacto con los actores relevantes (médicos, políticos, etc…) para que puedan cambiar su situación. Es esto precisamente lo que se ha intentado gracias a la preparación de tres encuentros trimestrales y varias reuniones periódicas que han acabado cristalizando en la creación de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC), nombre que lleva la asociación que ha surgido de esta comisión de trabajo en el seno del trabajo de CANNABMED.

A lo anterior cabría sumar la voluntad de promover labores de incidencia política que vengan acompañadas por otras de difusión en el ámbito educativo. Es el caso de un recientemente elaborado mapa interactivo (cuyo resumen se mostrará más adelante) que permite conocer de forma fácil y rápida la situación mundial de los programas de cannabis medicinal. Otro ejemplo de este trabajo formativo es la preparación de varios seminarios sobre cannabis medicinal impartidos por tres de las personas más expertas del Estado español en la materia: José Carlos Bouso, Fernando Caudevilla y Mariano García de Palau, pero también la publicación de artículos en revistas (científicas y divulgativas) y estudios donde se busca averiguar el impacto del cannabis medicinal en la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas.

Gracias a estas acciones y a la creación de la asociación UPRC se busca plantear de manera enérgica las demandas de este colectivo mientras se genera conocimiento. Médicos, políticos, periodistas, industria cannábica o representantes de clubs sociales de cannabis son algunos de los interlocutores a tener en cuenta de forma que su alianza con los pacientes sea lo más fecunda posible y tenga amplia resonancia en las sucesivas ediciones del Congreso CANNABMED.

Por otra parte se encuentra El Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), que comenzó su andadura en octubre de 2015. Esta asociación busca promover el conocimiento de las propiedades medicinales del cannabis y sus derivados, así como informar y sensibilizar a las instituciones, medios de comunicación y sociedad civil. El OECM lleva esto a cabo gracias a la divulgación de material físico y audiovisual, además de promocionando la coordinación entre profesionales y el intercambio de conocimientos. Se intenta desde aquí asesorar a autoridades públicas y entidades privadas tomando como base estudios científicos y ensayos clínicos.

Uno de los puntos fuertes de esta organización es contar con un equipo interdisciplinar que trabaja tanto en los aspectos de estudio y observación como en los de divulgación manteniendo un intercambio constante entre todos estos niveles. Sus frentes incluyen obtener datos fiables y avanzar hacia una estandarización de los productos derivados del cannabis que garanticen su trazabilidad asegurando la salud de los pacientes. La inseguridad sanitaria y jurídica a la que se ven expuestos estos debido a la falta de regulación les perjudica gravemente teniendo consecuencias muy negativas sobre sus vidas. Pero el alcance del OECM no se detiene ahí, ya que también busca la complicidad de profesionales (como el personal biosanitario) que confrontan una realidad clínica para la que no suelen estar preparados. Por todo ello el OECM considera apropiado buscar una solución ciudadana que políticamente sea equiparable a la existente en otros países del mundo en lo que a cannabis medicinal se refiere.

En cuanto a las labores de incidencia política y mediática hay que destacar su gran trabajo, que ha conseguido alcanzar medios de comunicación de impacto nacional y hacer que la opinión pública tenga conocimiento de un debate que en otras circunstancias le sería ajeno. También resaltar su empuje junto con el partido político Ciudadanos, que fue acompañado por el Observatorio en su presentación de una PNL que busca regular el cannabis terapéutico a nivel estatal, y que ha culminado con la creación de una subcomisión dentro de la comisión de Sanidad del Congreso que debatirá la regulación del cannabis medicinal. La exposición de motivos utilizada para argumentar tanto la pertinencia como el encaje en el marco jurídico español de la implantación de un eventual programa de cannabis medicinal en España fue desarrollada por el equipo de la Fundación ICEERS[6].

Propuestas legislativas, PNL en las comunidades autónomas y/o subcomisiones.

A continuación presentamos una breve enumeración de las siguientes iniciativas de distintos grupos políticos de ámbito tanto nacional como autonómico. Estas PNL (Proposición No de Ley), son un tipo de propuestas no vinculantes que, en este caso, están dedicadas al cannabis e instan al Gobierno y al poder legislativo a promover un debate en profundidad sobre el tema.

PNL’s nacionales:

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC): legalización del cannabis y apertura de ponencia.

Ciudadanos: cannabis medicinal

Podemos: apertura de una ponencia de debate en la comisión mixta del Senado.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): apertura de un debate integral y en profundidad en la comisión mixta del Senado

PNL’s autonómicas:

Euskadi: apoyo al debate nacional y autorregulación de los CSC aprobada por consenso en 2016.

Cantabria: regulación del cannabis medicinal (PP).

Extremadura: insta al Gobierno Central a estudiar el fenómeno del consumo de cannabis

Canarias: para regular el consumo de cannabis en todos sus aspectos.

Andalucía: regulación del cannabis ajustado al nuevo contexto nacional e internacional (Podemos).

Murcia: regulación del cannabis en la misma línea que Andalucía

Madrid: insta al debate nacional en torno al cannabis.

Navarra: recogida de 500.000 firmas para la regulación de los colectivos de usuarios de cannabis y el autocultivo (RCN: Representación Cannábica Navarra).

Cabe añadir a este resumen que la situación política actual es compleja. Es cierto que por una parte en estas iniciativas se recoge el punto de vista de muchas partes de la sociedad que están a favor de actualizar las leyes que afectan al cannabis, pero ciertos partidos pueden entorpecer el proceso. El Partido Popular por ejemplo, tradicionalmente alineado con las políticas prohibicionistas, es probable que ponga trabas y, al mismo tiempo, en otros partidos restantes hay un debate interno que se encuentra lejos de ser claro. Se puede decir que aún queda mucho camino por recorrer, pero que la cantidad y el apoyo de las propuestas es muy positivo. Queda únicamente poner atención a los plazos de la Comisión Mixta y esperar a que se abra un debate que pueda conducir a una Propuesta Legislativa que se ajuste a las demandas del colectivo social.

Exploración de propuestas de vías legales para regular el acceso al cannabis medicinal.

El caso de la relación del cannabis con la prohibición internacional está plagado de controversia. Por una parte porque el cannabis se incluyó en las listas más restrictivas (I y IV) en contra de lo estipulado en los tratados, que dicen que la catalogación de cualquier sustancia ha de venir avalada por un informe técnico que, en este caso, no se produjo: ningún organismo reconocido internacionalmente por sus competencias lo emitió. Esto no solo pone en duda la transparencia de los criterios de inclusión en las convenciones sino que dificulta la despenalización de los usos de la planta, incluyendo el médico.

Lo anterior es especialmente relevante por lo que nos dice del régimen prohibicionista, ya que las irregularidades de esta inclusión se producen no solo en el caso del cannabis, sino en otras muchas sustancias. Esto perjudica muy seriamente la credibilidad de las clasificaciones que, además, se ven influidas por la posibilidad de recibir o no avisos de la JIFE (organismo dentro de Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimento de los tratados de fiscalización). Es lo que sucede con muchas sustancias de la lista IV, que los Estados incluyen solo por eludir dichos avisos. Incluso ha sucedido que la JIFE ha sospechado que la catalogación de valor médico o terapéutico no hace otra cosa que esconder usos recreativos (aún habiendo reconocido en 2014 el uso médico del cannabis y establecido los criterios que deben cumplir los estados para implementar programas de cannabis medicinal).

No obstante, y a pesar de las reprensiones, varios estados norteamericanos y países han implantado programas de cannabis medicinal, algo que la JIFE sí contempla aunque tomando ciertas medidas, como la creación de un organismo de ámbito nacional que fiscalice y supervise el cultivo de la planta y las licencias. A esto habría que sumar que estos programas deben de estar basados en la evidencia científica y sujetos a prescripción médica y, por último y de forma más polémica, que no permitan el autocultivo.

Pese a que en muchos países el cannabis se encuentra prohibido esto no es óbice para que en ellos se haya implantado un programa de cannabis medicinal compatible con la legislación internacional. Estos programas han surgido de iniciativas por parte de los gobiernos, que han operado según su criterio, lo cual permite concluir que es posible implementar programas de cannabis medicinal sin que se tengan por qué desobedecer los tratados. En lo tocante a España, por ejemplo, incluso existe un organismo (el Área de Estupefacientes y Psicótropos del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos), que en el plano práctico haría innecesaria la creación de uno nuevo, que sería el encargado de supervisar desde la producción a la dispensación pasando por la prescripción.

El artículo 51 de la Ley de Garantías y uso Racional de Medicamentos, para más inri, reconoce que «podrán venderse libremente al público las plantas tradicionalmente consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta ambulante». En este caso es fácilmente demostrable el uso tradicional del cannabis en los últimos 200 años, por lo que esta circunstancia sería muy favorable de cara a regularizar el acceso al cannabis medicinal.

Por último resaltar que un programa de cannabis medicinal se podría implementar desde diferentes perspectivas, como podrían ser la del uso compasivo o el uso como medicinas no registradas. Varios países han ofrecido alternativas de este tipo, de las que ya se han beneficiado miles de pacientes, y que han sido recogidas por sus Ministerios de Sanidad quedando abiertas las consultas a ellos.

Breve resumen de escenario internacional a partir del mapa.

A continuación haremos una panorámica esquemática de la situación legal del cannabis medicinal en distintos países del mundo.

EUROPA

Austria:

  • El 9 de julio de 2008 el Parlamento aprueba el cultivo de cannabis para usos científicos y médicos
  • El cultivo está controlado por la Agencia Austríaca para la Salud y la Inocuidad de los Alimentos (AGES)
  • El THC puede dispensarse en Austria como un medicamento preparado individualmente en la farmacia

Bélgica

  • El 11 de junio de 2015 un Real Decreto permite a las farmacias distribuir medicamentos que contengan THC (p.ej. Sativex)
  • La Agencia Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios (AMPS) es la encargada de supervisar el cannabis medicinal
  • Los pacientes en Bélgica tienen la opción de obtener Sativex con receta médica

Croacia

  • En Octubre de 2015 Croacia aprobó un conjunto de leyes que legalizan el cannabis medicinal
  • El “Inmunological Institute” es responsable de la importación y distribución del cannabis con fines médicos

República Checa

  • Tiene una ley, aprobada el 7 de diciembre de 2012, que permite que el cannabis esté legalmente disponible con receta en farmacias
  • La Agencia Estatal de Cannabis Médico es responsable de otorgar licencias para cultivar cannabis medicinal y comprar cannabis medicinal cultivado, cosechado y de su distribución

Dinamarca

  • En 2011 la Agencia Danesa de Medicamentos autoriza el uso médico de derivados del cannabis
  • Sativex, Marisol y Nabilona están disponibles bajo prescripción médica
  • La Agencia Danesa de Medicamentos creó un memorando sobre el tema

Finlandia

– En 2012 la Agencia Finlandesa de Medicamentos (FIMEA) autorizó el Sativex como medicamentos de venta con receta

  • Finlandia importa Bedrocan, Bediol y Bedica para uso compasivo
  • Se puede consultar el memorándum de la Agencia Danesa de Medicamentos para más información

Francia

  • El 8 de junio de 2013 los derivados del cannabis pueden utilizarse para la fabricación de productos médicos
  • Todos los productos basados en cannabis deben ser aprobados por la Agencia Nacional de Seguridad Médica (ANSM)
  • El Sativex está disponible para pacientes

Alemania

  • El 10 de marzo de 2017 entra en vigor el proyecto sobre la legalización del cannabis medicinal.
  • La agencia de Cannabis se está estableciendo y supervisará el cultivo doméstico, el procesamiento, etc… del cannabis medicinal

Georgia

– En noviembre de 2017 el Tribunal Supremo ha dictaminado que es inconstitucional perseguir penalmente a las personas por consumir cannabis.

Grecia

  • En 2017 se tomó una decisión ministerial conjunta sobre la legalidad del uso del cannabis medicinal
  • A día de hoy se está todavía estableciendo el marco regulatorio

Italia

  • En enero de 2013 el Ministerio de Salud firmó un proyecto de ley que autoriza el uso medicinal del cannabis
  • A los pacientes se les permite obtener un suministro legal de cannabis medicinal de las farmacias con licencias administradas por el Estado
  • La Dirección General de Dispositivos Médicos y Servicios Farmacéuticos del Ministerio de Salud realiza las funciones de la Organización Estatal del Cannabis

Macedonia

– El 9 de febrero de 2016 el Comité de Salud del Parlamento de Macedonia aprobó la legalización del cannabis medicinal.

  • A partir de junio de 2016, a los pacientes sin receta se les permitió comprar aceite de cannabis con un 0,2% de “cannabinoides” o menos. Las formas más concentradas requieren receta.
  • Se autoriza la producción (y exportación) a empresas para su venta en farmacias

Malta

– En noviembre de 2017 se aprueba una nueva legislación para mejorar el acceso al cannabis medicinal.

Países Bajos

  • El 1 de enero de 2001 se creó la Oficina de Cannabis Medicinal como parte del Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes de los Países Bajos.
  • Los Países Bajos autorizaron el cultivo de cannabis con fines medicinales de acuerdo a lo descrito en el Convenio de Naciones Unidas de 1961
  • La OCM es responsable de todo el cultivo de cannabis con fines médicos y científicos y tiene el monopolio absoluto de todas las transacciones relativas a estos productos, incluida la importación y la exportación

Noruega

  • En 2012 la Agencia de Medicamentos de Noruega aprueba el Sativex para la Esclerosis Múltiple y el dolor crónico
  • En junio de 2013 se prescribió por primera vez Bediol a un paciente con cáncer en el Hospital Sørlandet
  • La Agencia Noruega de Medicamentos permite la prescripción médica del cannabis

Polonia

  • El 20 de julio de 2017 se aprueba un Proyecto de ley del cannabis medicinal firmado por el Presidente Andrej Duda. Se hará efectiva en octubre de 2017
  • Los farmacéuticos podrán dispensar cannabis importado con receta medica. Los productos que estará disponibles incluyen cannabis herbal, tinturas, resina y otros extractos
  • Se creará en un futuro cercano El Instituto Polaco de Cannabis para educar a medicos, farmacéuticos y público general

Portugal

  • En 2000 se aprobó la Ley 30/2000, que despenaliza formalmente el consumo y la posesión de todas las drogas ilícitas, en la medida en que se encuentran en pequeñas cantidades y para uso personal
  • Actualmente no hay leyes específicas sobre el cannabis medicinal en las leyes de Portugal, aunque el Sativex está legalmente disponible en el país desde 2012

Rumania

  • En octubre de 2013, Rumanía legalizó los derivados del cannabis con fines medicinales
  • Los fabricantes también podrán solicitar a la Agencia Nacional de Medicamentos la aprobación para comercializar cannabis herbal así como fármacos que contengan productos derivados del cannabis.

Eslovaquia

  • En 2011 el Instituto Estatal de Control de Drogas ha permitido a las compañías médicas registrar medicamentos que incluyan moléculas con THC
  • El Sativex está disponible para los pacientes
  • El cultivo de cannabis para fines médicos sigue siendo ilegal

Eslovenia

  • El 19 de junio de 2014 el Gobierno esloveno clasificó los cannabinoids en la lista II de drogas controladas
  • Los medicamentos con cannabinoides registrados pueden ser recetados a pacientes para el tratamiento de aquellas enfermedades para las que estos formatos resultan eficaces

Suecia

  • En febrero de 2017 la Agencia de Productos Médicos (APM) ha dado los dos primeros permisos para que los pacientes utilicen cannabis medicinal en forma de Bediol
  • La APM había aprobado previamente el Sativex. El Marinol también está disponible. El uso de ambos es bajo prescripción medica

Reino Unido

  • En junio de 2006 la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) autorizó el Sativex
  • La Nabilona también está disponible bajo prescripción médica
  • El cannabis medicinal herbal sigue siendo ilegal

Luxemburgo

– En noviembre de 2017 se apueba llevar a cabo un proyecto piloto para la regulación del cannabis medicinal.

España

  • La ley 17/1967, del 8 de abril, crea la posibilidad de utilizar estupefacientes de manera terapéutica
  • Está autorizado el uso de Sativex para Esclerosis Multiple y como uso compasivo para diferentes tipos de dolor. También Epidiolex para uso compasivo en determinados tipos de epilepsias refractarias infantiles
  • El Real Decreto 1/2015, de 24 de julio, permite la venta de plantas tradicionalmente consideradas medicinales
  • Recientemente se ha permitido a una empresa farmacéutica cultivar cannabis para producir cannabinoides con fines de exportación.
  • Las leyes permiten establecer un programa de cannabis medicinal, pero no hay iniciativa por parte del gobierno

SUDAMÉRICA

Argentina

  • El 29 de marzo de 2017 el Senado aprobó la ley que permite el uso medicinal del cannabis
  • Se crea el Programa Nacional del Ministerio de Salud
  • El programa provee de acceso gratuito al aceite de cáñamo y otros derivados del cannabis a cualquier persona que se apunte al mismo

Belice

  • En octubre de 2017 el Parlamento aprueba una enmienda de legislación sobre el uso del cannabis.

Brasil

  • En mayo de 2015 se permite la importación de productos basados en el cannabidiol (CBD) (aceite de cáñamo)
  • En enero de 2017 la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) aprobó Mevatyl (Sativex)

Chile

  • En abril de 2015 la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la despenalización del autocultivo de marihuana para consumo personal y fines medicinales.
  • Se autoriza el autocultivo de hasta 6 plantas por hogar.

Colombia

– En 2016 el presidente aprobó la Ley 1787 que crea un marco regulatorio para el cannabis medicinal

  • El 9 de septiembre de 2017 se emitieron tres resoluciones relacionadas con la Ley 1787. Se regula el cultivo de cannabis medicinal
  • El Ministerio de Salud pronto emitirá otras resoluciones relacionadas con la fabricación de derivados del cannabis.

Paraguay

  • El 26 de mayo de 2017 la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) autoriza la regulación del aceite de cannabis.
  • Como el cultivo de cannabis está prohibido en el país, la materia prima para la fabricación del medicamento será importada de los Estados Unidos.
  • En 2016 Paraguay también autoriza la importación del aceite de cannabis desde los EEUU

Perú

– En octubre de 2017 se aprobó una propuesta para descriminalizar el cannabis medicinal.

Uruguay

  • El 20 de diciembre de 2013 la Ley 19.172 fue promulgada en Uruguay legalizando el Cannabis para todos los usos: recreativos, industriales, medicinales y científicos
  • El 4 de febrerode 2015 el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió el decreto regulador para el cannabis medicinal
  • Se crea el instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA)

ÁFRICA

Sudáfrica

  • En marzo de 2017 la MCC (Medicines Control Council) publicó un proyecto de directrices para la producción, uso y fabricación de marihuana medicinal en Sudáfrica, sin embargo se desconoce cuando el proyecto se convertirá en ley

ASIA

Chipre

  • En 2017 se aprueba la Ley de cannabis medicinal y se crean las leyes sobre cultivo
  • El Ministerio de Salud es el responsable de la importación y la distribución
  • El gobierno también quiere atraer a inversores extranjeros para cultivar cannabis medicinal en el país

Israel

  • En 1992 se autoriza el uso de marinol a pacientes con sida
  • En 2007 el Ministerio de Salud israelí inició un programa de cannabis medicinal
  • Actualmente la Medical Cannabis Unit (MCU) del Ministerio de Salud se encarga de regular el cannabis para usos médicos y de investigación

Filipinas

  • En marzo de 2017 se aprueba un proyecto de ley de legalización de la marihuana medicinal.
  • El proyecto de ley crea un marco regulatorio para el cultivo, dispensación y uso de cannabis medicinal

OCEANÍA

Australia

  • El 1 de noviembre de 2016 el cannabis medicinal se convirtió en un fármaco controlado en el “Poisons Standard”
  • Controlado por la Office of Drug Control (OCD) y la Therapeutic Goods Administration (TGA)
  • La regulación podrá diferir dependiendo del territorio

Nueva Zelanda

  • El Associate Minister of Health anunció en junio de 2017 que se modificará el Reglamento sobre el Uso Indebido de Drogas de 1977. El CBD continuará siendo un fármaco controlado. Sin embargo muchas de las restricciones actualmente impuestas por el Reglamento serán eliminadas. Los cambios significarán que los productos de CBD, donde el nivel de otros cannabinoides naturales sean menos del 2% del contenido del total de cannabinoides, serán de más fácil acceso.
  • Los productos a base de cannabis son fármacos controlados por la Clase B1 y se requiere aprobación ministerial antes de que se puedan prescribir, suministrar o administrar, de conformidad con la regla 22 del Reglamento sobre el Uso Indebido de Drogas de 1977
  • Desde 2008 el Ministerio ha aprobado 163 solicitudes de Sativex
  • En 2020 se hará un referéndum para el uso personal del cannabis

[1]          Organización de Naciones Unidas (ONU): Convención Única de Estupefacientes de 1961. https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf

[2]          Enlace a la Ley 17/1967, del 8 de abril: https://www.boe.es/boe/dias/1967/04/11/pdfs/A04806-04809.pdf

[3]          Organización Mundial de la Salud (OMS): Garantizando el equilibrio en las políticas nacionales sobre sustancias fiscalizadas. Orientación para la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos fiscalizados; 2012. http://www.who.int/hiv/pub/idu/est_requirements/es/

[4]          Véase el punto 219 incluido en JIFE (2015), Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes correspondiente al año 2014, Viena: JIFE, p. 39.

[5]          Véase la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Accesible desde: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-13554

[6]          Dicha exposición de motivos puede encontrarse en: GEPCA (2017); Cannabis: propuesta de un nuevo modelo de regulación. García de Palau, M. y Bouso, J.C. Anexo 3. Cannabis medicinal, pp: 331-334. Barcelona: Bellaterra.

 

REGULACION CANNABIS 2017

COMUNICADO BALANCE 2017 REGULACIÓN RESPONSABLE #REGULACIÓN 2017

El año 2017 va llegando a su fin y es momento de hacer balances, no solo del presente ejercicio, si no del ciclo de 3 años que ha completado la Plataforma Regulación Responsable. Para realizar este análisis, el próximo 3 de Febrero de 2018 se celebrará en Madrid, la cuarta Asamblea General de la plataforma en la cual, representantes y diversos actores del movimiento cannábico se encontrarán para analizar el contexto, evaluar los objetivos y definir la estrategia política que implementará en el próximo ciclo trianual 2018-2020.

 

#Regulación 2017 ha sido el lema del movimiento, simbolizando el esfuerzo de una sociedad civil que urge al cambio legislativo. Este lema ha sido también la base de nuestra estrategia de presión, que partía de un principio de unión y consenso entre actores del sector y que se ha basado en una convicción de que el cambio ha llegado para quedarse. 2017 quedará en la historia como el año en el que el movimiento se consolidó y supo impulsar diversas iniciativas a un nivel que hasta ahora no se había conseguido desde la sociedad civil. Un año que ha legitimado nuestra plataforma como un actor clave en la futura revisión de las políticas del cannabis en el estado español.

 

Sin el nivel de actividad desarrollado, sería imposible enfocar el diseño de una estrategia eficaz para la regulación. La madurez adquirida durante estos años en el desarrollo de la incidencia política y en las cuestiones técnicas han provocado la creación de las herramientas que favorecerán la balanza hacia una futura regulación integral del cannabis.

 

Durante el 2017 desde RR hemos conseguido un nivel de interlocución y presencia que al comienzo de nuestro proyecto jamás hubiéramos imaginado. Hemos impulsado una Proposición no de Ley en el Senado para poner en marcha una Ponencia de estudio de todos los usos del cannabis en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el estudio del problema de las drogas. Además hemos impulsado otras Proposiciones No de Ley en la mayoría de Comunidades Autónomas para que dentro de sus competencias incuestionables insten al gobierno a que ponga en marcha esta comisión de estudio cuanto antes dada la Realidad Social. Hemos mantenido más de 50 reuniones con todas las capas del poder legislativo, participado en las campañas mediáticas que UCANN ha liderado, realizado presentaciones y comunicaciones por todo el estado, editando también una publicación técnica que profundiza en el argumental de nuestra propuesta de regulación de “los 5 Pilares del cannabis”-la cual verá la luz a inicios del 2018-. Asimismo, nuestra plataforma ha estado presente en todas las jornadas, cursos de verano y eventos en relación al cannabis que se han celebrado en España, incluyendo el Congreso prohibicionista de Catoira. Hemos sido partícipes de la mayor protesta respecto del cannabis a nivel estatal de las que han acontecido, la ManiFiestAcción – Día por una Regulación Responsable, donde por primera vez artistas, políticos y activistas se unieron frente a más de 25.000 personsas en la Puerta del Sol de Madrid,  gritando  un cambio, en lo que fue un día histórico. En resumen, hemos sido capaces de multiplicar nuestra presencia para conseguir un año de gran actividad que, sin duda va a revolucionar la estrategia y el trabajo político y social en los próximos años.

 

No obstante, un análisis del escenario en profundidad, nos ofrece una fotografía compleja que requiere de una actualización de medios y recursos en los próximos años. Al menos hasta el inicio de la próxima legislatura, en el 2020, debemos de ser capaces de preparar al legislativo a aceptar un cambio en las leyes que desemboque en una regulación integral que satisfaga las múltiples demandas de la sociedad civil organizada.

 

Una sociedad civil que observa el estancamiento de las expectativas de regulación ante un gobierno del Partido Popular y unos poderes del Estado que ya empezaron a construir sus diques en el año 2014 frente a la evolución del movimiento. Todo esto se enmarca en un contexto político nacional en el que encontramos un gobierno escorado en la posición prohibicionista y mermando con sus deciones y políticas, la calidad de la democracia en muchos ámbitos sociales y políticos, no sólo en el cannabis. Un escenario judicial en el que cualquier iniciativa territorial en materia de cannabis es recurrida al Tribunal Constitucional, denotando una estrategia judicializada, no dialogante y criminalizadora en todos sus frentes. Por su parte, el Tribunal Supremo, ha cumplido su función en el esquema con las sentencias condenatorias a los CSC consolidando conceptos jurídicos que bloqueen la actividad de los mismos; y pese a que después de dos años y medio de un intenso trabajo y empleo de recursos desde Regulación Responsable hemos conseguido anular la sentencia que ponía una losa encima de los clubes sociales de cannabis, la ya famosa 484/2015 de 7 de septiembre (Ebers) el Tribunal Constitucional ha decepcionado no entrando al fondo de todas las cuestiones planteadas ahondando más en la inseguridad y alargando lo inalargable, es por ello que seguiremos peleando hasta la más alta instancia para que se nos aclare si el Estado tiene la capacidad de limitar derechos y libertades individuales y colectivas como viene haciendo con las políticas actuales.

Además como previsiblemente iba a suceder el TC también ha anulado la Ley Navarra de Asociaciones Cannabicas y ha suspendido el Art 83 de la Ley Vasca de Adicciones y la Ley Catalana reguladora de estos colectivos, que entendemos correrá igual suerte que la navarra, cerrando así las puertas a la posibilidad de cualquier atisbo de regulación autonómica.

Por otra parte y por si fuera poco nos encontramos con un Plan Nacional Sobre Drogas elaborando un discurso de posverdad construido en congresos excluyentes de posiciones revisionistas. Con todo esto es fácil comprender que la tarea del cambio legislativo se alargará en el tiempo.

 

Por eso es clave seguir luchando y persistir en la tarea a la que la Plataforma se encomendó en el año 2015. Sabemos que esto no sucederá sin una evaluación en profundidad del camino recorrido estos años y las dificultades que ha atravesado para desarrollar sus fines. Hemos perseguido siempre nuestros dos objetivos fundacionales: el de crear una plataforma trasversal que agrupase al máximo de actores del movimiento, y el de consensuar una propuesta de regulación para trasladar una propuesta de ley integral al Parlamento con el máximo posible de consenso entre grupos políticos.

 

Respecto al primer objetivo, RR considera que a pesar de ser una plataforma que agrupa a usuarios, CSC, Federaciones, medios, fundaciones, empresas, juristas y técnicos, no puede considerar que haya conseguido aunar al conjunto de actores relevantes. La Federación de Asociaciones de Cannabis de España (FAC), está centrando su estrategia para la regulación en los CSC. El Observatorio Español de Cannabis Medicinal, centra sus objetivos únicamente en esta rama del cannabis. El GEPCA (Grupo de Expertos en Políticas del Cannabis), por su parte con su propia propuesta de regulación o el OECCC con su propia propuesta legislativa para el pilar del autocultivo. Estos actores, entre otros, simbolizan aún una falta de consenso y cohesión del movimiento que es uno de los factores también clave,  de que el proceso político se ralentice, por lo que RR hace un llamamiento a la responsabilidad de cara a los proximos años en el que debe primar el respeto, las buenas prácticas y el mayor consenso posible en los mínimos.

 

Respecto a la propuesta legislativa, nuestra plataforma arrancará el 2018 colaborando con un grupo legislativo compuesto por miembros de parlamentos territoriales, diputados y senadores de las Cortes Generales, por académicos, juristas y expertos de la sociedad civil para iniciar un proceso de trabajo sólido y con garantías de cara a la próxima legislatura. Este proceso culminará en una propuesta de ley que aborde los cambios legislativos necesarios para, desde una perspectiva de salud pública y derechos fundamentales, diseñar, aprobar e implementar una experiencia de mercado regulado de acceso al cannabis que aborde los 5 pilares de la regulación que planteamos.

 

Por ese cambio seguiremos trabajando durante todo 2018.

#Regulacion2018

 

 

 

En Madrid a 29 de diciembre de 2017.

 

 

 

 

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AMPARO CONCEDIDO A LA SENTENCIA DE EBERS

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Hoy día 19 de diciembre de 2017 hemos recibido una gran noticia, aunque podría haber sido mejor (a continuación explicaremos por qué). El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto el Recurso de Amparo planteado por Regulación Responsable contra la ya famosa sentencia 484/2015 de 7 de septiembre de 2015, la primera de las cuatro resoluciones que el Tribunal Supremo dictó en cuanto a Clubes Sociales de cannabis. La condena al colectivo EBERS fue la más importante y la que marcó la tendencia suponiendo un cambio en la interpretación que los tribunales venían haciendo sobre la viabilidad legal de los Clubes Sociales de Cannabis. Esta sentencia cristalizaba el proceso de criminalización impulsado por el gobierno del Partido Popular a través de su apéndice, la Fiscalía General del Estado con su también ya famosa instrucción 2/2013 de 5 de agosto.

Esta sentencia fue un mazazo que supuso un punto de inflexión para el modelo asociativo, y vino a cambiar lo que venía validandose por parte de multitud de Juzgados y Audiencias Provinciales a lo largo y ancho del territorio nacional.

No hay que olvidar que esta sentencia del Tribunal Supremo tiene su origen en una absolución previa por parte de la Audiencia Provincial de Vizcaya que dio por buena la linea de defensa y la argumentación en base a la interpretación de la doctrina del cosnumo compartido del Tribunal Supremo.

Desde el momento que se produjo una filtración interesada (no propio de un Tribunal de esta envergadura y legitimidad) en junio de 2015, sobre que en breve el Tribunal Supremo resolvería negativamente contra esta sentencia (cuestión que se produjo tres meses después) Regulación Responsable se armó a través de su comisión juridica y diseño una estrategía para contrarestar este atentado contra la libertad personal y los derechos individuales. No podíamos permitir en absoluto que esta resloución quedara sin recurrir, no podíamos permitir que despues de tantos años de lucha el movimiento asociativo se cortara en seco por esta instrumentalización de la justicia.

Es por eso que Regulación Responsable captó fondos para poner en marcha la maquinaria para contarrestar la citada resolución. Nos pusimos en contacto con Juan Antonio Lascurain, catedrático de Derecho Penal experto en cuestiones constitucionales de la Universidad Autonoma de Madrid, que fue el encargado de realizar el incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo y el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional, a través de un convenio suscrito con la citada Universidad. Un trabajo de excepcional factura del que el propio Tribunal Supremo reconoció su valía pese a no aceptar ninguno de sus argumentos, expresando que no había sido un mero acto de tramite previo a la presentación del Recurso de Amparo.

Regulación Responsable desde el primer momento entendió que este trabajo no podía basarse en el egoismo y la ocultación sino todo lo contrario; partiendo del concepto freeware y teniendo altura de miras y responsabilidad con el modelo asociativo elaboró una publicación con el trabajo realizado. Una publicación de libre difusión para que todas las asociaciones que se pudieran ver inmersas en la misma situación tuivieran una herramienta de garantías para contarestar la misma.

Además Regulación Responsable cedió el trabajo realizado en el caso EBERS a los abogados de las siguientes asociaciones condenadas por el Tribunal Supremo: los casos Three Monkeys y Pannagh, además de colaborar en su financiación.

Estos dos recursos también fueron admitidos y serán resueltos por el Tribunal Constitucional, y en la linea de esta resolución ya que los argumentos condenatorios eran los mismos. Sentencias clónicas, burdos cortapegas no propios del Tribunal Supremo, podemos adelantar aventurándonos sin conocer los citados asuntos, que serán resueltos de igual forma.
Dicho lo cuál y sin poder haber realizado un análisis exahustivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, hemos de expresar que no estamos contentos con la resolución dado que el Tribunal Constitucional sale por la tangente, y no entra a valorar la cuestión de fondo. Este pronunciamiento basa la anulación de la sentencia y del auto del Tribunal Supremo en dos argumentos formales, perdiendo una oportunidad clave para aclarar la cuestión. El que debiera ser el valedor de los derechos fundamentales nos ha fallado una vez más, cuestión que en ningún caso vamos a aceptar y ya adelantamos que seguiremos dado la batalla hasta el último escalón, El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Estamos convencidos de que tenemos la razón y que los argumentos expresados en el recurso son validos, valientes, razonables, coherentes y sobre todo justos.

Para aclarar todas las cuestiones pertinentes y ofrecer una valoración más técnica de esta sentencia ofreceremos una Rueda de prensa el próximo martes 26 de diciembre a las 11 horas en la General Ricardos 127 1º en Madrid. Agradecemos a todo el mundo que ha depositado su confianza en nuestra organización como clave en un cambio en las politicas sobre el cannabis en el estado español

Seguimos … #Regulacion2017.

En Madrid a 19 de diciembre de 2017.
Comisión de Coordinación de Regulación Responsable20252195_xl

 

 

El Congreso Internacional de Cannabis no nos representa2

COMUNICADO Regulación Responsable

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CANNABIS Y SUS DERIVADOS

Catoira, 24-25 de noviembre de 2017

 

CATOIRA: EL RELATO DE LA POSVERDAD DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Durante los días 24 y 25 de noviembre, representantes de la Plataforma Regulación Responsable asistieron al “I Congreso Internacional de Cannabis y sus derivados: salud, educación y ley”, en la localidad de Catoira, en Pontevedra. Se trataba éste de un encuentro coorganizado por el Plan Nacional Sobre Drogas, la Xunta de Galicia, autoridades locales y en el que se contaba también con representación de diferentes Universidades.

La logística y organización del congreso fueron excelentes, no pudiendo decir lo mismo del contenido del programa. Se evidenció en el diseño del programa oficial la discriminación a la voz de la parte de la sociedad civil que demanda una revisión de las políticas del cannabis, la falta de representación de las plataformas de personas consumidoras o plataformas de pacientes, así como de investigadores y científicos que no compartan la visión fundamentalista del actual PNSD. Cabe destacar que desde la organización se ofrecía la posibilidad de plantear propuestas elaboradas desde la sociedad civil en un pequeño espacio de 10 minutos, en el que nuestra plataforma participó junto al OECCC (Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis). Asimismo, la ausencia de espacios para el debate tras las ponencias fue otro de los problemas del evento. Pese a todo, este encuentro fue una oportunidad única de ver la estrategia para el cannabis del Plan Nacional Sobre Drogas.

Tanto en la presentación como en la ponencia de clausura del Congreso a cargo del Director del Plan Nacional de Drogas Francisco de Asís Babín quedó evidenciado que el objetivo implícito del Congreso era combatir lo que este fin de semana pasó a llamarse discursos “alejados de la realidad”. Desde el sector oficialista se pretendía consolidar un discurso científico, médico, jurídico y social alrededor del cannabis que justificase la inmovilidad del gobierno en esta materia construyendo un relato criminalizador y estigmatizante de todo sector que plantee una revisión de las políticas y convenios actuales.

En esta línea hemos podido ver cómo se ha usado este congreso de Catoira para construir un discurso muy preocupante de POSVERDAD desde el Plan Nacional Sobre Drogas. Continuamente se ha querido crear un frente contra la sociedad civil revisionista, a quien se ha definido como parte interesada y promotora del mercado de comercio de cannabis. Argumentos utilizados como el de que una regulación es sinónimo de mayor disponibilidad, mayores costes sanitarios, mayores consumos, más banalización o que supondría un descenso en la edad de inicio en los consumos, se han utilizado sin ofrecer evidencias sólidas que lo demostraran. Hemos escuchado discursos criminalizadores hacia las asociaciones de personas usuarias por parte de representantes del Ministerio Fiscal haciendo referencia a una sentencia que la propia fiscalía declara que “vulnera derechos fundamentales” y de la cuál pide su anulación. Otros discursos poniendo en duda los usos terapéuticos por parte de los pacientes que han decidido usar cannabis para mejorar su calidad de vida. Ponencias sobre supuestos mitos de los Clubes Sociales de cannabis utilizando datos sesgados de forma interesada y con un marcado contenido moral. Algo significativo es también que sea un médico el que da una ponencia de clausura básicamente con un discurso jurídico-legal.

La Plataforma Regulación Responsable considera contraproducentes estos discursos completamente alejados de la realidad y de los objetivos que venimos defendiendo. No hay nada en nuestra trayectoria o actividades de la que extraer ese discurso a no ser que se quiera usar al colectivo como telón para tapar la ineficacia de las políticas actuales sobre el cannabis en la consecución de sus objetivos. Actualmente en España las tasas de consumo son las más altas de Europa, derivadas de la ineficacia de las políticas de reducción de la oferta y la demanda, o la cuestión del descenso en las edades de inicio Otro claro ejemplo de la ineficacia de estas políticas es el hecho de que España es actualmente el país con mayor tasa de tránsito de todo tipo de drogas que van hacia Europa, de las cuales parte también se quedan aquí.

RR considera que lo que realmente está en peligro, si no hay un cambio legislativo, es la Salud Pública como concepto de seguridad jurídica, la salud de los pacientes que demandan un acceso con garantías, la salud de usuarios habituales o esporádicos que demandan su uso sin recurrir a redes ilícitas y la salud de colectivos vulnerables como menores; en resumen, lo que está en juego es la salud democrática de nuestra sociedad.

En conclusión, la plataforma RR ha podido constatar que el trabajo realizado estos tres años en el ámbito de la incidencia política está teniendo sus efectos. No sólo en la posibilidad de abrirse un debate a escala nacional en 2018, con la apertura de una Ponencia de estudio en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el Problema de las Drogas, si no que en el propio legislativo empieza a haber una mayoría de partidos que demandan una revisión efectiva que ajuste y revise las políticas del cannabis. Estamos convencidos de que cualquier cambio legislativo debe partir de un análisis en profundidad de la realidad actual en torno al cannabis, un debate que  debe contar con todos los actores implicados. Cualquier exclusión, creación de frentes, confrontación o de falsos discursos carentes de rigor son errores estratégicos que debemos prevenir y denunciar cuando se produzcan, como ha sido el caso de este congreso. El relato de gran parte de los ponentes que allí asistieron se basó en la construcción de un relato de posverdad quedando en evidencia la falta de rigor científico en el análisis de los objetivos de las políticas con el cannabis.

Por tanto, instamos a el PNSD a revisar su discurso y a tener mayor accesibilidad para poder reunirse con los portavoces de nuestra plataforma o con diversos actores que entendemos deben estar presentes en cualquier reformulación de las políticas del cannabis. Somos un actor clave de una regulación eficaz y demandamos nuestro espacio. La inclusión de la sociedad civil es ya una recomendación/reclamación que organismos como la UE, la ONU, y la propia Asamblea UNGASS ya han puesto en la mesa de debate y que países como Canadá (regulará el cannabis de forma federal e integral en 2018) ya han utilizado. Asimismo consideramos que nuestra presencia en este tipo de eventos es del todo útil para conocer cómo se elaboran las estrategias y políticas actuales de este gobierno para cuando se produzca el debate institucional estar presentes con el coherente discurso que nos ha acompañado siempre.

 

En Catoira a 25 de Noviembre de 2017

 

 

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COMPARECENCIA EN LAS CORTES DE ARAGÓN

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COMUNICADO DE REGULACIÓN RESPONSABLE

 En el día de hoy Regulación Responsable ha comparecido en las Cortes de Aragón a través de su Portavoz Bernardo Soriano y su delegado para Aragón Sergio González exponiendo el trabajo de la Plataforma a los Diputados Aragoneses.

Se ha hecho una presentación de Regulación Responsable, y un repaso de la estrategia para poner en marcha una Ponencia de Estudio sobre una regulación integral del cannabis en todo el Estado que se desarrolle en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para el Problema de las Drogas tras las presentaciones de las distintas PNL´s estatales impulsadas por Unidos Podemos, Ciudadanos y PSOE.

También se ha expuesto cómo desde los distintos Parlamentos Autonómicos se está apoyando este proceso a través de la presentación de distintas Iniciativas, Proposiciones no de Ley, Declaraciones Institucionales, y Pronunciamientos del Pleno que han sido registradas ya en trece de los diecisiete Parlamentos Autonómicos desde los distintos Grupos Parlamentarios para instar al Gobierno del Estado a aperturar esta Ponencia de Estudio.

Se va cerrando el círculo y cada vez existe más consciencia en la Clase Política de que un cambio en las políticas sobre el cannabis es necesario.

Necesitamos una #RegulacionYA una #Regulacion2017, no hay vuelta atrás, #EsperamosRespuesta

#CannabisconMixta

 

En Zaragoza a 12 de septiembre de 2017

Comisión de Coordinación de Regulación Responsable