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Marihuana, ser o no ser: la eterna búsqueda de la legalización Leer más: Marihuana, ser o no ser: la eterna búsqueda de la legalización.

No hay plantas de marihuana a la vista, pósteres de Bob Marley, ni estampados con la hoja de las siete puntas. La oficina es un espacio diáfano situado en el centro de Madrid, decorado con elegancia y donde tampoco abundan rastas ni coletas. Su batalla, la de la ‘regulación’ (ya no es ‘legalización’) del consumo de cannabis, está profesionalizándose y cambiando de rostro en todo el mundo. También en España empiezan a entran en juego abogados y lobistas que combinan el activismo con las ganas de participar en la construcción de una industria que, calculan, ya mueve actualmente unos 1.300 millones de euros en nuestro país.

Una de estas nuevas caras es la de Bernardo Soriano, miembro de Regulación Responsable (RR), abogado y asociado de S&F, un despacho que con el tiempo se ha ido especializando en problemas legales derivados del consumo de marihuana. “Se calcula que hay cuatro millones de usuarios en España, de todas las edades y perfiles sociales, de los cuales cientos de miles están asociados en clubes”, argumenta. “Queremos representar a todo tipo de personas, no solo a grupos con un perfil ideológico muy definido, como sucede con una parte del activismo tradicional”.

Se trata de trasladar la pelea a los despachos y de constituirse como un grupo de presión capaz de articular un discurso que no esté dirigido a sectores concretos ni percibidos como marginales, sino que logre epatar a la mayoría en una sociedad cada vez más desprejuiciada al respecto. En concreto, el trabajo consiste en llamar a muchas puertas y sentarse con políticos y funcionarios, así como en influir en el mensaje que se lanza desde instituciones sanitarias y medios de comunicación. En definitiva, en actuar como un ‘lobby’.

Ramón Morcillo, portavoz de RR, ha realizado durante varios años esta labor en Navarra, compaginándola con el liderazgo del Partido Cannábico. Entre sus logros se cuenta la legalización de los clubes sociales de consumo (tumbada por el Constitucional) y una reciente declaración institucional del Parlamento autonómico en la que se “insta a las Cortes españolas, al Gobierno del Estado y a la Administración de la Justicia a efectuar avances sólidos (…) que permitan progresar de un modo decidido, al igual que otros países lo están haciendo, por la senda de regular el consumo de cannabis”.

Morcillo, que hasta ahora se dedicaba a la causa en su tiempo libre, ha dado un paso adelante y empezará a trabajar como ‘lobista profesional’. Está buscando piso en Madrid porque su trabajo en los próximos meses estará en el Congreso de los Diputados, en los ministerios y las instituciones estatales. “Hay varias autonomías, como Navarra, Euskadi, Cataluña y Baleares, que ya están dando pasos, pero lo que nos ha quedado claro es que al final son pasos pequeños si no se producen cambios legislativos en Madrid, así que hemos decidido concentrar los esfuerzos”, dice.

Todos menos el PP

El movimiento cannábico espera con impaciencia la composición del nuevo Gobierno y se decantan por cualquier combinación que deje fuera al Partido Popular. “De todos los partidos, solo el PP tiene una política claramente contraria a nuestros objetivos. Izquierda Unida lleva nuestras propuestas en su programa. Podemos y Ciudadanos favorecen la regulación abiertamente, así como también los partidos nacionalistas. Y el PSOE no se manifiesta abiertamente en su programa porque teme el coste político, pero cuando se han producido votaciones en municipios o autonomías, siempre lo han apoyado”, concretan.

Como cualquier grupo de presión, su trabajo también pasa por trasladar argumentos a las instituciones sanitarias y las comisiones técnicas, tratando de encontrar aliados dentro. “En España hay tres instituciones fundamentales, muy influyentes. Dos son públicas (Plan Nacional contra las Drogas y la Agencia del Medicamento) y una es privada (la Fundación de Ayuda a la Drogadicción) aunque depende de ayudas y, por ejemplo, en el patronato está la Reina”.

En el plano sanitario, buscan nutrir la causa con argumentos respaldados por médicos, reguladores y científicos, dejando atrás las clásicas ‘magufadas‘ y con un discurso que defiende un consumo altamente regulado por la Administración y que dedique la mayor parte de los impuestos recaudados en informar sobre los riesgos.

«Colaboramos con investigadores y médicos de primer nivel y hemos creado el primer grupo de expertos de cannabis medicinal del país. Tratamos de evitar que la gente se automedique, que consuma sustancias adulteradas, con moho, y peligrosas», dice Carola Pérez, directora de la asociación Dos Emociones, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal y consumidora por motivos terapéuticos. «Tuve un accidente patinando con 12 años y a los 18 años me quitaron la coxis. En mi mejor momento sufro dolores de escala siete sobre 10. A veces pierdo el conocimiento del dolor. He probado todos los medicamentos posibles y en la marihuana he encontrado un clavo al que agarrarme. Es lo único que hace mi dolor tolerable».